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| Boletín N°. 3569 | Aprueba Comisión de Gobernación minuta que expide la Ley General en materia de Delitos Electorales |
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08-05-2014.-La Comisión de Gobernación aprobó con 21 votos a favor y uno en contra el dictamen de la minuta por el que se expide la Ley General en materia de Delitos Electorales que establecerá los tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Durante una reunión de trabajo, el presidente de la instancia legislativa, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), indicó que la minuta aprobada será turnada a la Mesa Directiva para que sea programada su discusión en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. El dictamen de la minuta impone de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. La pena prevista se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo a una precampaña o campaña electoral. Se establece prisión de dos a nueve años al precandidato, candidato, funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que aprovechen fondos, bienes o servicios en apoyo o perjuicio de otro contendiente. Destaca que a los servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta ley, además de la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se les impondrá de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo. Se impondrá de 100 hasta 500 días multa a los ministros de culto religioso que en el desarrollo de actos propios de su ministerio, o a quien en el ejercicio del culto religioso, presionen u orienten el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición. Sanciona con pena de prisión de seis meses a tres años y con 50 a 100 días de multa cuando a aquellas personas que sin calidad de funcionario público o de partido vote más de una vez en una misma elección o introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas. Además, a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio a favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho del voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político, o coalición. También impondrá de 50 a 200 días multa y prisión de dos a seis años a los funcionarios electorales que alteren los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales. Asimismo, a quien sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores. Además, a quien permita la emisión del voto a los ciudadanos que no cumplan con los requisitos de ley o divulguen noticias falsas sobre la jornada electoral y su resultado. Se impondrá de 100 a 200 días de multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al candidato que realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral; sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales. También, el dictamen establece que se impondrá de 200 a 400 días multa y prisión de dos a nueve años al servidor público que condicione la prestación de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas así como la emisión del sufragio a favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición. Si el condicionamiento del programa gubernamental se realiza utilizando programas de naturaleza social, esa pena se aumentará hasta un tercio. La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD) aseguró que la nueva ley sancionará conductas delictivas que dañen los procesos electorales como la acción de autoridades que induzcan el voto a partir del uso de programas gubernamentales o condicionamiento de la aplicación de los mismos. “Estamos aprobando nuevos delitos electorales que tienen que ver precisamente con la violencia del narcotráfico porque en varias entidades llegan armados y presionan para imponer gente mafiosa en muchos de los cargos de elección popular. Quien cause temor o miedo, perturbe el orden, intimide a los electores con armas o amenazas también tendrá cárcel y multa”, dijo. El legislador Abel Octavio Salgado Peña (PRI) indicó que la minuta establece instrumentos legales y jurídicos que darán certeza y transparencia al proceso electoral 2015. “Tendrá reglas claras donde los participantes y los ciudadanos tendrán certidumbre”. Salgado Peña señaló que el contenido del dictamen establece la distribución de competencias y la forma en que se debe coordinar la Federación con los estados y el Distrito Federal. Destacó que la minuta regula y tipifica los delitos en que se pueden incurrir relacionados a las aportaciones y participación de recursos privados dentro de los propios procesos electorales. El secretario de la instancia legislativa José Alfredo Botello Montes (PAN) se pronunció a favor de la minuta porque sancionará, mediante una averiguación previa por el Ministerio Público, a aquellos que quieran “trucar” las elecciones. “A aquellos que quisieran trucar las elecciones y la voluntad popular serán sancionados mediante una averiguación previa del Ministerio Público y en todo caso, de existir elementos suficientes, haga la consignación correspondiente ante los juzgados de carácter penal”, detalló. --ooOoo-- |
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