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| Boletín N°. 3613 | Desigual implantación de Alerta Amber en México provoca vulnerabilidad a la población infantil |
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18-05-2014 Diputados del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PT y Nueva Alianza impulsan expedir la Ley General que regula el Sistema de Alerta Amber, ya que al ser un programa operativo no reglamentado, dificulta la búsqueda y localización de los menores sustraídos o desaparecidos en los estados del país.
La propuesta, publicada en la Gaceta Parlamentaria, precisa que el desigual ritmo de la implantación de la Alerta Amber provoca descoordinación y mayor vulnerabilidad para la población infantil de algunas entidades.
Menciona que al ser un programa operativo no regulado, se corre el riesgo de que los estados tomen rumbos diferentes en cuanto a la definición de criterios o mecanismos de coordinación para la activación, actualización y desactivación de las alertas.
Además, al no estar obligados formalmente a llevarlo a cabo, los estados aún pendientes de formalizar o incluso de implantar el programa, pueden demorarse o eludir una acción que es de carácter urgente, subraya.
Por ello, plantea garantizar su instalación pronta y de manera homóloga en todas las entidades federativas, ya que si bien la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública regula la alerta de personas desaparecidas, resulta insuficiente para la localización de los menores.
Detalla que la Alerta Amber se activa mediante el número telefónico 01 800 00 854 00 o por un reporte de desaparición y es pública por 72 horas. Según la Procuraduría General de la República (PGR), en el periodo de mayo del 2012 al 31 de octubre de 2013, se activaron 161 alertas de niñas, niños y de adolescentes, de los que 91 fueron encontrados de inmediato.
Los diputados resaltan que esta iniciativa de Ley busca establecer los mecanismos para la búsqueda y pronta recuperación de menores de edad que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional.
Refieren que el robo, secuestro y sustracción ilegal de éstos se ha convertido en un grave problema que se incrementa día a día, pues no hay estadísticas oficiales del robo de infantes, ni existen las instancias necesarias para que los familiares de los menores que han sido robados denuncien y sean apoyados con agilidad para su localización.
Mencionan que las denuncias ante Ministerio Público de las personas desaparecidas o extraviadas generalmente se atienden transcurridas 48 horas, “tiempo suficiente para que niña, niño y adolescente, si fue robado, pueda ser llevado a cualquier lugar del país o del extranjero”.
La iniciativa plantea que para la activación de la Alerta Amber, el Ministerio Público sin más trámite recibirá la denuncia y de inmediato deberá iniciar las investigaciones ministeriales para la localización y resguardo de las y los pequeños.
La activación sería de manera inmediata, sin dilación alguna con previa evaluación de las circunstancias del caso que se trate. Además, los medios de comunicación, televisivos o radiofónicos, interrumpirían su programación para hacer saber a la opinión pública de los niños y los adolescentes que hayan sido secuestrados, sustraídos o desaparecidos.
Añade que para el funcionamiento de la Alerta Amber se contaría con una Base de Datos Nacional, consistente en el conjunto de información recopilada, organizada y estructurada sistemáticamente para su almacenamiento electrónico.
De igual modo, las instituciones involucradas utilizarían un Formato Único, constituido por un documento que deberá contener: fotografía del desaparecido, nombre, edad, sexo, media filiación, relación de pruebas de ácido desoxirribonucleico (ADN), huellas dactilares, señas particulares, padecimientos o discapacidades, vestimenta, lugar, personas y vehículos involucrados, la última vez que fue vista y demás información que se considere relevante.
La búsqueda, resalta, se realizaría sin anteponer prejuicios y valores personales, o cualquier otro acto de discriminación que pueda impedir u obstaculizar la búsqueda de la niña, niño o adolescente. Su activación, de manera pública, tendría una duración máxima de 72 horas.
Añade que la responsabilidad de solicitar la activación de la Alerta Amber recaería en la PGR a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, y cuando el caso lo amerite, se coordinará con los enlaces estatales.
Menciona que esta fiscalía especial sería la encargada de enviar las actualizaciones de cada uno de los casos a los enlaces involucrados de cada procuraduría en cada estado, el Distrito Federal o la fiscalía respectiva.
Subraya que de acuerdo con el avance de los casos, la Alerta Amber podría ser activada en otras entidades federativas y el Distrito Federal, o desactivada en cualquier momento. En caso de contar con información adicional importante que pueda guiar a la localización de la niña, niño o adolescente sustraído o desaparecido, se podría reactivar.
Los diputados que suscriben la iniciativa son: Manuel Añorve Baños, Marina Garay Cabada, María Angélica Magaña Zepeda, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco e Isela González Domínguez, del PRI.
Por el PAN, Carmen Lucia Pérez Camarena y Cinthya Noemí Valladares Couoh. Del PRD, Verónica Beatriz Juárez Piña, Miguel Agustín Alonso Raya, Julio César Moreno Rivera, Carlos Augusto Morales López y Crystal Tovar Aragón.
También, Gerardo Villanueva Albarrán (Movimiento Ciudadano), Alberto Anaya Gutiérrez (PT) y Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza).
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