• Debemos tener mecanismos para una rendición de cuentas de la actuación de las Fuerzas Armadas: Tapia Fonllem

05-11-2014.- Diputados del Grupo de Trabajo para Coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, se reunieron con Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien calificó este caso como paradigmático.

Al concluir la reunión y en entrevista, la coordinadora del grupo, diputada Margarita Elena Tapia Fonllem (PRD), explicó que este encuentro deriva del plan de trabajo que se generó para coadyuvar en la investigación y del compromiso con la oficina del Alto Comisionado de que habrá colaboración.

Indicó que coincidieron en calificar el caso Tlatlaya como paradigmático, el cual amerita toda la atención de la Cámara de Diputados, “para que además de evaluar, conocer, indagar y poder emitir en breve una opinión, podamos construir una agenda legislativa de aquellos aspectos que aún están pendientes para prevenir este tipo de sucesos”.

“Cualquier caso donde el Ejército ha tenido acciones que han significado violación de los derechos humanos de personas, debe preocuparnos. Este es el más reciente, el que ha dado lugar a la conformación de esta comisión, pero hay otros, lo cual nos obliga a pensar en que debemos tener mecanismos para una rendición de cuentas de parte de la actuación de las Fuerzas Armadas”, afirmó.

Se debe saber lo que están haciendo por vigilar o cuidar a nuestro país de los actos de delincuencia o del crimen organizado, pero al mismo tiempo que la sociedad y las instituciones del Estado puedan tener espacios de rendición de cuentas de cómo actúan y que prevengan la violación de los derechos humanos, expresó.

Tapia Fonllem mencionó que como parte de los trabajos de este grupo de investigación, se prevén reuniones con la Procuraduría General de la República y con un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En tanto, la diputada Loretta Ortíz Ahlf (PT) destacó que se prevé contactar a los familiares de las víctimas, con el propósito de coadyuvar en la indagación de los delitos cometidos en Tlatlaya; sin embargo, dijo que primero se quiso tener un encuentro con “quienes sí querían acercarse a nosotros como es el Alto Comisionado de Naciones Unidas, ante la negativa de las dependencias gubernamentales”.

Mencionó que lo más rescatable de esta reunión, es la conclusión de que se pudo prevenir ese lamentable suceso, de haberse tomado cartas en el asunto, porque existen informes de los relatores especiales de Naciones Unidas, de ejecuciones sumarias o arbitrarias, y también de relatores especiales de desapariciones forzadas a los que ha hecho caso omiso el Estado mexicano.

“Lo que aqueja a México, desgraciadamente, es una enorme corrupción, que deja en la impunidad a muchísimos de los que cometen delitos, porque están vinculados a equis intereses. Si realmente la justicia fuera ciega, tendríamos a estos criminales tras las rejas y no se hubiera cometido el delito que se consumó en Tlatlaya”, aseguró.

Ortíz Ahlf destacó que al calificar el caso como paradigmático, “nos obliga a nosotros a toda la sociedad, no sólo a la Cámara de Diputados, a la de Senadores, al Poder Judicial federal y al estatal, sino al mismo Presidente de la República, a poder tomar cartas en el asunto, y modificar el statu quo para no se vuelvan a cometer estos crímenes”.

En entrevista, Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó que el espacio para hablar de percepciones sobre el caso Tlatlaya se a cabo y “lo que nos toca ahora es abordar y actuar en el espacio de la implementación de las medidas correctivas de la sanción a los responsables, pero, sobre todo, de la corrección de los elementos, herramientas, detonantes que hacen que ocurran hechos como este”.

Calificó como paradigmático este caso, pues sintetiza y da la oportunidad de encontrar no sólo la línea roja en la cual el delito y los responsables puedan ser identificados, sino las fallas que probablemente varios institutos intervinientes han reflejado.

“Hablar de Tlatlaya es obviamente importante, pero sólo tiene sentido si lo hacemos en un contexto más amplio, en el que todos estemos comprometidos a hacer realidad la reforma constitucional de derechos humanos y producir las reformas institucionales en el seno de las propias corporaciones que todavía nos hacen falta”, afirmó.

Javier Hernández subrayó que no se ha hablado, ni siquiera en documentos de Naciones Unidas de eliminar el fuero militar, pero “hemos dicho siempre y de manera consistente que hay tareas y especializaciones propias y exclusivas de la prestación del servicio militar que, si no se cumplen en el mundo civil, no son un delito pero que deben ser corregidas en aras de mantener la disciplina y eficacia de las instituciones militares”.

Sostuvo que “el debate permanente está en saber ¿cuál es el alcance, la geometría, la dimensión del fuero? Nosotros creemos que las violaciones de derechos humanos no deben ser parte de ese alcance del fuero”.

A la reunión asistieron los diputados Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI) y Ernesto Núñez Aguilar (PVEM). También, Alan García Campos y María Luisa Bascur, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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