• Deudores son objeto de intimidación telefónica a cualquier hora del día y en la madrugada: Abreu Artiñano

09-11-2014 A fin de tipificar el delito de cobranza extrajudicial ilegal, equiparándolo al de amenazas, la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (PRI) propondrá una iniciativa para adicionar un artículo 282 Bis al Código Penal Federal.

Se pretende sancionar de uno a cuatro años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos, al que por medio de la violencia, el engaño, el hostigamiento, la intimidación o cualquier otro medio ilícito, requiera extrajudicialmente el pago de un crédito al deudor, al aval o a cualquier otra persona vinculada a la persona atrasada en sus pagos.

La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria, precisa que en caso de utilizar documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica aumentarán una mitad, y si incurre en usurpación de funciones o de profesión, se aplicarán las reglas del concurso de delitos.

Abreu Artiñano expresó que en la actualidad los ciudadanos en mora son objeto de presión e intimidación mediante llamados telefónicos a cualquier hora del día, por las noches e incluso en la madrugada, que hacen los operadores del cobro extrajudicial ilegal.

Indicó que estos medios de coacción causan en los deudores desequilibrios emocionales y daño a su dignidad personal. “Se trata de operadores contratados por despachos jurídicos, de contabilidad o de otra índole, incluso personas de instituciones bancarias, tiendas y, en general, de cualquier persona física, empresa o institución que otorga créditos, que dicen ser sus representantes”.

También, expuso, visitan personalmente a los cuentahabientes, por ejemplo, en sus domicilios y llegan a utilizar documentos con sellos falsos e incluso se ostentan como profesionistas o funcionarios públicos, lo cual causa mayor preocupación e intimidación a los deudores.

Rocío Abreu argumentó que el maltrato e insulto a los deudores por parte de los operadores de la cobranza extrajudicial ilegal se han vuelto tan cotidianos que incluso llegan a plantarse con pancartas frente a sus domicilios para desprestigiarlos, lo que constituye una afrenta y menoscabo de su dignidad humana.

“Poco les importa la existencia de procedimientos legítimos de cobranza. Nada les importa que los jueces y tribunales tengan la atribución de impartir justicia y, en su caso, condenar al pago de lo adeudado conforme a derecho. En suma, soslayan deliberadamente que su gestión de cobranza extrajudicial es ilegal y violatoria de las garantías y los derechos humanos tutelados por la ley fundamental”, afirmó.

Resaltó que de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y el Buró de Crédito, tan solo en lo referente a tarjetas de crédito, existen tres millones de personas en situación de mora.

La diputada del PRI expresó que es necesario poner fin y límites a los abusos de la cobranza extrajudicial ilegal, buscando privilegiar el equilibrio y la armonía social que la ley y la autoridad deben preservar.

“De ninguna manera se trata de aplaudir el incumplimiento a los compromisos económicos contraídos con los actores crediticios, sino que se respete el Estado de derecho, la legalidad, los derechos humanos y las garantías tuteladas por la Carta Magna”, añadió.

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