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| Boletín N°. 4628 | Erradicar impunidad, principal reto de México, señala grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU |
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13-11-2014.-
La Comisión Especial que da seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa se reunió con Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, quien demandó al Estado mexicano el paradero e identificación no solo de los 43 normalistas, sino de los miles de casos de desaparición que siguen abiertos.
El principal reto para México, dijo el funcionario de la ONU, es erradicar la impunidad. Refirió que “tanto la procuración como la administración de justicia carecen de capacidad y capacitación” para tratar fenómenos complejos, donde se entrecruzan el crimen organizado, la corrupción y el accionar de las fuerzas de seguridad.
“Es muy difícil lograr investigaciones eficientes sobre violaciones a los derechos humanos, incluida la desaparición forzada. No hay capacidad de análisis de inteligencia y todo esto demuestra que el Estado, o no tiene la voluntad, o si la tiene, carece de capacidad para investigar, juzgar, y sancionar los casos de desaparición forzada”.
Por tal motivo, exhortó al Congreso de la Unión y en particular a la Cámara de Diputados, a crear las leyes General de Desapariciones Forzadas y Sobre el Uso Legítimo de la Fuerza, diseñar un Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y elaborar una Base Nacional de Datos Genéticos e impulsar un Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Por su parte, el presidente de la Comisión Especial, diputado Guillermo Anaya Llamas (PAN), señaló que antes de que concluya la presente legislatura se podrían aprobar dichas legislaciones de las que, incluso, “ya hay iniciativas”.
Asimismo, informó que se hizo un extrañamiento a la Comisión de Presupuesto para respetar los recursos a la Unidad de Investigación Especializada de Personas Desaparecidas de la PGR, a la cual, en el proyecto del PEF 2015 le redujeron 14 millones de pesos, en comparación con los 60 millones aprobados para 2014. “Esa disminución hace insuficiente dar cabida a las tareas de localización de las miles de personas desaparecidas en México”, concluyó.
A su vez, la diputada Ruth Zavaleta (PVEM), defendió al Estado mexicano, el cual, dijo, ha actuado correctamente en torno a las investigaciones del caso de los normalistas desaparecidos.
Indicó que México ha sido reconocido a nivel internacional por los cambios constitucionales en materia de derechos humanos y en este sentido, rechazó que en el caso de Iguala no hay razón para determinar que fueron desapariciones forzadas.
“Tenemos que diferenciar los casos de desapariciones forzadas de los años 60 y 70, los cuales eran motivados por asuntos políticos y de represión gubernamental, en tanto que las desapariciones actuales se dan a partir de la lucha contra el narcotráfico y la violencia”, subrayó.
Negó que el Estado mexicano no tenga voluntad política o capacidad para investigar los casos de desaparición forzada. Esta misma Cámara, dijo, ha reformado varias legislaciones en la materia y en Guerrero, agregó, se fue deteriorando el Estado de derecho por la confluencia del crimen organizado.
Lizbeth Rosas Montero (PRD) afirmó que la participación de los organismos internacionales es fundamental para que el gobierno mexicano llegue a la verdad de los hechos ocurridos en Iguala.
Reconoció que no existe una coordinación entre los tres niveles de gobierno, lo que origina versiones distintas y en tal sentido, “nadie asume la responsabilidad. Ha sido un patear esa responsabilidad entre los gobiernos municipal, estatal y federal”.
Añadió que las recomendaciones de la ONU sobre desapariciones forzadas abre los ojos a los mexicanos sobre la situación en la que están los derechos humanos, en los que prevalece una violación constante y su respeto es una gran deuda histórica.
Señaló que uno de los principales problemas es la improvisación y falta de perfiles profesionales en los titulares encargados de la procuración de justicia y de la seguridad en México.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) celebró que sean los organismos internacionales de derechos humanos los que pongan “los puntos sobre las íes” en el tema de las desapariciones forzadas, sobre todo, “cuando en México existe una crisis humanitaria”.
Dijo que a partir de la guerra contra el narcotráfico que el Gobierno federal emprendió en 2006, se han producido al menos 100 mil víctimas relacionadas, de las cuales y según cifras conservadoras, son 22 mil los desaparecidos, lo que habla de “una violación sistemática de los derechos humanos en México”.
Mencionó que como el caso de Iguala, han ocurrido otros similares o más graves. Comentó que en días pasados solicitó al procurador general de la República que atraiga las investigaciones de los casos de Allende y Piedras Negras, en el estado de Coahuila, donde se especula hubo al menos 400 desapariciones forzadas y de lo que nada se ha dicho.
Señaló que en otros casos de desaparición forzada, ocurridos en años anteriores, permanecen sin aclararse debido a la impunidad crónica que prevalece en el país.
Sonia Rincón Chanona (NA) preguntó de qué manera ayuda el grupo de trabajo de la ONU a la localización de los 43 normalistas y si coincide con la versión de la PGR de que la mayoría de este grupo de jóvenes fueron calcinados, o bien, que se deben agotar otros recursos de búsqueda que el Ministerio Público Federal no ha contemplado.
Ariel Dulitzky respondió que el grupo de trabajo solo interviene a petición de los familiares de las víctimas y en este caso, solo se recibió una comunicación general sobre la situación del caso, “pero no se ha pedido su intervención directa”.
Agregó que por ello solo se ha pedido información al gobierno mexicano. “Tampoco podemos asumir la investigación porque eso corresponde a la PGR”. Dijo coincidir que hasta en tanto no se determine fehacientemente la identidad de los desaparecidos, las investigaciones no se pueden dar por terminadas.
El funcionario de la ONU indicó que la comunidad internacional le ha dado un valor especial a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. Lo que ocurrió, dijo, es un fenómeno de extrema gravedad. No obstante, agregó, por ser un caso único, ofrece una oportunidad histórica para la adopción de políticas públicas y para que el gobierno federal asuma con entera responsabilidad la dimensión del fenómeno de la desaparición forzada.
Indicó que hace tres años, el grupo de trabajo emitió 33 recomendaciones al Gobierno mexicano en torno al problema de la desaparición forzada; sin embargo, y lamentablemente, hoy se ratifica que las conclusiones de nuestro informe siguen vigentes y la gran mayoría de las recomendaciones están sin cumplirse.
“No puedo decir si el cumplimiento de estas recomendaciones que formulamos hace tres años hubiesen prevenido los hechos de Iguala, pero estoy absolutamente convencido de que la implementación de éstas hubiesen permitido estar mejor preparados para responder a un incidente como el que nos ocupa”, comentó.
Agregó que de haberse implementado la recomendación principal que era romper el patrón crónico de impunidad, en materia de desapariciones forzadas, hubiera prevenido la tragedia.
Esta Cámara de Diputados y este gobierno, abundó, tienen la oportunidad histórica de llenar los vacíos legales. “Estas políticas deben estar basadas en cuatro ejes principales: la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de la no repetición de hechos lamentables”.
Mencionó que no es casualidad que los hechos que hoy nos convocan hayan ocurrido en el estado de Guerrero, donde fue el epicentro de la guerra sucia, y sigue siendo un foco preocupante por el deterioro del estado de derecho. “Guerrero para nosotros, sintetiza, y es el hilo conductor que une las desapariciones de la guerra sucia con las desapariciones actuales y las falencias del Estado mexicano”.
Pidió reconocer el problema de la desaparición forzada para desarrollar medidas efectivas para su erradicación y generar los mecanismos para conocer cuántas personas desaparecieron, cuándo, cómo, por qué y en qué circunstancias. “No es posible que en México se sepa más la cantidad de petróleo que exporta, que el número o cantidad de personas que han desaparecido forzadamente”.
Afirmó que las desapariciones del pasado siguen siendo una asignatura pendiente. “Lo que observamos es que las víctimas no confían en el sistema de justicia. Hay un alto grado de desconfianza en la procuración y administración de justicia, en los ministerios públicos, en las policías, en las fuerzas armadas y la impunidad es un patrón crónico en todos los casos”.
“Abrir las fosas de las víctimas de la guerra sucia es cerrar las heridas, abrir las fosas comunes de los desaparecidos de hoy, es cerrar las heridas. Todos los casos de las desapariciones forzadas que están en las bases de datos serán heridas en la sociedad mexicana, las cuales permanecerán abiertas por décadas hasta que se sepa la verdad”, concluyó.
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