• Magistrado Hallivis Pelayo dicta conferencia magistral sobre la metodología a aplicar

14-11-2014.- Los jueces mexicanos requieren una metodología que les permita interpretar los tratados en materia de derechos humanos, de manera que no sean organismos internacionales los que resuelvan estos casos, afirmó el magistrado Manuel Hallivis Pelayo.

El presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, participó en el ciclo de Conferencias sobre el nuevo sistema de justicia basado en la presunción de inocencia y el pleno respeto de los derechos humanos, organizado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP).

Al presentar su Conferencia Magistral “Metodología para Realizar el Control Difuso de la Convencionalidad”, resaltó la conveniencia de que sean los jueces nacionales, desde la primera instancia, quienes realicen el control constitucional y convencional en materia de derechos humanos.

“Si no, de todas maneras se va a terminar realizando a través de un órgano internacional, y qué mejor que seamos nosotros desde el principio quienes evitemos llegar a eso”, comentó.

Planteó que no se debe esperar a que “nos enmienden la plana, mejor vamos a resolver bien desde la primera instancia, a través una metodología sencilla y adecuada”.

Señaló que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está preparado para ejercer el “control difuso”, pues desde 1995 aplica tratados internacionales y de comercio, y ha logrado una metodología emitida en jurisprudencia para interpretar tratados internacionales tributarios.

Explicó que el “control difuso” de la constitucionalidad se refiere a que cualquier juez, de cualquier nivel, puede aplicar o interpretar directamente la Constitución y los tratados internacionales, y señaló que para avanzar en ello, es necesario iniciar un diálogo jurisprudencial para que, a través de la resolución de cada caso, se mejore la metodología y con ello se apliquen mejor los tratados internacionales.

Eso, dijo, permitirá contar con una forma muy efectiva en materia de protección de derechos humanos.

Refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en una resolución en 2010, que se debe realizar un “control difuso” de la constitucionalidad y la convencionalidad, y encomendó a los jueces del Estado mexicano, en el marco de las competencias de cada quien, la resolución de asuntos de constitucionalidad y de aplicación de tratados internacionales en materia de derechos humanos.

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