09-10-2014 La Comisión de Desarrollo Social aprobó, por unanimidad, un dictamen para que el indicador de “Grado de accesibilidad a carretera pavimentada” no se siga utilizando para la identificación y medición de la pobreza en el país, pues ese factor no cumple con la expectativa de medir la miseria individual.

Con la derogación de la fracción IX del artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, se busca que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social deje de usar el indicador de “Grado de accesibilidad a carretera pavimentada”, para la identificación y medición de la pobreza.

El dictamen argumenta que el indicador que se deroga no permite definir si una persona está en pobreza o no, debido a que el grado de accesibilidad a una carretera pavimentada no es en sí una necesidad o carencia sino, en todo caso, una variable que puede definir el acceso a mercados en economías donde éstos se encuentran aislados geográficamente.

Menciona que el indicador tampoco permite estimar el número de personas en condición de pobreza o el grado de severidad de este flagelo. “Estimar el número de personas en pobreza y la severidad de ésta es posible, por ejemplo, con la medición del ingreso de las personas”, abunda.

Además, precisa, el indicador impide generar estadísticas sobre pobreza, toda vez que resultaría ineficiente para los objetivos de dicha medición. Agrega que la reforma es conveniente porque puede excluir de la identificación y medición de la pobreza a aquellas personas que vivan cerca de una carretera pavimentada.

“El acceso a caminos (pavimentados o no), es un indicador que aporta información a nivel comunidad y no a nivel individual, como se requiere para medir e identificar la pobreza. El dictamen garantiza un desempeño adecuado en este proceso de medición”, afirma.

Al respecto, el presidente de la Comisión y proponente de la reforma, diputado José Alejandro Montano Guzmán (PRI), precisó que a causa de este índice de medición, muchos municipios no habían recibido recursos de programas específicos. “Con este cambio habrá más inversión en temas directos”.

Consideró que de esta forma se lograrán mejores inversiones, no sólo en casas con piso firme, sino en techos de mejor calidad y en la búsqueda de que las comunidades cuenten con drenaje. “En muchas ocasiones echan las aguas sucias a la orilla de la calle”.

Subrayó que es obligación del Estado brindar los servicios de calle, banqueta, pavimento, drenaje, mejoría en calidad de vida, vivienda, luz y agua.

Por su parte, la diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (PAN) declaró que a causa de ese considerando de medición de marginación “había comunidades a las que no entraban los programas sociales porque no podían ser considerados de alta marginación”.

“La accesibilidad carretera y de caminos no siempre dará mejores ingresos a los ciudadanos”, expresó.

Por otra parte, planteó invitar a los funcionarios encargados de la Cruzada Nacional contra el Hambre para que presenten los datos necesarios con base en los cuales la comisión emita una opinión sobre la necesidad de recursos para mejorar la aplicación del programa, que entregarán a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En su turno, el diputado Mario Alberto Dávila Delgado (PAN) pidió dejar abierta la sesión para comenzar a trabajar en el proyecto de presupuesto que cubra las necesidades y requerimientos del sector.

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