14-10-2014.- La Comisión de Desarrollo Social aprobó por unanimidad el dictamen por el que se expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social para garantizar plena autonomía al ente evaluador.

La iniciativa establece que el Coneval es un órgano autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonios propios y tendrá por objeto la medición de la pobreza y la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como emitir recomendaciones en términos de ley.

Los diputados de la instancia legislativa coincidieron en que es necesaria la separación del Coneval del sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para que la valoración que realice de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social sea más objetiva e imparcial, y las recomendaciones que emita tengan mayor fuerza para su cumplimiento.

En reunión de trabajo, los legisladores consideraron que el reto de los sistemas de evaluación es lograr que los diagnósticos realizados por los evaluadores funcionen como una herramienta para identificar áreas de oportunidad y encauzarla en medidas de ajuste y corrección de las políticas, y no como una manera de reprobar a funcionarios públicos o programas de gobierno por su mal desempeño.

El proyecto pone énfasis en la parte fundamental del proceso de evaluación, es decir, dar seguimiento, atender y corregir los puntos débiles de las políticas y con ello mejorar la calidad de los bienes y servicios que ofrece el Estado.

Presentaron tres iniciativas al respecto, las bancadas del PRI, PAN y PRD, por lo que los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social acordaron elaborar un dictamen único que dote al Estado de un sistema armonizado que compare y evalúe la efectividad de la política de desarrollo social, sus estrategias, programas y acciones.

El Coneval emitirá los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza considerando la información que genere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), independientemente de cualquier otra información que estime conveniente.

Establecerá criterios y lineamientos para las metodologías de la revisión de la política de desarrollo social, así como de las estrategias, programas y acciones de desarrollo social.

Además, evaluará periódicamente el cumplimiento del objetivo social de programas, acciones y estrategias de la política de desarrollo social de los tres órdenes de gobierno y emitirá, en su caso, las recomendaciones que estime pertinentes.

También, emitirá los criterios para la elaboración, por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, y revisión de los indicadores que se establezcan para reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, metas y acciones de la política de desarrollo social, en congruencia con la normatividad aplicable.

El documento indica que el Consejo Nacional se integrará por un presidente y seis consejeros, además de un Consejo General, el Comité Técnico, las unidades administrativas que establezcan su estatuto y la contraloría interna. Asimismo, señala que el Consejo contará con los recursos financieros que le asigne la Cámara de Diputados, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

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