22-10-2014.- Al inaugurar el foro “Experiencias municipales con las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal”, organizado por la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Damián Zepeda Vidales (PAN), apuntó que el grave problema del país es la falta de planeación, proceso que se complica más en los ayuntamientos por el relevo trianual que propicia “el cambio de rumbo”.

Advirtió que si no se tiene una buena planeación, el esquema presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados tiene vicios de origen, porque muchas de las obras que se etiquetan con recursos parten de ideas y de conceptos, mas no de proyectos ejecutivos terminados.

“Eso es lo que debemos mejorar para que verdaderamente lo que se apruebe en el Presupuesto sean las prioridades reales de los ayuntamientos”, aseveró ante las organizaciones municipalistas que presentaron sus propuestas para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

Sugirió “una planeación estratégica en los municipios” y la calificó como indispensable para consolidar su desarrollo. Propuso “tener muy claro cuál es el rumbo y dónde se quiere llegar para que exista un hilo conductor que lleve a las administraciones municipales a atender las necesidades de los ciudadanos y con esto llegar a un mejor esquema de presupuesto”.

En tanto, el diputado José Arturo Salinas Garza (PAN), presidente de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, afirmó que el gran reto de la reforma de la Ley de Coordinación Fiscal fue cambiar el paradigma de que “aquellos alcaldes que fueran eficientes y sacaran a los ciudadanos de la pobreza y marginación, es decir, que hicieran bien las cosas, tuvieran una mejora de recursos y no un perjuicio como sucedía”.

Se requirió actualizar ese marco jurídico, debido a que mil 200 municipios perdieron más de 5 mil millones de pesos, porque la fórmula para acceder a los recursos los perjudicó, pese a trabajar intensamente por mejorar las condiciones de pobreza de sus comunidades. “Llevaban un castigo por hacer bien las cosas y se reflejaba en la pérdida de recursos”, explicó.

Por ello, la intención de este foro, ante el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, es conocer lo que ha pasado con estas reformas. “Queremos que los alcaldes y organizaciones municipalistas retroalimenten con los resultados de la reforma para emitir formalmente una opinión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, respecto al paquete de presupuestal.

Resaltó la importancia del intercambio para mejorar y seguir trabajando por los municipios del país, para conocer “sí están funcionando o no; los gobiernos federal y estatales están cumpliendo con las fechas, porque en la ley se establecieron fechas para calendarizar los recursos y se entregaran a tiempo, porque era una demanda generalizada”, dijo.

No podían planear, ya que no tenían certeza de cuándo iban a llegar los recursos federales, “difícilmente podrían organizar sus finanzas públicas, y eso repercutía en perjuicio de los ciudadanos”, comentó.

Al participar, Marcela Andrade Martínez, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), refirió la visión municipal de la reforma hacendaria aprobada el año pasado, en particular las modificaciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

Su modernización, dijo, alienta mejorar la recaudación de los ayuntamientos, armonizar los criterios, vincular convenios cabildos y los estados, regularizar adeudos, premiar la reducción de la pobreza, entre otros objetivos. Los retos son adecuar la legislación local para dar en garantía un recurso y formalizar convenios entre la Federación, estados y municipios, para ordenar las acciones.

Señaló que a partir del 2015, los ayuntamientos retendrán y entregarán el Impuesto sobre la Renta, después lo recobrarán; refirió el fondo minero, con lo que los municipios podrán captar el 50 por ciento de lo recaudado como retribución a la explotación de sus recursos.

Entre las reformas legislativas pendientes, mencionó la de Responsabilidad Hacendaria o disciplina financiera y la contable a nivel estatal y municipal, a fin de garantizar que los presupuestos se utilicen eficientemente. “Es una tarea relevante que impactará a entidades y municipios que ayudará a generar transparencia en el destino de los recursos”.

Por su parte, Renán Barrera Concha, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), propuso ampliar a 30 por ciento el Fondo General de Participación para estados y municipios, con un aumento de un punto porcentual cada año hasta completar el monto.

Destacó la necesidad de crear en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, un ramo específico para atender temas sociales y productivos que no estén fondeados directamente.

Diseñar una estrategia que impida el endeudamiento desordenado de municipios; reducir la dependencia con los estados, y fortalecer los vínculos con la Federación, entre otras propuestas.

En su momento, Leticia Quezada Conteras, presidenta de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), sostuvo que “el municipio y las delegaciones son el último eslabón de la discriminación presupuestal, porque son los menos beneficiados en la distribución de recursos”.

Apuntó que ante la inseguridad y la presencia del narcotráfico en los ayuntamientos, presididos por cualquier partido, el reto es atender las prioridades municipales en el Presupuesto de Egresos 2015, ya que es donde viven todas las familias mexicanas. Cuestionó la reducción del Fondo de Pavimentación, ya que es lo que más solicitan los ciudadanos y es un condicionante para mejorar la calidad de vida.

Aseguró que a la fecha un importante monto de recursos “están atorados” en las arcas hacendarias de los estados y no se han entregado a los ayuntamientos, por lo que se pronunció por “quitar candados que impiden el ejercicio oportuno de los fondos”.

Señaló la necesidad de que se obligue a los Congresos locales a armonizar sus legislaciones con el marco de la Ley de Coordinación Fiscal aprobada en 2013, con el propósito de que las modificaciones se plasmen en el ámbito local.

Se sumó a la propuesta de aumentar a 30 por ciento la participación federal a estados y municipios; así como a mejorar la recaudación, diseñar un mecanismo de financiamiento que evite el endeudamiento y gastar con transparencia y eficiencia.

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