• Sólo 10 por ciento de 300 mil niños jornaleros mexicanos va a la escuela

22-10-2014.- El Pleno camaral aprobó reformas al artículo 8 de la Ley de Migración, para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) diseñe, implemente y ejecute un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de jornaleros agrícolas migrantes.

Con la unanimidad de 366 votos, avaló garantizar el acceso a la educación de los hijos de jornaleros agrícolas migrantes, ya que muchos de ellos suspenden sus estudios debido a complicaciones administrativas para cambiar de lugar de residencia.

El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, detalla que de acuerdo con la SEP, menos de 10 por ciento de los cerca de 300 mil niños jornaleros va a la escuela, por lo que la inasistencia escolar está directamente relacionada con el inicio de sus actividades laborales, constituyendo el grupo más alto de rezago en diversos ámbitos.

Menciona que el alto grado de vulnerabilidad de los niños y niñas en situación migratoria irregular y jornaleros hace que estos se encuentren más expuestos a ser explotados laboralmente en el país y, por ende, privados de derechos básicos.

Resalta que alrededor de 42 por ciento de los menores que desarrollan estas actividades padece algún grado de desnutrición. Las ganancias obtenidas del trabajo de los niños y niñas se convierten en una de las principales fuentes de ingreso; de ahí que el trabajo infantil constituye simultáneamente una causa y una consecuencia de la violación de los derechos económicos, sociales y culturales.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, diputada Amalia Dolores García Medina (PRD), expresó que la reforma tiene su fundamento en la Constitución y en el derecho de los ciudadanos a recibir educación y la obligación del Estado mexicano a impartirla.

Recordó que México ha suscrito diversas convenciones e instrumentos internacionales, para garantizar educación a todas y todos los niños, haciendo énfasis en los hijos e hijas de los jornaleros agrícolas.

En el país, continuó, el fenómeno de la migración es muy complejo, diverso, pues no solamente hay migrantes fuera del territorio o que llegan de otros países, sino es un hecho que hay una migración interna muy intensa, pues las cifras señalan que hay oficialmente 2.5 millones de jornaleros agrícolas.

“Sabemos que los jornaleros agrícolas se mueven en el país con su familia, van junto con los hijos y las hijas. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar educación y los mexicanos y mexicanas el derecho a que se les imparta”, afirmó García Medina.

En los posicionamientos, el diputado Javier Filiberto Guevara González (PRI) consideró que debido a la posición geográfica del país, anualmente se integra, de manera indocumentada, un promedio de 140 mil extranjeros, principalmente procedentes de Centroamérica. Los migrantes, sostuvo, tienen derecho a recibir educación por el simple hecho de encontrarse o permanecer en el territorio nacional.

Añadió que en 44.8 por ciento de familias jornaleras, en las que se presenta un trabajo infantil, se trata de niñas y niños indígenas que, aparte de enfrentar retos y adaptación a costumbres distintas, deben afrontar barreras para acceder a los centros de enseñanza.

El diputado Roberto López Rosado (PRD) indicó que de acuerdo con la Encuesta Nacional a Jornaleros Migrantes, el 49.6 por ciento de la población migrante tiene su lugar de origen en municipios de alta y muy alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, San Luis, Hidalgo, Chihuahua y Durango.

Puntualizó que es urgente que la SEP brinde al menos un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de migrantes jornaleros agrícolas, ya que en la ruta del Pacífico los estados de Oaxaca y Guerrero son las principales zonas de expulsión, en tanto que aquellos que fungen como receptores son los estados del noroeste y algunos del occidente, como Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Jalisco y Nayarit.

A su vez, la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca (PVEM) manifestó que en México aproximadamente tres millones de niños, niñas y adolescentes de cinco a 17 años realizan alguna actividad económica, de los cuales un 29.5 por ciento trabaja en el sector agropecuario, porcentaje que incluye a los miembros de jornaleros agrícolas.

Sostuvo que no sólo es pertinente, sino urgente, legislar para perfeccionar el marco jurídico, estableciendo en la ley que la SEP diseñe, implemente y ejecute un modelo integral de inclusión educativa para los hijos e hijas de jornaleros agrícolas migrantes. “No podemos mantenernos al margen de esta problemática, pues el futuro de una nueva generación se torna incierta”.

De Movimiento Ciudadano, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal destacó que de acuerdo con el Programa de Educación Primaria para Niños y Niñas Migrantes de la SEP, el 50 por ciento de estos menores se encuentra en primero o segundo grado de primaria y dentro de este grupo se registra el mayor rezago educativo de nuestro país.

Lamentó que esta situación se convierta en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, “ya que al no tener acceso a la educación los menores no podrán lograr calidad de vida y seguirán buscando un nivel precario, porque no tendrán más expectativas”.

La diputada Loretta Ortíz Ahlf (PT) expresó que la reforma busca ajustarse a los instrumentos internacionales que ha celebrado México y a la Constitución, en específico al artículo 1 que contempla el derecho a la educación de toda persona, de todo niño o niña que se encuentre en territorio nacional, hijos de jornaleros agrícolas migrantes, documentados o indocumentados.

“Coincidimos con el dictamen, porque reconocemos la problemática de las familias de migrantes en territorio nacional, quienes tienen que trasladarse de una zona geográfica a otra, dependiendo del tipo de siembra o cosecha que se da en los ciclos agrícolas, en donde los menores de edad, dada la movilidad de las familias, no pueden completar sus años escolares”, añadió.

Por Nueva Alianza, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez relató que, cada año, aproximadamente 300 mil niñas y niños abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a otras entidades del país en busca de trabajo y mejores ingresos. Aseguró que un 44 por ciento de los hogares de jornaleros agrícolas cuenta con al menos un niño o una niña trabajadora, lo que representa el 41 por ciento del ingreso familiar.

Sostuvo que es primordial garantizar el acceso a la educación de las y los hijos de jornaleros agrícolas migrantes, ya que muchos de ellos, si es que asisten a la escuela, suspenden sus estudios debido a las complicaciones que significa cambiar constantemente su lugar de residencia, lo que ahonda sin duda el rezago educativo en el país.

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