• Se impulsará este proyecto de decreto para que en este periodo ordinario de sesiones se apruebe: Salgado Peña

• Reformas permitirán mayor grado de certidumbre en la sociedad y en las instituciones públicas: Ximena Puente

08-04-2015 Para revitalizar el vínculo entre autoridad y ciudadanía; propiciar una cultura de verdadera rendición de cuentas, que prevenga la impunidad y que todo acto ilícito se sancione, los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) se pronunciaron a favor de aprobar en sus términos la Minuta que expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Durante la reunión con la Comisión de Gobernación, presidida por el diputado Abel Octavio Salgado Peña (PRI), los comisionados reiteraron que en la actualidad el grado de confianza en términos generales entre autoridad y ciudadanía, por desgracia, se ha desgastado.

Señalaron que la Minuta de la Ley General de Transparencia contiene todos los elementos para poder revitalizar ese vínculo entre autoridad y ciudadanía; por ello, afirmaron que “todos los integrantes del IFAI coincidimos que no hay ningún elemento regresivo en este dictamen que está a punto de discutirse”.

La comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Ximena Puente de la Mora, sostuvo que el proyecto no sólo propicia el cumplimiento de la transparencia y acceso a la información, sino además una cultura de verdadera rendición de cuentas, que prevenga la impunidad y que todo actuar ilícito sea sancionable.

Destacó que este documento es trascendente para la vida democrática del país, pues la sociedad la reclama y México la necesita, además de que es acorde con el espíritu de la reforma al artículo sexto de la Constitución, aprobada en febrero de 2014.

El presidente del órgano legislativo, Abel Octavio Salgado Peña (PRI) afirmó que la transparencia es una exigencia ciudadana que crece exponencialmente, por lo que se deben agotar exhaustivamente todos los recursos para satisfacerla a corto plazo.

“La rendición de cuentas y el combate a la corrupción son dos temas de mayor interés para los involucrados en la vida pública. En México se viven momentos donde temas de esta relevancia no pueden esperar más a ser aprobados, publicados, pero sobre todo aplicados”, enfatizó.

Estimó que el derecho a la información no sólo debe verse como una genuina aspiración de los mexicanos, sino como un pilar fundamental del Estado de Derecho; por ello, esta obligación debe ser conducta que las autoridades cumplan de manera proactiva en sus diferentes niveles y órdenes de gobierno.

Salgado Peña explicó que en la minuta enviada por el Senado de la República destaca la incorporación de las figuras de prueba de daño y de interés público para los casos en los que se pretenda reservar información.

Por otra parte, saludó que en el documento se proponga la negativa a invocar el derecho reservado cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad o cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción.

Esto, dijo, “constituye otro punto de gran avance” que de aprobarse junto a las otras disposiciones, tendrá impacto en partidos políticos, sindicatos e incluso en cualquier persona, física o moral que ejerza recursos públicos.

El presidente de la comisión de Gobernación, informó que dicha instancia legislativa convocará a inicios de la siguiente semana, a afecto de reanudar la sesión que se declaró en permanente, con el propósito de iniciar el análisis, discusión y en su momento aprobación de la minuta.

“Afirmamos nuestro compromiso de impulsar este proyecto de decreto para que en este mismo periodo ordinario de sesiones, con el trabajo intenso y abierto de la comisión, podamos concluir y dar un paso definitivo en la materia”, apuntó.

Ximena Puente de la Mora, comisionada presidente del IFAI, afirmó que de aprobarse traerá como consecuencia un mayor grado de certidumbre en la sociedad y en las instituciones públicas, al garantizar las condiciones necesarias para homologar acciones, principios y normas que regirán el derecho fundamental de acceso a la información en todo el país.

“Compartimos la responsabilidad en la creación de una Ley General de Transparencia como herramienta fundamental para responder a las inquietudes de la sociedad para contar con un gobierno abierto. Se debe tener un Estado más abierto, plural y democrático, así como contar con un marco normativo acorde a los retos de consolidación democrática”, añadió.

El proyecto, sostuvo, impulsa una transparencia proactiva, consigna diversas obligaciones para que toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los tres poderes, así como cualquier órgano autónomo hagan pública y pongan a disposición de la sociedad información relacionada con el ejercicio de sus funciones, y el uso de recursos públicos contenidos y actualizados constantemente.

Se incrementan las obligaciones, por ejemplo de 17 que señala la Ley Federal de Transparencia a cerca de 50, por lo que, la sociedad tendrá la información disponible en los portales de Internet sin necesidad de hacer solicitudes; toda autoridad estará constantemente sujeta al escrutinio público, generando con ella una población más informada, participativa y exigente en la rendición de cuentas.

De igual modo, dijo, la Ley General sienta las bases para la creación de un Sistema Nacional de Transparencia, que servirá para optimizar y garantizar los avances en esta materia, así como una plataforma nacional que constituirá el mecanismo para la difusión, capacitación y ejercicio de estos derechos en la sociedad en general.

La funcionaria relató que el documento impone la obligación a toda autoridad de que prevalezca el principio de máxima publicidad previsto en la Constitución, en los tratados internacionales, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las personas.

Reconoció que la minuta establece que ninguna otra ley puede contravenirla; contempla un sistema de imposición de sanciones y prevé esquemas para aplicar medidas de apremio a las autoridades que, renuentes al cumplimiento de sus obligaciones, no hagan pública la información.

“El objetivo es claro –subrayó- difundir, promover y proteger el derecho de acceso a la información y protección de los datos personales de todos los mexicanos”.

Durante la primera ronda, el diputado Adán David Ruíz Gutiérrez (PRI) cuestionó a los comisionados respecto a que si la minuta del proyecto de Ley General de Transparencia presentaba un tema regresivo.

En representación de Acción Nacional, la diputada Esther Quintana Salinas, pidió a los funcionarios que explicaran la transición del Instituto Federal de Acceso a la Información, al Instituto Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Por su parte, la diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD), indicó que fomentar la transparencia de las actividades estatales y la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión permite que las personas ejerzan el control democrático, por ello preguntó a los comisionados si la nueva Ley General de Transparencia debe establecer sanciones a los sujetos obligados que no cumplan con los mandatos.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) pidió a los comisionados que explicar cuánto tiempo llevará implementar los mecanismos para transparentar a los municipios, estados y a la federación y cuáles son candados de seguridad de los datos de la declaración patrimonial e información personal de los funcionarios.

El diputado Luis Antonio González Roldán (NA) solicitó saber si el artículo 115 de la Ley de Transparencia, salvaguardará la competencia del IFAI en torno a determinar la información relativa a violaciones graves a los derechos humanos o actos de corrupción en donde no podrá invocarse el carácter de información reservada.

En su turno, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (Morena), mencionó que en materia de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la ley no es precisa ni contundente y no indica si las autoridades podrán clasificar la información como reservada. “La ambigüedad de la norma permitirá que las autoridades sigan escamoteando la transparencia en esta materia”.

En materia de reserva, la comisionada presidenta del IFAI, Puente de la Mora, mencionó que en el decálogo que entregó este instituto al Senado de la República contiene la permanencia de la cláusula interpretativa en supuestos de violaciones graves a los derechos humanos o de lesa humanidad, es decir, que no se podrá invocar, en estos casos, salvedad a la reserva.

El comisionado Joel Salas Suárez, afirmó que esta legislatura tiene la oportunidad histórica de cerrar un ciclo virtuoso con la reforma al artículo 6 constitucional, pues contiene todos los elementos para revitalizar la relación entre autoridad y ciudadanía y dijo que “todos los comisionados coincidimos, en que no hay ningún punto regresivo en este dictamen que está a punto de discutirse”.

Agregó que la ley permite dos únicas causales de reserva, seguridad nacional y aquellos asuntos que son confidenciales por tratarse de datos personales, en término de derechos al honor. “El IFAI será la última instancia para interpretar si una reserva podrá o no, en un momento determinado, ser sujeto obligado”.

El comisionado Eugenio Monterrey Chepov, explicó que el IFAI ha realizado una redefinición de las estructuras internas y las responsabilidades de la división del trabajo. Para ello se han instalado comisiones como la de Vinculación con Estados y Municipios, con el objetivo de estandarizar el derecho de acceso a la información a lo largo y ancho del país, ya que la ley mandata instalar el sistema en 60 días.

Por su parte, la comisionada Areli Cano Guadiana afirmó que para los integrantes del IFAI el derecho de acceso a la información es un pilar fundamental del Estado democrático y para ello, dijo, es necesario diseñar marcos normativos jurídicos indispensables, que garanticen ese derecho.

En cuanto a las sanciones, reiteró que la ley general deja una autonomía legislativa, tanto a nivel federal como local, de todas las entidades federativas, es decir, permite establecer la mejor práctica del régimen sancionador de los servidores públicos, lo cual es un modelo óptimo.

Comentó que en materia de violaciones graves de derechos humanos, el IFAI ha ejercido su facultad de interpretación, al resolver casos fundamentales de trascendencia social, política y pública como los de Tlatlaya, San Fernando y Ayotzinapa donde, no obstante que la ley actual no es tan específica, “hemos tenido una interpretación garantista de apertura al ejercicio de estos derechos”, apuntó.

Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del IFAI, sostuvo que todos los políticos y funcionarios públicos electos mediante sufragio, deben facilitar el escrutinio sobre sus bienes, ya que esto fomentará la transparencia.

El comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que la ley establece un año para capacitación, difusión y actualización de los servidores públicos; por ello, continuó, se desarrolló una estrategia que permita cubrir de la mejor forma esta obligación.

Comentó que la ley tiene una causal de reserva sobre la información pueda poner en riesgo la vida o las funciones de un funcionario público; al respecto dada la prueba del daño, podrá ser reservada en los casos que así lo ameriten.

Añadió que las declaraciones patrimoniales quedaron como obligación de oficio, pero bajo la norma aplicable, es decir, dependerá de la voluntad del funcionario hacer pública su declaración para proteger su vida.

La comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos mencionó que, en materia de protección de los datos personales, se requiere buscar el equilibrio entre transparencia, acceso a la información, lo que se puede decir y todo aquello que se debe de reservar en un momento determinado, precisamente por seguridad.

En la segunda ronda, en materia de transparencia energética, Ladrón de Guevara dijo que la norma es retórica, pues no prevé el supuesto de conflicto normativo de las leyes secundarias en la materia, es decir, no queda claro, en caso de antinomia, si prevalecerá la ley general de transparencia o las leyes y reglamentos en materia de energía.

Por Nueva Alianza, el diputado Luis Antonio González Roldán consideró que los parámetros para establecer la información clasificada son equivocados, ya que se deja al arbitrio de los sujetos obligados la decisión de determinar ese carácter. Cuestionó si son suficientes las obligaciones del servidor público, para que la ciudadanía conozca a detalle la vida interna de los grupos parlamentarios en todos los Congresos de la nación.

La diputada del PVEM, Ruth Zavaleta Salgado, inquirió si a raíz de los recortes presupuestales de este año y del 2016, el IFAI está preparado y tiene recursos para iniciar inmediatamente la capacitación, difusión y extensión de la nueva ley, la cual es muy completa, paralela a lo que la democracia mexicana ha exigido y ha fortalecido como sistema.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) preguntó sobre los informes semestrales que deberán presentar los grupos parlamentarios de los Congresos locales y el federal, y si irán a fondo. Cuestionó también sobre “el borrón y cuenta nueva a partir de agosto”, que establece el Artículo Sexto Transitorio para que se pueda investigar lo que pasó antes de ese mes en el manejo de recursos de estas agrupaciones.

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN) resaltó la importancia de capacitar y dotar de recursos humanos y materiales a las Unidades de Transparencia, que deberán garantizar el acceso a la información. Preguntó sobre la plataforma nacional de transparencia, “que es muy compleja por todos los que participan en subir la información para garantizar el acceso a la información”.

El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones (PRI) planteó: cuál es la postura del IFAI en relación con la protección de los informantes, es decir, de los servidores públicos cuya información se les solicita y que resulta del interés de la sociedad.

Al responder, el comisionado Eugenio Monterrey Chepov indicó que ninguno de los supuestos de clasificación corren un riesgo absoluto, porque para invocarlos se debe hacer una prueba de daño específica.

Respecto a las obligaciones de transparencia del Poder Legislativo, aseguró que son suficientes. “Es la información pública de oficio, es el piso mínimo que debe tener a la vista del ciudadano, sin que medie solicitud alguna”. Cualquier información adicional deberá gestionarse, a través de las solicitudes de acceso a la información, precisó.

El comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford afirmó que “el IFAI está preparado con su plataforma, la cual tiene casi un avance del 50 por ciento y cuenta con el presupuesto suficiente para el 2015 y el próximo año, para implementar la Ley General de Transparencia”.

Reconoció que preocupa la disparidad de recursos existente en los estados, ya que muchos tienen un presupuesto de 3 pesos per cápita y otros 21. Propuso desarrollar un Fondo de Aportaciones para que la federación apoye a los órganos estatales en el cumplimiento de sus funciones de transparencia.

Sobre las Unidades de Transparencia, el comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford indicó que están en condiciones físicas, económicas y de recursos humanos para llevar este reto y que en un año se podrá dar a la sociedad esta plataforma, para “recuperar la confianza que se necesita en nuestras instituciones”. A su vez, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas dijo que el IFAI tiene potestad para emitir lineamientos que armonicen el cumplimiento de todos los sujetos obligados y tiene seis meses para elaborarlos.

La comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos señaló que la ley general permitirá un control de los grupos parlamentarios, ya que exige presentar informes y utilizar máxima publicidad. Añadió que la nueva ley estará por encima de las locales, las cuales tendrán que seguir ese marco normativo, del cual “no se podrán salir, ni contraponerse y esto nos puede dar la garantía de que los informes deberán ser cumplidos”. Respecto al cuestionamiento sobre el tiempo pendiente de dar informes, dijo que las leyes en México no tienen efecto retroactivo.

Por su parte, el comisionado Joel Salas Suárez explicó que México tiene suscritas tres convenciones anticorrupción, las cuales obligan al Estado a garantizar que informantes, es decir, gente que trabaja al interior de cualquiera de los tres poderes y que puede tener información sensible sobre posibles casos de corrupción, sea protegida por el Estado para que provea los datos que tenga.

Del Revolucionario Institucional, el diputado Víctor Hugo Velasco Orozco enfatizó que se tendrá una ley de avanzada en el sistema jurídico que transformará la realidad del país y dará garantías para empoderar a la ciudadanía. Por otra parte, “desterrará a la lacra de la corrupción para afianzar la honestidad, la responsabilidad y la eficacia en las instituciones”.

El diputado de Acción Nacional, Fernando Rodríguez Doval, subrayó que la Cámara de Diputados no ha renunciado a su facultad revisora ni a la posibilidad de hacer cambios a la minuta enviada por el Senado, y se pronunció por aprobarla antes de que concluya el periodo ordinario. Asimismo, instó a complementar el sistema de transparencia con el de anticorrupción, para disuadir estas conductas reproblables de la función pública.

En el mismo sentido, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD) comentó que su fracción parlamentaria está a favor de aprobar la minuta lo antes posible, para borrar la imagen negativa que anteriormente tuvo el IFAI. Saludó la precisión de obligaciones de transparencia en cada órgano de gobierno y sindicato, aunque indicó que la norma es perfectible y corresponderá a la próxima legislatura trabajar en ello.

En representación del Verde Ecologista, Ruth Zavaleta Salgado consideró necesario que las fracciones parlamentarias cierren filas para aprobar un sistema de transparencia y rendición de cuentas que complemente al de anticorrupción. Estos cambios, agregó, formará parte de las reformas estructurales aprobadas por el Congreso, por lo que instó a los diputados a integrarla en la agenda legislativa de la próxima semana.

De Nueva Alianza, Luis Antonio González Roldán se pronunció por aportar elementos para que la ciudadanía conozca sin dilaciones lo que hacen los poderes públicos. “La experiencia nos ha mostrado que no funcionan por sí mismas, pues interés ajenos suelen retardar sus efectos; se requiere el compromiso de todo quien detenta algún poder, y la participación decidida de la ciudadanía para demandar malas conductas”, añadió.

De la agrupación Morena, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara advirtió que aunque la iniciativa de ley tiene ventajas, son mínimas y sus propuestas muy débiles. Entre los “errores”, se encuentra el que los integrantes del sistema de transparencia se elegirán con base en “cuotas partidistas”, mientras que “poderes fácticos, como televisoras y trasnacionales, no se contemplan como objetos obligados”, opinó.

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