12-04-2015 La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (PAN) impulsa reformas para incrementar las sanciones a quien aumente injustificadamente los precios de bienes y servicios, debido al crecimiento desmedido en los costos de alimentos de la canasta básica.

Con su iniciativa de modificación a las leyes federales de Protección al Consumidor, de Competencia Económica, y sobre Metrología y Normalización, la legisladora busca proteger a los consumidores de abusos en los precios al “impedir su exageración y frenar la especulación”.

El documento plantea que en casos particularmente graves, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) podrá sancionar un negocio con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de 90 días y con una multa de hasta 3 millones 987 mil 919.91 pesos.

Cuando por un mismo hecho u omisión se cometan varias infracciones que la ley sancione, el total de las multas no deberá rebasar loa 12 millones 464 mil 720.04 pesos.

La diputada enfatizó que el alza de los precios se ha convertido en un tema de gran inquietud por el comportamiento de los mercados mundial y nacional, y ha causado grandes efectos en cada movimiento que, desafortunadamente, no han sido benéficos para la economía del país.

Señaló que debido a la alta demanda de algunos productos de la canasta básica, los incrementos en los productos básicos de consumo han provocado que el poder adquisitivo de las familias sea menor, por lo que cada vez las personas pueden comprar menos con el mismo dinero.

El salario mínimo, en los últimos 25 o 30 años, ha perdido más del 50 por ciento de su valor, y ha sido rebasado por las necesidades de la población al disminuírsele su capacidad de compra, agregó.

Dijo que no obstante la labor de la Profeco, continúan las denuncias por los efectos de las prácticas abusivas en el aumento injustificado de precios. Este desmedido incremento en los productos básicos de consumo ha desembocado en desequilibrios económicos, de tal magnitud, que han impactado negativamente el bienestar de los consumidores.

“Debemos reforzar la política de control de precios, evitar la especulación y proteger al consumidor de estas malas prácticas comerciales que surgen, y sancionar a los proveedores por establecer precios abusivos, todo ello dentro del marco jurídico mediante el cual la Profeco sanciona”, precisó.

Subrayó que las medidas para atender este problema deben considerar sanciones “más duras” para los proveedores y distribuidores que indiscriminadamente alteren los precios de los productos, pero sin que ello cause insostenibilidad financiera para los productores y comercializadores, que pueda propiciar desabasto o desencadenar carestía de productos.

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