14-04-2015.- La Cámara de Diputados remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público una iniciativa suscrita por legisladores de diversos grupos parlamentarios, la cual plantea crear la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y reformar las leyes para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como del Código Federal de Procedimientos Penales.

El documento refiere que el caso de Ficrea, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular en Liquidación, derivó de distintas irregularidades y serios problemas de cumplimiento normativo, aunado a la falta de transparencia e integridad de la información, así como a la falta de disposición de la Sociedad para atender de manera adecuada los requerimientos de información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

No obstante, a la luz de este caso, se hicieron evidentes algunas debilidades y oportunidades de mejora en el marco legal que aplica al sector y sus diferentes participantes, las cuales en la presente Iniciativa se atienden, con la finalidad de promover una operación más profesional y segura por parte de los intermediarios, a la vez que se brindan mayores facultades de actuación a las autoridades.

De esta forma, la iniciativa prevé 3 ejes fundamentales: contar con un sector popular eficiente y sólido; fortalecer los mecanismos de supervisión, atendiendo a las particularidades de las sociedades financieras populares y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como el fortalecimiento de las facultades de las autoridades, y mejorar la protección de los ahorradores.

En cuanto a las sanciones, se establece que se castigará con prisión de 2 a 10 años y multa de 5 mil a 50 mil días de salario, a los socios, consejeros, funcionarios, directores o gerentes generales y demás directivos o empleados o auditores externos de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo o quienes intervengan directamente en una operación en la que omitan registrar las operaciones efectuadas por la Sociedad de que se trate, o que alteren los registros contables o financieros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la composición de activos, pasivos, cuentas contingentes o resultados.

Se plantea prisión de 3 a 10 años y multa de 2 mil a 20 mil días de salario cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial no exceda del equivalente a 20 mil días de salario.

También, cuando el monto de la operación exceda de 20 mil y menor de 50 mil días de salario, con prisión de 2 a 12 años y multa de 10 mil a 100 mil días de salario, mientras que si el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial excede de 50 mil, se sancionará con prisión de 8 a 15 años y multa de 250 mil a 350 mil días de salario.

Se propone expedir una nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, para dotarla de mayor claridad y pulcritud. Las adecuaciones propuestas radican en eliminar las sociedades financieras comunitarias, así como la figura de Federaciones en su carácter de agrupaciones encargadas de la supervisión auxiliar de las sociedades financieras populares, con lo que se tendría una vigilancia más directa y efectiva por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Asimismo, reformar completamente el enfoque de capitalización de las sociedades financieras populares. De esta forma, se prevé un marco de capitalización basado en los riesgos en los que puede incurrir la sociedad en sus operaciones, lo que necesariamente se debe dar con independencia del intermediario financiero de que se trate, ya que en todos los casos existe la misma exposición al riesgo.

En cuanto a problemas financieros e intervención, se plantea un esquema de alertas según el capital con el que cuentan estas sociedades, lo que habrá de determinar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ordene acciones cuyo objeto sea conseguir la estabilidad y solvencia financiera de la entidad. En caso de que con las medidas ordenadas no se consigan la estabilidad y solvencia de la sociedad financiera popular, se propone que el Fondo de Ahorro Popular determine un mecanismo oportuno y adecuado para su salida.

Como una medida estricta, se conserva la facultad con la que cuenta la CNBV para decretar la intervención con carácter de gerencia y la designación del interventor-gerente, pero al tiempo se robustecieron las facultades de este último y se acompaña a su función la creación de un consejo consultivo que le coadyuve en la toma de decisiones.

Del mismo modo, se plantea transferir la responsabilidad de la administración del seguro de depósito del actual '"Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores" al denominado Fondo de Ahorro Popular, el cual será un fideicomiso público, constituido por el gobierno Federal en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, que actuará como institución fiduciaria.

Dicho fondo sería temporal, ya que transcurrido un plazo, la administración de los recursos sería transferido al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

También se crea un fondo en beneficio de los depositantes de Ficrea, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular en Liquidación, a efecto de que sus depositantes recuperen un importe adicional a las 25,000 Unidades de Inversión del seguro de depósito, de manera que mediante este fondo los depositantes puedan recuperar hasta un millón de pesos.

Para lo anterior, detalla, se propone que el gobierno federal, aprovechando la estructura del Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de, Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO), aporte a una subcuenta de este los recursos respectivos.

La iniciativa está suscrita por los diputados Fernando Charleston Hernández (PRI), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez y Humberto Alonso Morelli (PAN), Fernando Belaunzarán Méndez (PRD), David Pérez Tejada Padilla (PVEM), Adolfo Orive Bellinger (PT) y María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza).

Asimismo, por los senadores José Francisco Yunes Zorrilla y Blanca María Del Socorro Alcalá Ruiz, del PRI; Javier Lozano Alarcón (PAN), María de los Dolores Padierna Luna (PRD), Juan Gerardo Flores Ramírez (PVEM) y David Monreal Ávila (PT).

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el jueves 16 de abril, a las 11:00 horas.

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