15- 04- 2015.- La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó por unanimidad el dictamen que expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como reformas, adición y derogación de diversas disposiciones de tres ordenamientos, para proteger el ahorro popular y robustecer el sistema financiero nacional. No se reservó ningún artículo para discusión.

En reunión extraordinaria de la instancia legislativa, presidida por la diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (PAN), se discutió el dictamen construido por el grupo bicameral, conformado por diputados y senadores, cuyo objetivo es regular a los intermediarios financieros para que operen de manera profesional y segura, y otorgar más facultades a las autoridades.

Se modificaron diversos artículos de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Aguilar Rodríguez refirió tres ejes fundamentales del nuevo marco jurídico: uno, contar con un sector popular eficiente y sólido; dos, fortalecer los mecanismos de supervisión, atendiendo las particularidades de las sociedades financieras populares y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como las facultades de las autoridades y, tres, mejorar la protección de los ahorradores.

De esta forma, se atiende también la problemática de los ahorradores de la Sociedad Financiera Popular en Liquidación (Ficrea), que evidenció distintas irregularidades y serios problemas al no cumplir la regulación, faltó a la transparencia e integridad de la información y no atendió de manera adecuada los requerimientos de información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), afirmó.

Se crea un fondo que contará entre mil 500 y mil 700 millones de pesos de apoyo para complementar el seguro de depósito, mediante el cual los ahorradores que estén al corriente en sus obligaciones fiscales y cedan sus derechos de litigio y cobranza, puedan “recuperar hasta un millón de pesos a partir de mayo. Esto se atiende de inmediato con la aprobación del Pleno de la Cámara de Diputados”, destacó.

Aguilar Rodríguez aseguró que con esta medida se beneficiará a 5 mil 319 ahorradores defraudados hasta con el 100 por ciento de sus ahorros, personas físicas que recibirán la indemnización el próximo mes. De no haberlo hecho, precisó, sólo 2 mil 614 ahorradores hubieran sido atendidos.

Enfatizó que “no es un rescate fiscal, es una cesión de derechos de cobro, con lo cual el Estado mexicano se convierte en un acreedor más, en vez de los 5 mil 319 acreedores que participaron de la liquidación”, precisó.

Los pequeños ahorradores que no participen en el fondo de apoyo serán respaldados por Nacional Financiera, mediante un crédito por mil millones de pesos, garantizados por la cartera de crédito de Leadman Trade, empresa relacionada con Ficrea. El pago a los ahorradores se hará de manera proporcional a prorrata y mantendrán todos sus derechos para el proceso de quiebra ordinaria, especificó.

Este procedimiento permitirá recuperar el mayor valor posible, ya que sin la participación de la banca de desarrollo, el valor comercial de la cartera hubiera sido de entre 300 y 500 millones de pesos.

Con las modificaciones propuestas se limitarán los saldos permitidos de ahorro a un millón de pesos para personas físicas y a 5 millones de pesos para morales. “Hay que recordar que es ahorro y crédito popular y por eso se contempla limitar la cantidad de dinero que se ahorre en estas sociedades”, comentó.

Se prohíbe la existencia de cooperativas básicas no reguladas, por lo que las existentes deberán ceñirse a nuevo régimen vigente y transformarse en sociedad financiera popular a más tardar el 31 de julio de 2016.

El nuevo marco legal establece también que el seguro de depósito para cuentahabientes del sector de ahorro y crédito popular será administrado por un fideicomiso público, controlado por el Estado, constituido en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), el cual contará con recursos que cubran a los clientes hasta por 25 mil Unidades de Inversión (UDis), es decir, 131 mil pesos.

Por Nueva Alianza, la diputada María Sanjuana Cerda Franco apuntó que se fortalece el sistema financiero, al establecer mecanismos para sancionar a los defraudadores y evitar que casos como Ficrea se presenten en el futuro.

Por lo menos 80 por ciento de los ahorradores recuperarán su inversión con la creación del Fondo para la Atención de Pequeños Ahorradores de Sofipos (Sociedad Financiera Popular), estableciendo un millón como límite afectado, afirmó.

El diputado del PVEM, David Pérez Tejada Padilla resaltó que no se modifica el seguro de recuperación y se congratuló porque con este marco jurídico “las instituciones reguladoras y financieras del país serán sólidas para que no sucedan este tipo de atropellos –como el de Ficrea- que creen la desconfianza de los ahorradores y usuarios de los servicios financieros”.

A nombre del PRD, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez sostuvo que fue un buen acuerdo para solucionar el problema de Ficrea y prevenir que no ocurran fraudes. Es una solución que garantiza al 80 por ciento de los ahorradores recuperar de manera inmediata su dinero, y exhortó a las autoridades para que no haya impunidad y castiguen a los defraudadores.

La diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, reconoció el avance, pero advirtió que prevalecen “grandes pendientes” para defender a los ahorradores, ya que la regulación es laxa y hay un vacío, a pesar de que se modifican los delitos. “Queda suelto el proceso para evitar fraudes con las Sofipos y con las instituciones financieras que prestan servicios bancarios, pero no son bancos. No se cierra el círculo, porque no se da certeza al crédito popular para dar todas las garantías del Estado a los pequeños ahorradores”.

El diputado del PAN, Humberto Alonso Morelli, apuntó que se robustece el sistema financiero nacional; se resuelve el fraude de Ficrea y con ello se evita un problema social; se elimina la figura de las federaciones que supervisaban a los Sofipos, las cuales en el futuro serán reguladas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB); se establecen límites de captación de ahorro para que cumplan su propósito social y se otorga certeza a los ahorradores.

Por el PRI, el diputado Fernando Charleston Hernández resaltó la importancia de fortalecer al sector financiero popular y asegurar que el ahorro esté protegido.

“Estamos dando solución a un problema sin que le cueste un solo peso al gobierno ni a la sociedad, porque el fondo de ahorro es un crédito, que a través de la cesión de derechos de los ahorradores el gobierno será el único acreedor de esa cartera que se recuperará”, refirió.

El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y agendado en la sesión de este jueves 16 de abril.

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