• Se termina cualquier privilegio para personas físicas, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos: Salgado Peña

16-04-2015.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen a la minuta que crea la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo objetivo es garantizar el derecho a la información en posesión de quienes ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad de la Federación, los estados y los municipios.

La norma, avalada con 385 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el acceso a la información de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como persona física, moral o sindicato.

También tendrá por objetivo regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes.

Además, promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones, así como la rendición de cuentas, a través de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa.

Se establecen los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

La ley se compone de 216 artículos y 13 transitorios, y es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Abel Octavio Salgado Peña (PRI), presidente de la Comisión de Gobernación, explicó que con esta ley se termina cualquier privilegio para personas físicas, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos.

También, dijo, se crea el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y se facilita el acceso y construcción de los portales de transparencia a través de la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Precisó que se amplió el catálogo de obligaciones de transparencia a cargo de los sujetos obligados para pasar de 17 a casi 50 entre las que destacan las relacionadas con los montos destinados a gastos relativos a la comunicación social y publicidad oficial; los montos, criterios y convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes por cualquier motivo se les asigne o permita usar recursos públicos.

Asimismo, las concesiones, contratos, convenios permisos licencias o autorizaciones otorgados; la información sobre los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza. “En general, una serie de obligaciones que la ley considera de relevancia toral para su difusión pública, constante, proactiva y creciente”, puntualizó.

Detalló que se incorporan figuras como la prueba de daño y la prueba de interés público para los casos que pretenda reservar información o deba ser pública y se establece la imposibilidad de invocar el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad o, bien, cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción.

El legislador consideró que la transparencia es un prerrequisito para el debate público informado y “es una exigencia para la construcción de Estados modernos, eficientes y honestos”. Además, la norma abonará en la reivindicación de otros derechos y obligaciones como la rendición de cuentas, y el combate a la corrupción.

Durante los posicionamientos, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de la agrupación de Morena, indicó que con esta ley se violenta la autonomía que la Constitución otorga al órgano garante del derecho a la información, se trastoca y condiciona a través de diversos procedimientos.

Estimó que existen condiciones específicas para continuar con la opacidad y que “esta ley por desgracia, a pesar de evidentemente reconocer algunos avances en lo general, es más de lo mismo”.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza) subrayó que en la nueva legislación destaca el mandato de que los sujetos obligados deben documentar sus acciones. “No habrá justificación alguna para que algún servidor público decrete la inexistencia de información”. Además, continuó, se dispone que toda información en posesión de cualquier entidad pública debe ponerse a disposición de la ciudadanía y sólo podrá ser reservada temporalmente por causas de seguridad nacional.

Destacó que cuando se trate de información relativa a violaciones graves de derechos humanos o con actos de corrupción no podrá invocarse el carácter de información reservada. Sin embargo, reconoció que las reformas legales por sí mismas no transforman la realidad y para cambiar las cosas es necesario que los representantes y la ciudadanía hagan efectiva la norma.

En tanto, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) aclaró que la información no le pertenece a ningún ente que represente a los ciudadanos; entonces, “esta ley tiene un problema básico: está hecha bajo el error de que la información es del gobierno”.

Reconoció que dicha norma tiene cosas positivas como el reducir los tiempos de acceso a la información gubernamental, integra el Sistema Nacional para coordinar la política en materia de transparencia y amplía la lista de sujetos obligados. Sin embargo, resaltó que hay fallas centrales que no son menores. La principal es el control político del nombramiento de los integrantes del IFAI.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (MC) enfatizó que en todos los ámbitos en que hay manejo de recurso público, debe existir claridad en cómo y en qué se gasta cada peso que reciben las instituciones del Estado, “de lo contrario México no saldrá del deshonroso lugar 103 de corrupción de 165 naciones en el que se encuentra”.

El Estado debe asumir la obligación de cuidar que la la sociedad pueda acceder a la información del manejo de recursos públicos, la cual debe ser veraz, pronta y expedita. “Hoy se legisla en contra de un problema que pareciera inherente a la identidad del mexicano, que desgarra el vínculo entre el gobierno y la población, que fractura a las instituciones gubernamentales, y afecta a la sociedad en general: la corrupción y la falta de rendición de cuentas”.

Ruth Zavaleta Salgado, diputada del PVEM, expresó que esta ley revoluciona el sistema democrático del país, pues la información que se difundirá transformará la forma de hacer gobierno. “Vamos a tener un gobierno más abierto, sistema que pocos países de América Latina pueden presumir”, anotó.

Se dará la posibilidad de calificar cómo se ejercen los recursos y conocer cuál es la eficiencia y eficacia de cada uno de los gobiernos. “Se acabará la simulación de los que se dicen democráticos y reservan información por doce años”, añadió.

Para el diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD), la ley es una revolución en la transparencia del país, pues se conseguirá mucha información que antes era opaca. Ahora el IFAI será inatacable en sus resoluciones, pues “dependerá de que los consejeros estén a la altura de las circunstancias y efectivamente ejerzan su autonomía”.

Resaltó que tuvo en la mesa de análisis y discusión, a la sociedad civil, las organizaciones y a los académicos, por lo cual “no se debe escamotear su triunfo en derechos humanos”; sin embargo, dijo, quedan pendientes, como el que los grupos parlamentarios sean sujetos obligados de dar a conocer su informe semestral y la llamada “confesión de parte”.

De Acción Nacional, el legislador Fernando Rodríguez Doval puntualizó: “es indispensable que toda autoridad rinda cuentas, que se garantice el derecho a la transparencia y al acceso a la información de los ciudadanos, por lo que esta ley es de enorme relevancia y trascendencia, en donde la transparencia ocupa un papel fundamental para prevenir y disuadir cualquier acto de corrupción”.

Puntualizó que los ciudadanos están hoy “verdaderamente hartos de que existan políticos y funcionarios que usan los recursos públicos como si fueran personales; hartos de que existan sindicatos que no le rinden cuentas a nadie de los recursos que reciben del Estado; están hartos de que existan poderes opacos que no transparentan sus propias finanzas. Esta ley ayudará, sin duda, a evitar que esto siga ocurriendo”, puntualizó.

El diputado Adolfo Bonilla Gómez (PRI) indicó que con la ley se promoverá, fomentará y difundirá la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa.

Con su expedición, abundó, se podrá prevenir y sancionar todos aquellos excesos e irregularidades que tanto han dañado a la administración pública federal, estatal y municipal. Cuando entre en vigor, permitirá a los ciudadanos pleno acceso a la información y ejercer su derecho a que los sujetos obligados rindan cuentas, generando “una nueva cultura política”.

Durante la discusión, la diputada Zuleyma Huidobro González (MC) consideró que todo lo que sea un peligro, “a decir del gobierno federal, no será transparente y no lo será porque, efectivamente, pone en peligro los intereses personales de los servidores públicos”. Sostuvo que en el argumento de que todo puede ser perfectible siempre se deja todo para después, y será en otras legislaturas las que enmendarán varias omisiones y errores en la ley.

Por su parte, el diputado Nabor Ochoa López (PVEM) destacó que la ley fortalece el sistema democrático porque habrá una mejor rendición de cuentas, mayor transparencia en la gestión pública y se atiende una exigencia social.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de la agrupación de Morena, mencionó que la nueva norma no establece la obligatoriedad de generar información; “abre con ello el umbral para que las dependencias recurran a la catalogación de inexistencia de la información y con ello eludir el bulto”. Estimó que se está frente a un avance y “al mismo tiempo frente a una iniciativa sumamente deficiente”.

Del PRD, la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero dijo que la ley no es perfecta, trae omisiones como la corrupción de servidores públicos que mantienen relaciones comerciales de manera descarada con personas físicas y morales para la adquisición de otros bienes de lujo e inmuebles. Sin embargo, “esperamos que las normas se corrijan” y se pronunció a favor de la transparencia.

El diputado José Alfredo Botello Montes (PAN) manifestó su voto a favor porque se establecen las tres facultades en materia de información, búsqueda, recepción y discusión de la información.

La diputada Loretta Ortíz Ahlf, de la agrupación de Morena, argumentó: no se puede aceptar la violación de derechos humanos y éste es el caso con esta ley. “No es posible que se tenga que estar mendingando por la información en caso de violación a derechos humanos. Hay miles de personas desaparecidas que sus familiares se han cansado de pedir información y hasta el momento no se la han dado”.

Del PRI, el diputado Salvador Romero Valencia refirió que con la creación del nuevo Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se fomentará y protegerá el derecho humano de acceso a la información para solicitar, investigar, difundir, buscar o recibir información, de tal modo que toda la información generada, obtenida, adquirida y transformada, en posesión de cualquier sujeto obligado, será pública y accesible a cualquier persona.

El diputado Fernando Zárate Salgado (sin partido) admitió que hay temas específicos en los que no se está satisfecho, tienen que ver en cómo se va a tratar los temas de seguridad nacional, y de estabilidad económica. Consideró que se debe entender la política como una forma de construcción, no como una forma de destrucción.

En su intervención, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD) indicó que con esta ley se obligará a que los gobiernos estatales sean menos opacos en asuntos como el otorgar corredurías y notarías públicas, “que siempre ha sido un tema de privilegios de los gobernadores hacia quienes son afines con ellos”.

Reservas

Para la discusión en lo particular, se reservaron los artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 38, 41, 42, 43, 50, 57, 65, 70, 71, 72, 79, 83, 100, 104, 113, 115, 151, 192 y 209, así como los transitorios: quinto y décimo tercero.

- ooOoo –