04-08-2015.- El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno Rivera, aseguró que México, por los recientes acontecimientos en contra del gremio, seguirá como uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico, tal y como lo ha señalado la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y no hay intentos por revertir dichos datos, lo que atenta contra los derechos humanos y la democracia en la nación.

Julio César Moreno calificó de alarmantes las cifras que proporciona la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto a que en los últimos 15 años se han registrado cien asesinatos de comunicadores en México y, desde el 2005, 21 periodistas se encuentran desaparecidos. En ese mismo periodo, continuó, también se han cometido 45 atentados contra medios de comunicación.

En el caso del múltiple homicidio en la colonia Narvarte y en donde pierde la vida el fotoperiodista de la revista Proceso y la agencia Cuartoscuro, Moreno Rivera calificó de discordante que el Procurador del Distrito Federal haya iniciado la investigación por robo, cuando existen evidencias de que los presuntos agresores dejaron en las víctimas señales de tortura y tiro de gracia, elementos que no se registran en simples robos.

Advirtió que este tipo de visión de nuestras autoridades alimenta los altos índices de impunidad que imperan en México; por ello, el legislador pidió a gobiernos locales y federal garantías reales para quienes ejercen cualquier tipo de periodismo.

Por lo anterior, estimó que todos los niveles de gobierno están obligados a atender este problema que, entre otras cosas, deriva en autocensura y exilio de periodistas, temas en que las autoridades deberán poner especial cuidado y cumplir con capacitación de sus servidores públicos, con el fin de fortalecer medidas preventivas de futuras agresiones a comunicadores.

El líder de la Cámara de Diputados aseguró que la LXIII Legislatura deberá modernizar la legislación sobre libertad de expresión, para lo cual tendrá que basarse en recomendaciones internaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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