• Núñez Aguilar propone una reforma para asegurar a víctimas su debida protección judicial y llevar a la justicia a los responsables

03-01-2015 El diputado Ernesto Núñez Aguilar (PVEM), integrante de la Comisión de Seguridad Social, mencionó que entre el año 2007 y el 2012 se han documentado en México 164 crímenes homofóbicos, lo cual equivale al 20 por ciento de este delito a nivel América Latina, de acuerdo con datos del Centro de Apoyo a las Identidades Trans.

Es decir, agregó, los derechos humanos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual (LGBTTTI) son cotidianamente violentados en México, no sólo por particulares sino por autoridades de los diversos órdenes de gobierno y poderes del Estado, lo cual los coloca en un sitio de vulnerabilidad.

El legislador también destacó que la mayoría de las personas LGBTTTI no tiene acceso a los servicios de salud, a pesar de que llegan a padecer enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y VIH. Un ejemplo es el Distrito Federal, dónde el 20 por ciento de este sector presenta problemas en este sentido.

Núñez Aguilar reclamó atender este tipo de atropellos, pues de acuerdo con el artículo primero de la Constitución está prohibida toda discriminación motivada por las preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Agregó que para asegurar este derecho es necesario reformar el inciso II Bis al artículo 4o. y la fracción XIV del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, con el propósito de garantizar la no discriminación y los derechos humanos de las personas lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual.

Subrayó que con esta reforma se brindaría asistencia social especializada y se garantizaría protección y plena integración al bienestar, en especial a quienes hayan sido víctimas de maltrato o abuso o privadas de su libertad, que se encuentren en circunstancias de enfermedad terminal y en situación de tráfico de personas, pornografía, comercio y explotación sexual.

Puntualizó que con estas medidas se contribuirá a disminuir los actos de violencia a causa de orientación sexual e identidad y de género, y asegurará a las víctimas su debida protección judicial en condiciones de igualdad y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia.

Indicó que con esta reforma se busca fortalecer la esfera jurídica de las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, haciendo explícita dicha integración para promover y reconocer sus derechos humanos, en particular el de asistencia social.

El legislador manifestó que esta iniciativa pretende incentivar el cumplimiento y cultura de los derechos humanos y mejorar el desempeño institucional, así como engrandecer la relación entre gobernantes y gobernados, para dar cauce y solución a las demandas sociales de la población.

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