06-01-2015 Al Instalarse la Primera Comisión -Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia- que preside la diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD) se aprobaron siete puntos de acuerdo dirigidos a PGR, SEGOB, Congresos locales y a la Asamblea del Distrito Federal, los cuales serán discutidos en el Pleno de la Permanente mañana miércoles.

El primero plantea solicitar a los Congresos de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal revisar sus códigos penales respecto a abandono de niñas y niños y a la perdida de la patria potestad, anteponiendo el interés superior de la infancia.

El exhorto busca visualizar el maltrato infantil, el cual es una grave violación a los derechos de la niñez. De acuerdo con la UNICEF, durante el 2007 cerca de 275 millones de infantes fueron víctimas de violencia dentro de sus hogares y unos 40 millones de menores de 15 años sufrieron abusos y abandono.

Según el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de 1995 a 2008 las denuncias recibidas por maltrato infantil se incrementaron hasta en un 400 por ciento, es decir, pasaron de 15 mil a 60 mil.

Asimismo, se aprobó un punto de acuerdo para solicitar información relativa a la absolución de Raúl Salinas de Gortari por el delito de enriquecimiento ilícito.

La propuesta sostiene que es fundamental un informe detallado sobre la actuación del Ministerio Público adscrito en este proceso, desde la averiguación previa hasta la resolución de la apelación.

También se avaló un punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales a aplicar la Ley General de Acceso a la Mujeres a una Vida libre de Violencia, ya los congresos locales a armonizar sus legislaciones con el citado ordenamiento.

El objetivo es que las mujeres posean un instrumento jurídico que sea aplicable en todo el territorio nacional, que dé respuestas a las demandas y brinde mayor seguridad a este sector.

El documento subraya que es fundamental otorgar una atención oportuna a las mujeres que se encuentran en riesgo o peligro, disponer un texto legal que describa la agresión hacia ellas en sus diversas modalidades y contemplar la alerta de género y estrategias dirigidas a la disminución de la violencia de esta población.

Por otro lado, se aprobó solicitar al titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, informar, agilizar y fincar responsabilidades derivadas de las denuncias presentadas por el Instituto Nacional Electoral respecto a eventuales conductas ilícitas durante los procesos electorales, las cuales fueron atraídas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

De igual manera, se avaló un punto de acuerdo por el que se pide al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), disponga medidas para que el material impreso con contenido sexual o pornográfico sólo pueda exhibirse dentro de bolsas negras y con advertencias.

El documento señala que la finalidad va encaminada a la protección de la infancia, para que crezca en un entorno que no dañe su formación emocional y moral.

Asimismo, pretende garantizar a los ciudadanos a elegir los contenidos impresos de su preferencia. Por tal motivo, considera necesario que las publicaciones con contenido sexual o pornográfico posean un empaque con características específicas, para garantizar el derecho de las personas a acceder o no, de manera libre, a este tipo de contenidos, y evitar que se genere una transgresión en la formación de las niñas, niños y adolescentes.

Además, se avaló solicitar a la Secretaria de Gobernación que retire a los servidores públicos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración (INM) que se encuentran instalados en las garitas clausuradas, especialmente en Las Yescas, ubicada en el kilómetro 59 de la carretera Matamoros-Ciudad Victoria, y se informe las razones del por qué se habilitaron.

Finalmente, se requirió a los titulares de la Segob y el Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema Penal un informe del estado que guarda el mandato constitucional derivado de la reforma al Sistema de Justicia Penal en el país.

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