• “Queremos saber a quiénes se investiga y cuáles serán las consecuencias penales”: Morales Vargas

07-01-2015.- Los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostendrán reunión de trabajo con la Tercera Comisión de la Permanente, a fin de dar a conocer el avance en las investigaciones del caso Ficrea.

El encuentro, aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión Permanente, también tendrá como objetivo “conocer quiénes son indagados y cuáles serán las consecuencias penales en contra de los que llevaron a la quiebra a la Sociedad Financiera Popular (Ficrea)”, explicó en tribuna el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (PRD).

Al fundamentar la proposición con punto de acuerdo, el legislador sostuvo que entre las causas que originaron la liquidación de Ficrea se encuentran los actos de negligencia de la CNVB, ya que la entidad no detectó a tiempo las irregularidades financieras en las que incurrió la sociedad popular durante muchos años.

“Las razones que dieron origen a su proceso de disolución y liquidación pone el jaque no sólo al sistema financiero de nuestro país, sino a las propias autoridades gubernamentales encargadas de prevenir que se cometan este tipo de delitos”, sostuvo.

Adicionalmente, continuó, genera suspicacia que en días previos a la intervención gerencial a Ficrea, fueron extraídos más de 470 millones de pesos de su caja y manejados a través de la arrendadora Leadman Trade.

De acuerdo con grabaciones recientemente filtradas en medios de comunicación, comentó, estos hechos “exhiben actos de corrupción en los que podrían estar involucrados funcionarios de inteligencia financiera de la SHCP y de la PGR”.

Morales Vargas calificó el presunto fraude como “un hecho injusto que raya en la crueldad”, pues la CNVB intervino en el caso retirando los permisos a Ficrea sin tomar en cuenta el reconocimiento de los daños a los ahorradores que reclaman el pago del 100 por ciento de los recursos invertidos.

Por tal motivo, la instancia ha recibido 2 mil 317 solicitudes de los ahorradores, cifra que representa el 34 por ciento del total que reclama el pago del seguro de depósito.

“Las peticiones aún serán procesadas para ver cuáles son procedentes. El pago del seguro de depósito cubre un monto de hasta 130 mil 500 pesos por cada ahorrador; sin embargo no se les garantiza el pago”, añadió.

En su intervención, la senadora Dolores Padierna Luna (PRD) refirió que Ficrea es una institución financiera que opera desde 2008 y a partir de su creación tuvo un crecimiento acelerado de ahorros y activos financieros, pasando de mil 891 millones a cinco mil 834 millones de pesos, según datos de la CNBV.

Esto es, subrayó, la financiera pudo crecer del 20 al 45 por ciento, “mientras que la economía no está creciendo ni siquiera al 2 por ciento. Esto económicamente no es factible. Ficrea pudo, además, pagar tasas de interés del 10, 12 por ciento, mientras el sistema está en tasas menores”.

En consecuencia, concluyó que hubo una nula supervisión por parte de las autoridades y una permisibilidad frente al fraude.

“Jaime González Aguadé, presidente de la CNVB, no investigó o no quiso investigar cuál era la fuente de pago de estas tasas de interés de dos dígitos, mientras que el resto del sistema financiero estaba pagando tasas de un solo dígito y la economía está prácticamente estancada”, expuso.

Al tomar la palabra, la diputada priista Lourdes Eulalia Quiñones Canales defendió que la intervención oportuna de la CNBV en contra de las operaciones ilícitas de Ficrea permitió poner un alto a la conducta fraudulenta de sus operadores y puso freno al deterioro de sus activos, con miras a resarcir el daño de la mejor manera posible.

Sin embargo, consideró oportuna la comparecencia de Jaime González Aguadé (CNBV), Mario Di Costanzo Armenta (Condusef) y de Alberto Bazbaz Saca (SHCP), ya que “los inescrupulosos operadores de Ficrea deben ser sancionados con todo el peso de la ley, y los pasos tendientes a la resolución del caso y la reparación del daño deben ser expeditos y oportunos”.

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