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| Boletín N°. 4951 | Necesario establecer sanciones ejemplares a responsables de fraude en Ficrea: PRI; tardía acción de autoridades: PAN y PRD |
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16-01-2015.- Al presentarse ante legisladores de la Tercera Comisión -Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas- de la Permanente, los titulares de la CNBV, Jaime González Aguadé; de la Condusef, Mario Di Costanzo Armenta, y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Alberto Bazbaz Sacal, expusieron sus acciones ante el fraude de la sociedad financiera popular (Sofipo) Ficrea.
En su intervención inicial, el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, afirmó que el fraude en Ficrea no pone en riesgo –de ninguna forma- la viabilidad del sistema financiero mexicano, pero genera angustia y desesperación entre las familias afectadas.
Recalcó que la CNBV actuó de forma responsable y oportuna, y trabaja intensamente en encontrar los mecanismos que permitan asegurar o respaldar los ahorros de los depositantes. “El gobierno de la República se encuentra realizando los actos necesarios que permitan lograr el mayor número de recuperación posible de los ahorros de los depositantes en el menor tiempo posible”.
Sin embargo, abundó, “decir que todo está bien no es correcto. Reconocemos que existen oportunidades de mejora en el marco normativo del sector de ahorro y crédito popular, por lo que la Comisión manifiesta su total disposición a fin de colaborar con esta soberanía de aportar elementos que permitan mejorar la legislación aplicable a dicho sector”.
Detalló que derivado de la acción oportuna en la CNBV y de la colaboración interinstitucional, se lograron recuperar diversos activos cedidos por Leadman Trade y Baus and Jackman, y el propio Rafael Olvera, por sus apoderados a Ficrea.
Entre los activos cedidos, dijo González Aguadé, se encuentran contratos de arrendamiento de Leadman por 3 mil 200 millones de pesos; 28 inmuebles; 234 vehículos, así como mobiliario y equipo sujeto a valuación.
También, derechos litigiosos por 58 juicios, por un valor manifestado de 200 millones de pesos. Productos que le pueden corresponder a Leadman Trade como fideicomisario en segundo lugar de un fideicomiso irrevocable, en garantía por un valor manifestado de 110 millones de pesos.
El titular de la CNBV aseguró que todos estos activos permitirán, una vez monetizados, pagar parte de los recursos a los ahorradores de Ficrea.
Puntualizó que el Fondo de Protección al Ahorro es el encargado de pagar a los ahorradores las obligaciones garantizadas, y que el monto de cobertura de este seguro de depósito para el sector de ahorro y crédito popular asciende a 35 mil UDIs, lo que es equivalente a 130 mil pesos, aproximadamente.
Relató que a través del proceso de liquidación administrativo o en caso de que se determine la quiebra de la sociedad, el liquidador o el síndico buscará hacer líquidos los activos o derechos de la sociedad con objeto de resarcir a los acreedores de Ficrea, incluidos los ahorradores.
Jaime González precisó que la recepción de las solicitudes para iniciar el pago del seguro de depósito inició el pasado 22 de diciembre, y que a la fecha se han recibido 3 mil 516 solicitudes para el pago de seguro, de las cuales 6 mil 876 personas que tienen derecho al cobro ya las revisó en una buena medida la sociedad financiera y ya las envió al Fondo de Protección al Ahorro para su pago.
Detalló que los recursos de los ahorradores captados en Ficrea se utilizaban para fondear irregularmente operaciones de Leadman and Trade de arrendamiento, y para sufragar gastos que no están relacionados con la operación de la Sofipo, “lo que suman 2 mil 700 millones de pesos, que es el desfalco que se ocasionó a la Sociedad Financiera Popular y a los ahorradores”, añadió.
En su oportunidad, el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Alberto Di Costanzo Armenta, informó sobre las acciones aplicadas en este caso.
Destacó que en 2013 y 2014, la Condusef evaluó la documentación de Ficrea. De estos ejercicios normativos, indicó, se detectaron 122 incumplimientos.
Explicó que en 2013 se detectaron 66 incumplimientos normativos en la revisión del Depósito a la Vista, lo que motivó una calificación, en escala del uno al diez, de cinco puntos al Ficrea. En 2014, agregó, se revisaron dos productos: Inversión a Plazo, en donde se detectaron 20 incumplimientos normativos y la calificación fue de 4.3; el otro producto fue el crédito Mi Pyme, en el que se encontraron 36 incumplimientos y la calificación a Ficrea fue e de 3.7.
Condusef, dijo Di Costanzo, a raíz de estas evaluaciones ordenó a Ficrea subsanar los incumplimientos de los cuales corrigió 96 de los 122, es decir, solo el 78 por ciento.
Agregó que en esas revisiones, de manera adicional se encontró una cláusula abusiva qué consistía en autorizar cargos de adeudos derivados de cualquier producto, en las cuentas del ahorrador, sin indicar plazo ni monto. Asimismo, se detectó una cláusula ilegal que obligaba al dueño de la inversión absorber el pago de comisiones en cualquier cheque emitido por Ficrea que fuera rebotado.
“Qué hicimos. Apoyados en nuestro marco normativo, se solicitó modificar el contrato a efecto de eliminar la cláusula señalada; se inició el procedimiento de sanción y, ante la negativa de Ficrea, se ordenó la suspensión del uso del contrato. Nunca antes, en 15 años, la Condusef había ejercido esta facultad”, comentó.
Como resultado de estas evaluaciones, explicó el titular de la Condusef, se generaron 26 procedimientos de sanción en contra de Ficrea por 2.74 millones de pesos.
También, en la aplicación de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros, se evaluó el producto depósito de la vista, que generó cinco multas por 660 mil 552 pesos; por la evaluación del producto inversión a plazo, cinco multas por 807 mil 480 pesos y por la evaluación del producto crédito Mipyme, seis multas por 955 mil 518 pesos.
“Con relación a la aplicación de la propia Ley de la Condusef, se impusieron, por mala atención a usuarios, cinco multas por 93 mil 776 pesos y por incumplimiento a registros y otros, cinco multas por 226 mil 846 pesos”, dijo.
Concluyó que el 7 de noviembre pasado, cuando la Condusef recibió información de la CNBV de lo que ocurría con Ficrea, se instruyó a las áreas de atención de la dependencia a informar de manera clara a los usuarios y se instauró un procedimiento de conciliación entre los afectados y las autoridades.
Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Alberto Bazbaz Sacal, aseguró que la actuación coordinada de la Condusef y la PGR permitió conservar una cantidad importante de activos que se encontraban en entidades no reguladas por los supervisores financieros.
Explicó que Leadman es propietaria de una cartera importante de crédito, mientras que Baus and Jackman posee varios inmuebles en el país y en el extranjero.
Tales activos, dijo, se conjuntaran y destinarán a restaurar el daño a las víctimas del caso Ficrea. “Este proceso es importante para la UIF al igual que identificar a los afectados, particularmente a quienes se encuentran en condiciones más vulnerables”, agregó.
De este punto, Bazbaz Sacal detalló que entre las víctimas se encuentran pensionados y adultos mayores, además de gente cuyos ahorros en Ficrea fueron considerables. Los perjuicios causados por la financiera, abundó, pueden ser resarcidos con los mencionados activos recuperados por las autoridades.
Previamente, el titular de la UIF explicó la participación de este órgano en el caso de fraude.
Afirmó a la Tercera Comisión que derivado de información proporcionada por las instituciones financieras y la colaboración con organismos internacionales, se detectó una cantidad importante de transferencias a dos países, empleadas para negocios inmobiliarios por parte de Leadman y Baus and Jackman.
“El análisis del destino de recursos permitió determinar que la operación irregular tenía la intención de quitar el patrimonio de Ficrea y trasladarlo en beneficio de personas no relacionadas con los ahorradores”, sostuvo.
Al detectar esto, la UIF consideró que esa actividad en concreto podía colmar los elementos de operación con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Gracias a esto, añadió, la PGR, en auxilio a la Condusef, determinó asegurar las referidas empresas, que recibían la mayor parte de recursos de Ficrea.
En los posicionamientos, el senador del PRI, Ricardo Urzúa Rivera, reprobó el fraude cometido en contra de los ahorradores que resultaron afectados por la ilicitud de los servicios de la sociedad financiera Ficrea; sin embargo, dijo, esto no debe ser utilizado para pretender generar desestabilización en el sistema financiero mexicano, cuando hemos fortalecido el marco jurídico para la regulación de estas sociedades.
El sector de ahorro y crédito popular requiere de estrictos mecanismos de control y vigilancia que permitan inhibir irregularidades y conductas que incumplan la normatividad, por lo que, enfatizó, solicitamos a las autoridades financieras realizar una investigación pronta y transparente estableciendo sanciones ejemplares a los responsables.
En tanto, el senador Javier Lozano Alarcón (PAN) coincidió en que hubo una acción tardía por parte de las autoridades; sin embargo, resaltó, “los legisladores tenemos no sólo que pedirles cuentas, sino tenemos la responsabilidad de modificar la legislación vigente”.
Propuso que a partir de un grupo de trabajo, entre ahorradores, autoridades y legisladores se genere una reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular que permita elevar el monto del seguro de depósito, que los bienes muebles e inmuebles que se puedan rescatar vayan al fideicomiso para que se proceda a su liquidación y con ello completar al 100 ciento los depósitos de los ahorradores.
Por su parte, la senadora Dolores Padierna Luna (PRD) resaltó que el caso de Ficrea es un claro ejemplo de falta de regulación y supervisión de la que carecen las instituciones del sistema financiero mexicano. “No hay una capacidad preventiva para evitar los fraudes de los intermediarios financieros, sólo se reacciona a los ya consumados, las autoridades encargadas de la supervisión actúan sólo como apaga fuegos”.
No estamos conformes, continuó, con que los ahorradores reciban 131 mil pesos de dinero público que pagarán los contribuyentes como seguro de depósito. Esa no puede ser la solución, cuando los verdaderos responsables del fraude de Ficrea son los reguladores y supervisores del sistema financiero mexicano, en especial, resaltó, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que le corresponde detectar de manera oportuna este tipo de anomalías.
El senador Juan Gerardo Flores Ramírez (PVEM) dijo que hay deficiencias en el marco legal que merecen ser atendidas a la brevedad, a fin de dar mayores facultades a las instituciones para que puedan llevar a cabo su papel de manera oportuna y que tengan herramientas para sancionar eficazmente y se inhiba este tipo de prácticas.
Señaló que el caso de Ficrea no es un problema exclusivo de México, también se han presentado en otros países como en Estados Unidos con el asunto de Bernard Madoff; sin embargo, detalló, la procuración de justicia debe ser oportuna para que no sólo sancione al dueño de la caja de ahorro, sino a todos aquellos que hayan sido cómplices con él en esta actuación fraudulenta.
La senadora Blanca María Del Socorro Alcalá Ruiz (PRI) mencionó que es necesario conocer cuál ha sido la situación que llevó al proceso de intervención y revocación de Ficrea, así como los alcances de las acciones hasta ahora realizadas.
“Para nosotros es de vital importancia no solamente que se llegue al análisis, a la investigación y a las últimas consecuencias de este tema, sino tomar las medidas desde el Poder Legislativo que nos permita evitar situaciones que en un momento dado pongan en riesgo la situación de pequeños ahorradores”, abundó.
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