17-01-2015 La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados analiza una iniciativa que plantea la entrega obligada de un informe sobre la situación de presupuesto, asuntos, bienes, recursos materiales y humanos a cargo de servidores públicos, al momento de separarse de su empleo o comisión.

De acuerdo con la diputada Mariana Dunyaska García Rojas (PAN), impulsora de la propuesta, uno de los actos administrativos que no ha sido contemplado en el marco de la discusión del sistema nacional anticorrupción es la obligatoriedad de las actas de entrega-recepción de los servidores de la administración pública federal.

Indicó que la transparencia siempre se ha considerado como un mecanismo para fincar responsabilidades administrativas o penales, “por lo que existe una repulsión natural a realizarla”.

Regularmente, agregó, los funcionarios consideran que el acta administrativa es un mero acto burocrático que debería desaparecer. De aceptar su eliminación, advirtió, se avanzaría por el camino de la informalidad para facilitar la separación del cargo, sin realmente cumplir con los términos básicos de la transparencia y la rendición de cuentas que exige la ciudadanía.

Obligar a los funcionarios que dejan su encargo a detallar la situación que guardan los bienes, recursos y asuntos que tuvieron bajo su responsabilidad en un informe o acta administrativa, significa el complemento de la honestidad con la que desarrolló su función, además de que coadyuva a delimitar responsabilidades de quienes reciben el cargo, aseguró la diputada.

García Rojas señaló que ha quedado demostrado que las actas administrativas de entrega recepción son un elemento necesario para combatir la corrupción, por lo que debe formalizarse y ser obligatorio para todas las áreas de la administración pública, en los tres niveles de gobierno.

Indicó que si bien es cierto que ya existen antecedentes o acuerdos relacionados, no se encuentra esta figura en algún ordenamiento jurídico de carácter general.

La propuesta de reforma, dijo, plantea que los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, al separarse de su empleo, cargo o comisión, deberán entregar un informe detallado, la documentación y los archivos debidamente ordenados y clasificados, a quienes los sustituyan en sus funciones.

“La entrega-recepción, así como el informe, se efectuará por escrito mediante acta administrativa que describa el estado que guarde la dependencia, entidad o unidad administrativa de que se trate, y contendrá los elementos que señale la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones”.

De ser el caso, señaló la diputada federal, el informe de los asuntos a su cargo deberá incluir un apartado de las acciones y compromisos en proceso, indicando los que requieren de atención especial en el momento de la entrega, en consideración al tipo de asunto, vencimiento, presupuesto autorizado, problemática, la necesidad de que intervengan otras instancias, entre otras causas.

“Del mismo modo, deberá contener lo relacionado a la situación presupuestal que guarda el despacho, cuentas bancarias, estados financieros, relación de observaciones o auditorías, deuda pública que presenta al momento del acta entrega-recepción y en general, el estado que guarda el gasto público”, concluyó.

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