20-01-2015.- Diputados y senadores de la Primera Comisión de la Permanente: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, fijaron sus posturas ante el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, y Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR.

Al inicio de las intervenciones, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT), indicó que casos como Apatzingán, Iguala, San Fernando, Michoacán, Guerrero, el Estado de México, así como los crímenes contra periodistas, los feminicidios y la desaparición forzada, son el rostro de la estrategia de seguridad de este gobierno.

Expresó que el total de personas desaparecidas en el actual gobierno asciende a 23 mil. Ayotzinapa, dijo, es el ejemplo más claro de este tema.

Consideró necesario aceptar el problema y no evadir con gráficas y números, eso. Además, agregó, justificar la creación de la autonomía de una fiscalía y, sobre todo, darle la sensación a los ciudadanos “de que se tiene idea de lo que se está haciendo” en las instituciones encargadas de la seguridad pública y nacional.

El diputado David Pérez Tejada Padilla (PVEM) expresó que la labor del Legislativo es reflexionar ante las inquietudes sociales. “Los mexicanos –sostuvo- están hartos de los políticos y ansiosos de soluciones efectivas que demuestren un auténtico cambio”.

Explicó que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en 2014, indica que el robo es el delito con mayor incidencia, con un total de 605 mil casos, más 81 mil 895 robos con o sin violencia que fueron cometidos contra negocios, transportistas, instituciones bancarias, camiones de carga y autobuses. Por su parte, los delitos sexuales sin tomar en cuenta la violación, equivalen a 19 mil 903 casos. La violación por sí misma asciende a 13 mil 504. El secuestro fue igual a mil 698 casos.

Los datos, dijo, “son crudos”, reflejan una alta incidencia delictiva haciendo ver que todavía se está lejos del deseado Estado de derecho que tanto esperamos. En ese sentido, señaló que los integrantes del Poder Legislativo deben coordinarse con el Ejecutivo para abatir todo aquello que “nos produce un resquemor por falta de seguridad”.

En su turno, el diputado Roberto López (PRD) consideró que no sólo se deben mencionar cifras, sino concluir una estrategia integral para atender esta situación, que preocupa al Estado, pero más aún a todos los mexicanos.

Agregó que los diversos sectores de nuestro país, lastimados por la extorsión, el secuestro y el crimen, quieren efectividad. “Las cifras no son suficientes, porque no reflejan avances en dar seguridad al país y aplicar la justicia; por el contrario, la inseguridad y la violencia crecen”, dijo.

Enfatizó que “no se puede politizar el combate a la delincuencia ni la aplicación de la justicia, porque esto no tiene colores”. La política tiene que ser muy clara en el combate a la delincuencia, apuntó.

Por su parte, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN), consideró que la seguridad en México está en una de sus peores crisis, lo que se traduce en un impacto negativo sobre la imagen de nuestro país ante la comunidad internacional. Refirió que instancias como la OCDE ubican a México en los últimos lugares en materia de seguridad a partir de criterios como el índice de homicidios.

“Los indicadores delictivos del gobierno federal, que afirman una tendencia a la baja en la comisión de delitos, homicidios y secuestros en el país reflejan el distanciamiento entre lo que percibe el gobierno federal y lo que se está padeciendo”, sostuvo.

Expresó que su bancada reprueba la manera de proceder del gobierno federal al crear figuras por encima de la Constitución, como ocurrió en Michoacán con el comisionado Alfredo Castillo; indicó que desde el Senado y la Cámara de Diputados, se exige una estrategia integral en materia de seguridad.

Por el PRI, el senador Miguel Ángel Chico Herrera reconoció el esfuerzo que ha hecho el gobierno de la República en materia de seguridad, y subrayó que la seguridad compete a los tres órdenes de gobierno.

Destacó que México enfrenta un episodio de su historia donde la violencia en sus diversas expresiones se ha convertido en un gran desafío en materia de seguridad; pretender omitirlo sería incongruente por parte de quienes buscamos transformar al país, señaló.

Comentó que no se trata de diferenciar competencias, sino de insistir en el trabajo en equipo para alcanzar mejores resultados en favor de la ciudadanía, y se pronunció en contra de politizar la seguridad.

Durante la primera ronda de preguntas, el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI) señaló que en ejercicio del derecho de manifestación, se han realizado recurrentes acciones de protesta en muchas partes del país, como la toma de casetas en carreteras federales. Cuestionó cuál es la postura del gobierno federal frente a estas circunstancias y qué acciones tomará para garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos.

La senadora María del Pilar Ortega Martínez (PAN) inquirió respecto a la forma en que las organizaciones criminales han permeado las estructuras institucionales de seguridad y justicia y cómo se ha enfrentado esta situación. Asimismo, qué pasa con la planeación de la implementación del Sistema de Justicia Penal, y por qué no han funcionado los mecanismos institucionales de detección temprana de posibles delitos.

Por el PRD, la diputada Roxana Luna Porquillo pidió aclarar si ha existido evaluación de los operativos que implica la participación de las fuerzas federales y preguntó cuáles son los procedimientos para llevar controles que impiden la infiltración de la delincuencia en organizaciones de defensa comunitaria.

El diputado David Pérez Tejada Padilla (PVEM) consideró que ante la crisis que vive el país, se complica la labor de las fuerzas de seguridad del Estado pues debe encontrarse el equilibrio entre garantizar el respeto a los derechos y libertades ciudadanas y hacer prevalecer el orden y la paz. Por ello, cuestionó qué mecanismos se implementan para la protección de los derechos humanos.

Al dar respuesta, el comisionado Rubido García subrayó que en cualquier tipo de manifestación, el gobierno de la República ha actuado con la finalidad de salvaguardar el derecho de cada uno de los manifestantes y con pleno apego a los derechos humanos. “Las fuerzas federales han estado atentas en el lugar para intervenir si fuera necesario. Afortunadamente, con base en la negociación, no ha habido necesidad de que los grupos antimotines efectúen el despliegue de desbloqueo”.

Señaló que durante 2014 se realizaron 838 inspecciones, las cuales derivaron en mil 8 medidas disciplinarias, de las cuales 172 concluyeron en denuncia ante el Ministerio Público. Asimismo, hubo la detención en flagrancia de 81 elementos, a través de operativos internos.

En la parte de formación, dijo, durante ese año, hubo capacitación para 30 mil 237 elementos de la Policía Federal en la modalidad presencial y poco más de siete mil 400 a distancia. También se sigue evaluando el desempeño y aplicando exámenes de control de confianza.

Rubido García aclaró que las acciones que lleva a cabo la Policía Federal responden a una estrategia previamente diseñada. “Hay una orden de operación la cual seguimos al pie de la letra y nos permite hacer una evaluación sobre los resultados del mismo”. Sin embargo, reconoció que hubo casos recientes donde no se actuó conforme a los protocolos. “Así lo hemos aceptado públicamente y así se ha sancionado a aquellos servidores públicos que no acataron las instrucciones que tenían”.

Precisó que se tiene la instrucción de que cualquier acción de seguridad pública debe hacerse con pleno apego y respeto irrestricto a los derechos humanos. Comentó que de diciembre de 2012 a la fecha, se han realizado 18 mil 396 actos de capacitación a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, sobre el respeto a derechos humanos. Asimismo, dijo que el número de quejas y recomendaciones ante la CNDH ha venido en descenso.

Por su parte, la subprocuradora Benítez Tiburcio reconoció que hay graves problemas sistémicos en todas las instituciones de procuración de justicia, “no se diga en la PGR”. Sin embargo, “estamos tratando de generar bases sólidas para construir lo que pueda ser la futura Fiscalía General de la República”, indicó.

Mencionó que en un periodo de dos años se han obtenido 79 sentencias condenatorias en contra de servidores públicos, solamente de la PGR y se han librado 202 órdenes de aprehensión en contra de ministerios públicos, agentes de investigación, peritos, mandos medios o superiores, servidores públicos con funciones administrativas, policías municipales y otros particulares.

En la segunda ronda, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI) preguntó ¿qué se está haciendo no sólo para aplicar la ley, sino para la etapa de sensibilización de los que procuran, imparten justicia en este país, y llevan a cabo las investigaciones correspondientes? Ello, en el contexto de la alerta de género, precisó.

En tanto, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN) refirió que el Sistema Penitenciario Federal no está alcanzando sus objetivos para lograr la reinserción de los sentenciados a la sociedad y procurar que no vuelvan a delinquir. En ese sentido, preguntó, ¿qué acciones se han llevado a cabo de manera coordinada con autoridades locales y federales, a efecto de poder cumplir el mandato constitucional sobre la readaptación social de sentenciados?

La diputada Roxana López Porquillo (PRD) preguntó sobre la información que presume que los 42 estudiantes desaparecidos en Guerrero estuvieron en algún momento en las instalaciones del Cuartel número 27 del Batallón de Infantería. Cuestionó si existe alguna línea de investigación que pudiera involucrar a elementos militares en esos hechos y, en su caso, cuáles han sido los avances que se han tenido.

En su turno, el diputado David Pérez Tejada Padilla (PVEM) pidió abundar sobre cómo fortalecer las capacidades de las policías locales, “porque a partir de ello se va a empezar a recobrar la confianza de la ciudadanía. Esto requiere una actuación decidida, coordinada y eficaz”.

Por su parte, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) refirió que un juez federal de Michoacán dejó en libertad a 43 de las 44 personas detenidas el pasado 6 de enero luego de un enfrentamiento en Apatzingán y dictó auto de libertad a 38 de los acusados, al estimar que la PGR no ofreció ningún elemento que ameritara sujetarlos a juicio por el delito. Cuestionó si se considera que el aparato de procuración de justicia es ineficiente para llevar a cabo las investigaciones.

Asimismo, inquirió por qué la PGR tardó dos años para tener una cifra oficial de personas no localizadas, cuántas averiguaciones previas se han iniciado por la desaparición forzada y si consideran que el delito de desaparición forzada está adecuadamente tipificada.

En respuesta, la subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio refirió que la investigación del caso Ayotzinapa es inédita en cuanto al despliegue de esfuerzos y recursos para fincar las responsabilidades a quienes cometieron ese delito, y subrayó que no se tiene ningún elemento que permita orientar la investigación hacía las Fuerzas Armadas.

Explicó que en la PGR se ha capacitado un número importante de servidores públicos que trabajan día con día en las investigaciones en materia de alerta de género. Añadió que se han certificado, 13 áreas de la PGR en temas que tienen que ver con la prevención de la violencia contra las mujeres.

Benítez Tiburcio detalló que en cuanto a la libertad de los detenidos en Michoacán, se consignó con los elementos que se tenían en ese momento y el juez determinó que eran insuficientes para determinar la probable responsabilidad de estas personas. Sin embargo, se detectó que hubo irregularidades en la actuación del Ministerio Público y “el día de hoy el procurador general ha destituido del cargo al delegado de la PGR en el estado de Michoacán, precisamente por una conducta irregular en el caso de Apatzingán”.

Respecto a las investigaciones en materia de desaparición forzada, se tiene 293 averiguaciones previas abiertas, iniciadas en esta materia. Consideró que el marco legal es insuficiente y por ello el Presidente de la República ha mandado una iniciativa de reforma para homologar el tipo penal, y otra para expedir una ley general que permita homologar no sólo el tipo penal de desaparición forzada, sino otros delitos como la tortura.

Por su parte, Monte Alejandro Rubido García señaló que la búsqueda de los estudiantes normalistas se realizó apegada a un plan que se adecuó a la recomendación del Comité Internacional de la Cruz Roja; además, aseguró, se hizo en vinculación con los padres de familia, el grupo de alumnos, los asesores jurídicos del grupo y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Manifestó que en el Sistema Penitenciario Federal se administran actualmente 22 centros de internamiento, con capacidad instalada de 31 mil 170 espacios y hasta el último corte, el número de internos es de 24 mil 776. Es decir, indicó, “estamos al 79 por ciento de nuestra capacidad instalada”, y destacó que el orden prevalece dentro de los centros de reclusión.

El comisionado explicó que las corporaciones de seguridad municipal no están preparadas para combatir a la delincuencia porque cuando fueron concebidas se buscó hacer valer los actos y los bandos de buen gobierno, no para combatir a la delincuencia.

Señaló que hay policías municipales que perciben sueldos de 4 mil pesos mensuales, lo que propicia que sean ciudadanos que entran a trabajar por la necesidad de tener un empleo y no por una vocación de servicio. “Hoy en día ya estamos trabajando con un programa de profesionalización, el cual es parte fundamental, pero no total, de lo que tenemos que hacer para adecuar a las policías a las condiciones reales que está viviendo el país”.

A manera de conclusión, el comisionado Rubido García refirió las diez acciones de política pública de seguridad y procuración de justicia del Ejecutivo federal basadas en la prevención del delito, reconstrucción del tejido social, el sistema de justicia penal, la profesionalización de cuerpos policiales, transformación del sistema penitenciario y en la promoción y articulación de la participación ciudadana, en la cooperación internacional, principalmente en materia de inteligencia.

La subprocuradora Benítez Tiburcio garantizó que están abocados a resolver las investigaciones de casos relevantes, como el de Ayotzinapa y Tlatlaya. “Hemos actuado con toda responsabilidad, poniendo los elementos, recursos y el personal más capacitado”, apuntó y afirmó que trabajan con una visión de largo plazo para construir las bases de la futura Fiscalía General, que sea autónoma plenamente y ejerza el papel de representante de la sociedad.

La presidenta de la Tercera Comisión de la Permanente, diputada Aleida Alavez Ruiz, sostuvo que la realidad de inseguridad rebasa a todos y es el tema de mayor preocupación social, incluso por encima del empleo. “La justicia es una asignatura pendiente en este gobierno, porque la delincuencia sigue creciendo y no hay control”, concluyó.

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