20-01-2015.- La Tercera Comisión de la Permanente se reunió con el titular del Fideicomiso Río Sonora, Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para conocer el avance del pago a los afectados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de residuos tóxicos por parte de la minera Grupo México, el pasado 6 de agosto.

El funcionario dijo que al 13 de enero se autorizaron recursos por mil 40 millones de pesos y se han ejercido 768 millones para resarcir los daños ocasionados por el derrame de ácido en el Río Sonora.

Señaló que en los cuatro meses del Fideicomiso los pagos realizados equivalen a 10 veces el Producto Interno Bruto (PIB) de esa región y se aumentó el PIB per cápita mensual de 840 a 8 mil 198 pesos.

Refirió que la población de esa localidad suma alrededor de 23 mil personas, y dio a conocer que se han dado 27 mil 522 apoyos de manera directa, en efectivo, con cheques individuales o en tarjeta de débito.

Explicó que el derrame en el Río Sonora afectó 270 kilómetros del mismo y ocasionó el cierre de 322 pozos y norias a 500 metros de sus márgenes, lo cual paralizó la actividad económica y provocó que la población careciera de agua potable.

Por ello, dijo, se creó una Comisión Presidencial, se firmó un convenio con Grupo México y se constituyó un fideicomiso privado de dos mil millones de pesos, como fuente de pago único para remediar, reparar y/o compensar los daños ambientales y a la salud humana.

Se tuvo una aportación inicial de 500 millones de pesos, explicó, que será renovable por tres ocasiones; y cuando el patrimonio del Fideicomiso descienda a 50 millones de pesos, Grupo México tiene obligación de poner otros 500 millones.

Añadió que el 15 de febrero concluirá el resarcimiento social, e iniciará la remediación y limpieza de ecosistemas para que recuperen las condiciones previas al derrame.

Además, la COFEPRIS y la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud identificaron y documentaron todos los casos, encontraron la dermatitis por contacto con el agua y la gastroenteritis por ingesta de agua, como afectaciones agudas.

La Secretaría de Salud envió una unidad de atención médica y se instalará una de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental, que operará 15 años y referirá a hospitales de especialidades los casos de ingesta o contacto indebido de agua contaminada, “porque los metales pesados van a migrar y es posible que lleguen a contaminar algunos cuerpos de agua, superficiales o subterráneos”, advirtió.

La senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI) manifestó que existe inquietud de los legisladores por conocer información sobre esta situación provocada por el derrame de una solución acidulada de cobre en ese río y saber si se han revertido los daños.

De la misma bancada, el senador Arquímedes Oramas Vargas exigió realizar una revisión de las acciones implementadas por parte del Fideicomiso y el apoyo que se proporciona a los 25 mil sonorenses perjudicados por este derrame.

El diputado Sergio Augusto Chan Lugo (PAN) dijo que su grupo parlamentario se centra en la revisión del funcionamiento del Fideicomiso creado después de este desastre medioambiental, “el peor de la última década”.

Señaló que se deben analizar los antecedentes que dieron origen a ese fondo, por el mal manejo de residuos de una empresa, la cual reporta en los últimos años más de 2 mil millones de dólares de utilidades, “por lo que no le resulta gravoso pagar un Fideicomiso de dos mil millones de pesos”.

El diputado del PRD, Trinidad Secundino Morales Vargas, manifestó que es deficiente la regulación minera, pues los presidentes municipales de esta región “se quejan de los programas de apoyo con tintes clientelares por las elecciones próximas”.

Mencionó que el pago a ejidatarios no cubre una mínima parte del daño, por lo que se debe buscar que el apoyo sea a largo plazo y llegue a las víctimas, pues la sequía será más grave cada año y la contaminación podría resurgir con el curso de los años, afectando a los pobladores.

El senador del PVEM, Juan Gerardo Flores Ramírez, consideró necesario difundir todo lo relacionado con la problemática del Río Sonora, a fin de que la ciudadanía esté plenamente capacitada ante posibles contingencias en otras regiones. Es importante, dijo, que quien cause un daño ambiental pague por él y remedie los daños a la población y al ecosistema.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) resaltó que el derrame afectó a 25 mil habitantes y 35 pozos de agua potable, por lo que preguntó cómo se hizo el padrón de afectados y bajo qué lógica, ya que en noviembre concluyeron que el monto del siniestro sería de 20 mil millones y el Fideicomiso es de dos mil millones, de acuerdo con datos de la Semarnat. Además, no se ha realizado un censo para indemnizar a los afectados.

Durante la primera ronda de preguntas, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez (PVEM) preguntó cómo se garantizan las aportaciones al Fideicomiso a las que está obligado Grupo México.

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (PRD) cuestionó la fecha en que se creará un centro epidemiológico, para obtener resultados en cuanto a los daños en la salud de los habitantes.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) pidió que se aclare cómo se determinó el monto de dos mil millones de pesos del Fideicomiso, si no se sabía el costo total de remediación de suelos, agua y salud. Solicitó conocer cómo se determinó dicha sanción por zona, cabeza de ganado y daños comerciales.

En la segunda ronda de intervenciones, el diputado del PAN, Sergio Augusto Chan Lugo, inquirió por qué en la determinación del Fideicomiso, no se tomaron en cuenta los ingresos y las utilidades que genera la minera con los recursos naturales del país.

El diputado Willy Ochoa, del PRI, instó a los funcionarios que informen si se contempla construir alguna presa que prevenga un escenario similar en el Río Sonora.

Del PRD, el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, pidió conocer los parámetros de las dependencias para establecer apoyos económicos para los afectados, pues existe el caso de una cosmetóloga que recibe 300 mil pesos de pago, pero se niegan indemnizaciones a cultivos.

La diputada Irazema González Martínez Olivares (PRI) indicó que debe haber claridad en los tipos de apoyos que pague el Fideicomiso, más allá de los sociales, así como los pagos y conceptos que se han dado a cada municipio.

Al responder, Lacy Tamayo afirmó que las aportaciones al Fideicomiso a las que está comprometido Grupo México están garantizadas, porque hay procedimientos establecidos por Profepa, que derivaron en la firma de un convenio que no se pueden violar.

Explicó que se dieron apoyos económicos a los siete municipios afectados, lo que sirvió para reactivar a los organismos de agua que antes de la emergencia no funcionaban con normalidad. “Sólo 50 por ciento de tomas de agua estaban registradas; mucha de la infraestructura de abasto de agua estaba dañada y no operaba”.

Mencionó que 34 pozos ya están en operación y sólo dos ya no están en funcionamiento, uno de ellos por contaminación. Subrayó que las lluvias, consecuencia del huracán Odile, fueron precipitaciones que no se habían presentado en los últimos 60 años y favorecieron a que se diluyeran los metales pesados.

Dijo que existen dos presas de contención para evitar futuros derrames de contaminantes al afluente y se discute la construcción de una tercera, localizada fuera de los terrenos de la minera.

Subrayó que se aplicó toda la fuerza del Estado y se dio el mayor rigor de las dependencias, de lo contrario no se habría logrado constituir este Fideicomiso, ni se hubieran detenido 50 por ciento de las operaciones en la mina.

En las estimaciones del costo del resarcimiento de daños, explicó, se realizó un procedimiento bajo criterios de procedencia, pero aclaró que “tenemos restricciones de publicar por los nombres de personas asociados a montos”.

Indicó que el 15 de septiembre se firmó el Fideicomiso con la mina y el 18 de ese mes se realizaron los primeros pagos a las personas afectadas en su salud, mientras que para el 30 se comenzaron los pagos individuales a todos los registrados, y después se realizó un tercer pago.

Destacó que las listas son de pobladores que de manera honesta dicen los montos de los pagos que solicitan, y quienes como mínimo reciben 14 mil pesos y por compensación 15 mil 530 pesos.

El procurador Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez, dijo que ninguna ley ambiental vigente contempla resarcir el daño a personas, lo que permitió utilizar mecanismos de solución de controversias “para obligar a la empresa, a través de un convenio y posteriormente un Fideicomiso, a dotar de recursos suficientes y atender la contingencia y reparación ambiental, así como a las personas”.

Respecto al Centro Epidemiológico, dijo que se dio una primera propuesta de 56 millones que se aprobaron en una sesión del Comité Técnico y ya cuenta con el centro de mando en Sonora. En materia de salud, agregó que la Unidad de Vigilancia Epidemiológica estará en Sonora hasta el 2029.

En su intervención, el director general del Organismo de Cuenca Noroeste, de la Conagua, César Alfonso Lagarda Lagarda, mencionó que han establecido que no se presente en un futuro la suspensión de ningún pozo y que estos se vean en riesgos de contaminación.

Agregó que actualmente el organismo lanzó un concurso para la construcción de 38 nuevas plantas con tecnología que garantice que ningún pozo se vea en riesgo de contaminarse por algún metal.

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