21-01-2015.- Ante los crímenes a clérigos en el estado de Guerrero, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo que exhorta a la fiscalía de ese estado a realzar las investigaciones sobre los asesinatos de los sacerdotes Gregorio López Gorostieta, John Ssenyondo y José Ascensión Acuña Osorio.

Al referirse al dictamen, el diputado Fernando Rodríguez Doval (PAN) recordó que en diciembre del año pasado el sacerdote Gregorio López Gorostieta, de la Diócesis de Ciudad Altamirano, Guerrero, fue secuestrado y encontrado sin vida, después de denunciar la participación del crimen organizado en la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

En septiembre pasado, indicó, el padre José Ascensión Acuña Osorio fue también secuestrado y ultimado; y algunos años atrás, en junio del año 2009, informó, el padre Habacuc Hernández Benítez, junto con dos seminaristas también de la Diócesis de Ciudad Altamirano, fueron asesinados cuando se dirigían a una reunión pastoral.

En mayo de 2014, abundó, el padre de origen ugandés, John Ssenyondo, de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, desapareció y más tarde fue encontrado con otros seis cuerpos en una fosa clandestina. Dos sacerdotes más adscritos a la Arquidiócesis de Acapulco fueron “levantados” ese mismo año y continúan desaparecidos.

En ese contexto, explicó que un estudio del Centro Católico Multimedial reportó que México es el país latinoamericano más peligroso para ejercer el ministerio sacerdotal. Esa organización, refirió, ha registrado 47 atentados perpetrados contra miembros de la Iglesia Católica en los últimos 24 años, 45 asesinatos y 2 desapariciones forzadas. Señaló que entre las entidades más peligrosas se encuentran Guerrero, Michoacán y el Distrito Federal.

Rodríguez Doval agregó que desde el año 2009, el entonces Papa Benedicto XVI manifestó preocupación por los peligros que implicaba ejercer el sacerdocio en México.

“Hoy las preocupaciones entonces manifestadas se actualizan. De los 45 asesinatos, 8 han acontecido en los últimos 2 años, mismo periodo también en el que los robos a templos se han incrementado en un 100 por ciento”, comentó.

En ese sentido, apuntó, esos acontecimientos van en contra del derecho humano fundamental a la libertad religiosa, enmarcado en el artículo 24 Constitucional, el cual reconoce esa libertad, que, dijo, en varias zonas de este país, este derecho a la libertad religiosa no está garantizado por las autoridades.

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