19-02-2015 La Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios registrados en México, se reunió con la titular del Instituto de las Mujeres de Guanajuato, Adriana Rodríguez Vizcarra, con el propósito de conocer los avances de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en esta entidad.

Dicha declaratoria, la cual se emitió de acuerdo con el Informe del grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el estado de Guanajuato, publicado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), señala que esta entidad posee el segundo lugar en casos de feminicidio.

Este documento precisa que entre abril y diciembre del 2013 se habrían triplicado los feminicidios en el estado de Guanajuato, pasando de 24 a 73 casos, y en el año 2014, entre enero y marzo, se presentaron 12 eventos. Asimismo, puntualiza que existe un incremento en la brutalidad y crueldad de los asesinatos de las mujeres, mayoritariamente jóvenes.

La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (PRD), presidenta de esta instancia legislativa, mencionó que esta reunión busca dar seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia emitida a Guanajuato, en la cual se propusieron 13 acciones para la salvaguarda de la vida y la integridad de las mujeres de ese estado del país.

La legisladora explicó que la declaratoria tiene el propósito de poner un alto a los feminicidios y la violencia en contra de las mujeres, a través del trabajo en conjunto de los órdenes federal, estatal y municipal.

Recordó que entre las recomendaciones expresadas a Guanajuato, se encuentran: realizar programas de capacitación a servidores públicos encargados de la procuración e impartición de justicia; fortalecer al Instituto de la Mujer Guanajuatense, y rediseñar el banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres.

De igual manera, crear una instancia de seguimiento de la violencia feminicida, generar protocolos de actuación especializados para los cuerpos de policía municipal y estatal e impulsar un programa de atención a hombres generadores de violencia, así como modificar conceptos en materia del delito hacia mujeres.

Por su parte, la diputada Julisa Mejía Guardado (PRD) reiteró el compromiso de la comisión por brindar los mecanismos orientados a la prevención de la violencia de género y feminicida, haciendo alusión a la transformación de patrones culturales, al ciclo de la violencia y a los derechos humanos de las mujeres.

Subrayó que sólo a través del trabajo en conjunto se logrará erradicar la violencia y disminuir los homicidios por cuestión de género.

Destacó el esfuerzo realizado por la entidad durante estos seis meses, en los cuales, por medio del trabajo coordinado de instituciones, ha llevado a cabo las acciones a las que fueron exhortados, a fin de poner un alto a la impunidad que refleja el número de mujeres que han padecido delitos relacionados con la violencia feminicida.

En su turno, la titular del Instituto de las Mujeres de Guanajuato, Adriana Rodríguez Vizcarra, mencionó que después de que fue entregada la Declaratoria de Alerta de Violencia se implementó un plan transversal con perspectiva de género desde nivel estatal y municipal.

Agregó que este plan se enfocó en la profesionalización permanente en materia de derechos humanos y perspectiva de género, para los servidores públicos encargados de la procuración e impartición de justicia, así como de las demás instituciones encargadas de la atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres.

Otra acción, dijo, es el rediseño del banco estatal de datos e información y un expediente único sobre casos de violencia contra las mujeres, para administrar la información de todas las instancias involucradas en la atención y sanción de la violencia contra las mujeres de toda la entidad.

Finalmente, sostuvo que se establecieron medidas necesarias para mandar el mensaje de “cero tolerancia” a la violencia perpetrada contra las mujeres, instituyendo un conjunto de acciones para que todas las autoridades estatales y municipales sean portadoras de dicho mensaje; para ello, afirmó, se aumentaron las penas hasta por 70 años de prisión a quienes atenten contra el género femenino.

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