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| Boletín N°. 5758 | Estado debería preocuparse por informar bien a la población; sólo 10 por ciento ha solicitado datos de transparencia |
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01-07-2015.- Diputados y expertos en transparencia y rendición de cuentas señalaron que en los últimos 13 años, el IFAI (ahora INAI) ha acumulado alrededor un millón y medio de solicitudes de información, pero sólo el 10 por ciento de la población recurre a este derecho, por lo que urge darle mayor difusión para que la recién promulgada Ley General en la materia tenga resultados positivos.
Durante la conferencia “Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Una Política Pública”, el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, José Luis Muñoz Soria (PRD), consideró que pese a lo avanzado del marco constitucional, “debería ser preocupación del Estado” que la sociedad mexicana sea tan desigual y no esté bien informada, así como necesario analizar las razones.
Por otra parte, sostuvo que uno de las grandes discusiones que deben ampliarse en el mencionado ordenamiento, es la relativa a la rendición de cuentas en el Poder Legislativo, pues, subrayó, el décimo tercero transitorio abre la puerta al incumplimiento de esta obligación.
“Nosotros hicimos la ley pero le vamos a quedar a deber a la sociedad”, enfatizó; empero, consideró que la norma es perfectible y la próxima legislatura se encargará de afinarla.
En tal sentido, Adriana Plasencia Díaz, especialista del Instituto Nacional de Administración Pública A.C., afirmó que diversas asociaciones civiles han calificado a este Poder de la Unión como “uno de los órganos con más opacidad en México”.
Al dictar su conferencia, indicó que las obligaciones señaladas para el Poder Legislativo en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, constituyen un paso importante; sin embargo, opinó que más relevante sería proporcionar información del trabajo legislativo en las cámaras federales y estatales.
“Se ha evaluado a los legisladores desde la perspectiva presupuestal, pero su trabajo en comisiones, su participación en proyectos de ley y puntos de acuerdo, y sus resultados, es información más trascendente para conocer por qué se votó por una ley y no por otra, o por qué se impulsó o limitó un punto de acuerdo”, abundó.
Coincidió en que es necesario hacer comprender a la ciudadanía que desde el Poder Legislativo se diseñan y construyen las políticas públicas, de lo contrario “se seguirá estando en deuda con lo que aquí se hace”. Asimismo, recomendó que un mecanismo de evaluación en este rubro sea propuesto en conjunto por la academia y el mismo Legislativo.
Plasencia Díaz precisó que, aunque popularmente se piensa que la información es poder, es necesario saber para qué sirve; de lo contrario, ayudará poco o nada para exigir rendición de cuentas.
Sostuvo que el proceso más complicado que atravesará la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, a diferencia de su formulación y diagnóstico, es su implementación.
“Lo que se plantea en la norma no es un trabajo menor, tiene que ser instrumentada y operacionalizada. Lo interesante es llevarla a la práctica y eso supone un trabajo de administración pública, un cambio absoluto de paradigmas donde los gobiernos y funcionarios no deberían esperar a que se les solicite información, sino hacerlo de manera proactiva”, abundó.
De igual manera, juzgó que tampoco servirá tener una buena Plataforma Nacional de Transparencia si no se posee información de todos los organismos públicos ni datos que interesen a quienes los solicitan.
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