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| Boletín N°. 5251 | Estado mexicano no debe ser catalogado como represor por Caso Ayotzinapa; participó la delincuencia organizada y hubo omisión de autoridades locales |
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11-03-2015.- Diputados de la Comisión Especial para dar seguimiento a las Investigaciones relacionadas con el caso de Ayotzinapa afirmaron ante el grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los acontecimientos del pasado 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, han golpeado sensiblemente a México, por tratarse de un atentado en contra de jóvenes.
Sin embargo, coincidieron en que la imagen que se ha formado a nivel internacional de nuestro país como un “gobierno represor”-derivado del hecho-, “no es algo que merecemos como Estado mexicano”, ya que estuvo involucrada la delincuencia organizada, ligada al narcotráfico, en la desaparición de los 43 normalistas, además de que el gobierno local no actuó oportunamente.
El presidente de la instancia legislativa, José Guillermo Anaya Llamas (PAN), sostuvo que este caso aún permanece abierto y existen muchos otros ámbitos en los que puede actuar la Procuraduría General de la República (PGR) para esclarecerlo y cuyas conclusiones serán incluidas en las que eventualmente también presente la comisión que preside, al finalizar sus actividades.
La comisión especial se reunió con el grupo interdisciplinario de expertos de la CIDH para coadyuvar en sus tareas de análisis sobre el Caso Ayotzinapa, que comenzaron el pasado 2 de marzo. Actualmente, algunos de ellos realizan entrevistas en Iguala a familiares de las víctimas y sobrevivientes de los hechos, informaron a los diputados.
La integrante del grupo interdisciplinario, la guatemalteca Claudia Paz y Paz, aclaró que su trabajo y el de sus colaboradores en México “no puede sustituir al Estado en la investigación, en los planes de búsqueda de los desaparecidos o en la reparación de daños a los familiares de los 43 normalistas”.
La labor del grupo, explicó, consiste en emitir recomendaciones a las autoridades correspondientes para aclarar el caso, en un plazo de tres meses, con prórroga de seis, de acuerdo al mandato de la CIDH y a los tratados de los que México es parte.
“Hemos estado trabajando en las oficinas de la PGR revisando el expediente, tenemos un plazo muy breve, y los hechos son bastante complejos, por lo que nos hemos dividido para apresurar las tareas”, comentó, por su parte, el también integrante del grupo Francisco Javier Cox Vial, de Chile.
Durante su intervención, solicitó a los legisladores explicar el avance de la iniciativa sobre la Ley de Desaparición Forzada, en virtud de que será de mucha utilidad para adecuar las recomendaciones de la CIDH respecto a la implementación de normas para combatir este flagelo en el país.
En tanto, la integrante del grupo, Ángela Buitrago, de Colombia, instó al Congreso de la Unión a hacer frente y a erradicar de México el fenómeno de la desaparición forzada, ya que a nuestro país está obligado a cumplir con las convenciones de derechos humanos de las que es parte.
“Tenemos expectativas en los proyectos que ya se han propuesto y recomendaríamos seguir en la búsqueda de la aplicación de las normas, pero sobre todo en la unificación con estándares internacionales en la materia”, abundó.
Los expertos explicaron que una ley para combatir la desaparición forzada en México debe considerar una tipificación uniforme del delito; protocolos de búsqueda, para coordinar a las autoridades y no perder tiempo valioso en el esclarecimiento de los hechos, y adecuar planes de búsqueda e investigación, al igual que en la reparación de daños.
En el encuentro, la diputada por Nueva Alianza, Sonia Rincón Chanona, solicitó al grupo de expertos investigar al director de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ya que “él es responsable de los alumnos” y los 43 desaparecidos, todos del primer año de estudios, obedecieron órdenes de los del tercer grado.
“¿Quién los manda y ordena? Se necesita saber quién está detrás de esto para ir jalando los hilos y llegar a la verdad de los hechos”, enfatizó y consideró urgente refundar a las Normales de todo el país para que el sentido de la formación didáctica de los alumnos cambie radicalmente.
En tanto, la diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) precisó a los expertos que, legislativamente, no se ha había hecho una revisión específica al tema de la desaparición forzada pues no tuvo mucha atención hasta que se dio el caso de Iguala. Es el tópico de combate al crimen organizado, abundó, en el que más se han concentrado los legisladores.
Por otra parte, insistió en que la desaparición de los normalistas, que derivó en señalamientos al Estado mexicano, “surge de una situación muy concreta que no se atendió oportunamente desde el gobierno local”, donde las autoridades del estado de Guerrero están involucradas con el crimen organizado.
A su vez, Lilia Aguilar Gil, diputada por el PT, opinó que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no sólo “pega al país” por tratarse de jóvenes, sino porque “deja en evidencia que el Estado ha participado en la criminalización y la violación de los derechos humanos de los mexicanos”.
Empero, precisó que el papel de los legisladores “no es el de destruir a las instituciones o ponerlas en duda, sino el de tratar de mejorarlas” por lo que la coadyuvancia con la CIDH ayudará a replantear a las instituciones, para que en México impere el Estado de Derecho.
Al término del encuentro, los diputados acordaron proporcionar a los expertos los dos informes emitidos por la comisión especial para dar seguimiento al Caso Ayotzinapa, al igual que una relación de las iniciativas de ley de desaparición forzada que se han impulsado en el Congreso.
Asimismo, se comprometieron a concretar una nueva reunión en conjunto con la Comisión de Justicia para abundar en el caso, y una más cuando concluyan las labores del grupo interdisciplinario de expertos de la CIDH.
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