03-11-2015.- Al clausurar el foro “Mujeres en Reclusión: Legislación y políticas públicas con perspectiva de género, una tarea pendiente”, la diputada Carolina Monroy Del Mazo (PRI) sostuvo que las mujeres no sólo son vejadas desde el momento en que sufren un delito, sino también la justicia acaba por victimizarlas simplemente por una condición de género.

Refirió que muchas mujeres embarazadas o con sus hijos, con justicia o sin ella, están privadas de su libertad; otras, en su propio hogar. “Cada una tiene que ser un factor de cambio, un agente que modifique la conciencia social sobre la importancia de la labor de las mujeres”.

“La equidad de género involucra a los varones, no sólo a las mujeres. No buscamos desplazar a nadie, sólo complementar la vida de México y que, por fin, podamos ser tratadas como verdaderos seres humanos, sólo eso queremos”, aseveró.

Afirmó que la integración de la mujer al quehacer productivo y el reconocimiento de su valor, garantizará una sociedad más democrática y cercana a lo que México requiere. “No buscamos nada excepcional, exclusivamente queremos el respeto integro a nuestros derechos”; por ello, se comprometió a trabajar seriamente durante la LXIII Legislatura para que los hombres y las mujeres del país puedan cumplir con esa obligación social.

Al dictar la conferencia “Mujeres privadas de la libertad en México. Un diagnóstico”, la doctora Ruth Villanueva Castilleja, Tercera Visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH) afirmó que es necesario clasificar los encarcelamientos de mujeres de conformidad con las Reglas de Bangkok y la Constitución mexicana, implementando programas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las reclusas.

En el evento, organizado por la Comisión de Igualdad de Género, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y Equis Justicia para las Mujeres, Villanueva Castilleja refirió que los delitos con mayor incidencia en las mujeres son contra la salud, robo y homicidio y son utilizadas por la pareja sentimental o son engañadas y “esto se tiene que tomar en consideración”.

Señaló que el cuatro por ciento de los internos son mujeres, esto es, 11 mil presas, “un tema que no se atiende con la importancia debida, porque voltean a ver al otro 96 por ciento, a los 240 mil hombres y eso implica desatender la situación y una violación a los derechos humanos de las detenidas”.

La mitad de las mujeres internas están procesadas y el otro 50 por ciento en proceso. “Es terrible, es un número altísimo; es mucho lo que tardan en tener sentencia, y para cuando se dicta, unas salen absueltas y otras compurgadas”.

Además, actualmente hay 400 niñas y niños en 410 centros penitenciarios con sus madres. “Es una cifra que fluctúa, y no son pocos, se tiene que atender esta población de manera especial”, comentó.

Indicó que hay una propuesta de ley de ejecución de sanciones, que valora la posibilidad de homologar la edad de los menores para poder permanecer con sus mamás en la cárcel; además, garantizar condiciones de vivienda, higiene, alimentos, salud, educación y recreación.

Señaló que esos niños enfrentan una problemática compleja y se debe especificar hasta qué edad pueden permanecer en el centro de reclusión con sus madres, pues hay lugares donde pueden estar sólo hasta los tres o seis meses; otros hasta los 6 años “y hay lugares que están hasta los 8 y 12 años”.

Afirmó que en los primeros tres años es muy importante el contacto con la madre en el desarrollo del infante, pero hay que evaluar en qué condiciones, porque los pequeños en la cárcel viven situaciones de violencia, tristeza, frustración y abandono; cuando salen, no conocen el exterior, nunca han visto la calle “y esto también es una descomposición de la personalidad del niño”.

Como no hay condiciones para que los niños estén bien, y lo óptimo es que estén con sus madres, surgen las Reglas de Bangkok para determinar qué tan posible sería que algunas presas, con determinados perfiles, pudieran obtener una liberación anticipada.

Dijo que la ONU emitió esas reglas, especializadas en la atención de la mujer privada de su libertad, que requiere atención diferenciada por su situación al cometer un delito y cómo afecta a sus hijos. La mayoría de esa población carcelaria tiene entre 18 y 30 años, mientras que 30 por ciento entre 31 y 40. “Son mujeres jóvenes en edad reproductiva que ya tienen hijos pequeños, se embarazan en la cárcel o llegan embarazadas”. Se pronunció por aplicar, conocer y difundir este documento para contar con un sistema especializado.

Se deben analizar las condiciones que enfrentan las mamás reclusas, protegiendo el interés del niño; además, emitir manuales de procedimiento, programas para atender el derecho a la salud y prevención de adicciones; preparación del personal; garantizar la reinserción social con capacitación para el trabajo y facilitar el acceso prioritario a los beneficios de la libertad anticipada.

Denunció que los reclusorios no están pensados para personas embarazadas, con niños recién nacidos, amamantando, ni con jardín de niños o guarderías; hay insuficiencia de alimentos y medicamentos, además de que se les castiga con aislamiento, pese a que no se les deben aplicar esas sanciones.

María del Mar Perales, representante de la Oficina de las Naciones Unidades contra la Droga y el Delito (UNODC), destacó la importancia de las Reglas de Bangkok, emitidas en 2010 por este organismo, para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, como una normativa jurídica internacional que toma en cuenta la condición femenina y la perspectiva de género, a fin de que la mayor parte de los países las adopten en su marco legal, ya que no lo contemplan.

Este protocolo garantiza que las mujeres que purgan una condena tengan derechos, como estar en una penitenciaria lo más cercana donde vive su familia, decidir si sus hijos menores permanecerán fuera o dentro del reclusorio y no sufrir discriminación; y si son extranjeras, puedan mantener contacto con el consulado de su nación; contar con servicios de salud integrales para ella y sus vástagos, así como una serie de medidas que garanticen la reintegración social, entre otras.

Además, que en todas las gestiones se respete su intimidad, dignidad y que sus datos sean confidenciales.

Perales resaltó la necesidad de investigar, planificar, evaluar y que haya sensibilidad política para impulsar una reforma legislativa mexicana que incorpore las Reglas de Bangkok y logre un cambio, ya que prevalece una deuda con la mujer en todo el sistema penitenciario.

Precisó que en el sistema carcelario las mujeres privadas de su libertad ocupan entre el 4 y 8 por ciento del total, por eso “aparecen invisibles”, ya que las cárceles se organizan en función de las necesidades de los varones. “Son una pequeña minoría que padece problemas adicionales, debido al género y están expuestas a abusos físicos, psicológicos y aislamiento, y por no continuar con la atención de sus hijos, provoca un impacto social devastador”.

Sostuvo que la problemática de las mujeres reclusas es complicada porque muchas están al frente de una familia, tienen hijos menores de cinco años, están embarazadas, lactan y viven en extrema pobreza. Una gran mayoría no conoce sus derechos, y la repercusión en la familia por la estigmatización y rechazo social que representa una condena, coloca a la mujer en alto nivel de vulnerabilidad ante el suicidio.

Por su parte, Corina Giacomello, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) propuso una política penitenciaria centrada en la mujer y sus hijos, que retome las Reglas de Bangkok para diseñar políticas públicas específicas para las reclusas que permitan contemplar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan.

Durante la conferencia “Política de drogas, mujeres y reclusión en América Latina”, señaló que se encarcelan mujeres pobres, jefas de hogares monoparentales y los niños no tienen por qué estar en reclusión. La perspectiva tiene que cambiar y tomar en consideración el interés superior del niño, apuntó.

“El Estado, en su calidad de garante, tiene que decir: no las voy a encarcelar, porque el niño tiene derecho a la madre y eso debe asegurarse. Son sujetos de Derecho”, subrayó.

El marco legal debe contemplar a las personas por encima de las drogas, porque en el caso de mujeres que las transportan, las penas se definen en función de la ganancia en que se venderá el estupefaciente.

“En México, la manera específica en que se aplica el encarcelamiento de mujeres acusadas de delitos de drogas crea condiciones de reclusión más exacerbadas que las que vive el resto de las detenidas, esa falta se encuentra entre las primeras causas de privación de la libertad, el 50 por ciento de las acusaciones de delitos federales es por estupefacientes”, comentó.

Afirmó que hay una deuda del Poder Legislativo para construir un marco jurídico penal que coloque a la persona en el centro y no sólo como receptora pasiva, adoptando las Reglas de Bangkok, como el estándar al que se ambiciona y se tome en cuenta la voz de las presas, para diseñar políticas de drogas, aprovechando el espacio de maniobra que ofrece el andamiaje legal internacional, y se eliminen candados, a fin de lograr leyes más justas.

Aseguró que “la ley no es la panacea, no lo hace todo para transformar la realidad, pero sí está del lado del más débil. Permite una herramienta de defensa, como el que los niños permanezcan con sus madres en las cárceles hasta los seis años, pero cada centro penitenciario aplica a discreción esta medida”, refirió.

Julieta Di Corleto, Defensora Pública Adjunta de Argentina, explicó que en su nación hay una Ley de Arresto Domiciliario para mujeres embarazadas, que tengan un hijo menor de cinco años o a una persona discapacitada bajo su cuidado, que les permite permanecer en su hogar y evitar el impacto de una condena.

Dijo que en su país la participación de las mujeres en los delitos aumentó 350 por ciento; de éstas, el 70 por ciento fueron encarceladas por delitos de drogas, y tienen una edad promedio de 34 años, en etapa reproductiva, y ya tienen hijos o proyectan tenerlos; el 85 por ciento de ellas son madres y el 63 por ciento eran el único sostén del hogar. Ante ello, explicó se deben cuidar y proteger sus derechos sexuales y reproductivos.

El impacto de esa ley de 2006, permitió disminuir la población femenina recluida de 80 a entre 39 y 47“y la cifra se mantiene ahí”.

Dijo que se deben conocer los próximos desafíos, porque hay estructuras de dominación que se siguen replicando y grietas en el poder judicial de la nación sudamericana. “Por eso hay que trabajar estos procesos colectivamente y con diferentes actores”.

Pese a que hay quienes gozan del derecho al arresto domiciliario, “siguen sin tener trabajo ni qué comer”. Falta mucho en términos de ley para transversalizar la perspectiva de género en el marco jurídico, redefinir pautas de determinación de las penas y aminorarlas para delitos relacionados con el narcotráfico, estimó.

La coordinadora del Colectivo Artesana, Andrea Barrios Paiz, dijo que es una limitación del sistema penitenciario de diversos países de Latinoamérica, asegurar el ingreso, permanencia o visita de los menores a los centros de reclusión con sus madres, si no se sabe cuántos son en realidad; sin embargo, afirmó que en la región existen dos millones de niñas, niños y adolescentes con un familiar encarcelado. Sugirió vincular el sistema penitenciario con el de protección a la niñez.

Subrayó la importancia de que la crianza de los menores se realice cerca de su madre, a pesar de que esté encarcelada o haya limitaciones en materia de salud, alimentación o infraestructura, ya que los infantes que permanecieron a lado de sus progenitoras mostraron un buen nivel en la curva de desarrollo. “Debemos escuchar a la niñez para determinar si deben vivir o no dentro de los centros de reclusión con ellas”, propuso.

Destacó que en el caso de México muchas mujeres son detenidas por delitos asociados a las drogas, mientras que en países como Honduras, Guatemala y El Salvador es por el crimen de extorsión. “Lo común en ambos casos es usar a la mujer para cometer el delito”.

Sostuvo que hoy por hoy “la prueba de amor” es delinquir con el varón, lo que, mencionó, es una mala comprensión del amor y es ocasionada por una negativa función patriarcal, la cual indica que se hace lo que el hombre le pide.

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