08-11-2015 El diputado Waldo Fernández González (PRD), integrante de la Comisión de Justicia, impulsa iniciativa que plantea crear un patronato de asistencia a familiares de internos en los Centros de Readaptación Social, con la participación de organizaciones de la sociedad civil y universidades públicas y privadas.

El legislador sostuvo que sentenciar a una persona en México es también condenar a su familia, ya que cuando un individuo es encarcelado, es común que la estabilidad emocional y económica de sus parientes se vea seriamente afectada.

Explicó que las familias de los internos recluidos en los penales de la República, transitan por estados de emergencia alimentaria y condiciones caracterizadas por una insolvencia económica que les impide acceder a un contexto de vida digno en materia de vivienda, salud y desarrollo educativo.

Además, la economía doméstica es mermada por los gastos derivados en el apoyo a su familiar recluido en la cárcel y por las nuevas erogaciones a causa de los costos legales de su proceso judicial, y en alimentación y salud.

Destacó que esos núcleos familiares tienen un insignificante acceso a programas derivados de políticas públicas dirigidas a grupos en vulnerabilidad por pobreza o riesgos educativos.

Ante este panorama, Fernández González consideró necesario reformar la denominación del capítulo IV y adicionar el artículo 15 Bis a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, con el propósito de establecer dentro del marco jurídico la asistencia a liberados y a familiares de internos.

Expuso que la iniciativa busca promover en cada entidad federativa la creación de patronatos, los cuales serían sustentados de conformidad con sus posibilidades presupuestales y fomentarían la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, universidades públicas y privadas.

Waldo Fernández, indicó que con esta reforma se lograría revertir los efectos negativos dentro de las familias de los reclusos, tales como la inseguridad de empleo y de vivienda; depresión y otros trastornos psicológicos, así como crisis económicas y alimentarias, lo cual genera una segregación social y un desamparo institucional.

“El encarcelamiento de uno de los suyos coloca a las familias en condiciones de fragilidad en términos de inestabilidades emocionales, y de capacidad de respuesta frente a los conflictos y unidad grupal; por ello, es fundamental que los legisladores den las herramientas para que este proceso sea lo menos dañino para los parientes”, concluyó.

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