Boletín N°. 0456 Presentan ante el Pleno 21 iniciativas de reformas a diversos ordenamientos legales

11-11-2015 Legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados 21 iniciativas, las cuales fueron remitidas a las comisiones correspondientes para su dictaminación.

 

Reducir número de diputados de representación proporcional

 

 

El legislador Alejandro Armenta Mier (PRI) planteó reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el propósito de reducir a 100 el número de diputados electos por el principio de representación proporcional y establecer que ningún partido político podrá contar con más de 250 parlamentarios por ambos principios.

 

Dicha situación, explicó, permitirá bajar los costos de la Cámara de Diputados y diseñar una institución más funcional y eficaz, menos costosa para los contribuyentes, además de facilitar la toma de decisiones y la construcción de mayores consensos. Con la reforma, tan sólo por el concepto de 100 diputados menos en tres años se ahorrarían 699 millones 216 mil 300 pesos. Se canalizó a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la de Gobernación.

 

Crear Padrón Único de Beneficiarios de programas sociales

 

 

A las comisiones de Desarrollo Social y de Transparencia y Anticorrupción se mandó iniciativa de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio (PAN) que modifica las leyes General de Desarrollo Social, las federales de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para crear el Padrón Único de Beneficiarios de programas sociales, lo que ayudará a corregir duplicidad y sistematizar el seguimiento y evaluación de los mismos.

 

Rodríguez Rubio expresó que, de acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, sólo 55.3 por ciento de los programas sociales de los estados cuenta con un padrón público de beneficiarios y apenas el 53.6 por ciento da a conocer sus respectivos presupuestos. Con este padrón, dijo, se estará construyendo un piso mínimo de institucionalización y transparencia, especialmente en las entidades federativas y en los municipios.

 

Notificación personal en juicio contencioso

 

 

La diputada Evelyn Parra Álvarez (PRD) planteó modificar el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de establecer que en un juicio contencioso se deberá de notificar personalmente el auto, que admita la contestación de la demanda por parte de la autoridad, para efectos de que, en su caso, el actor pueda ampliarla.

 

Precisó que en México la idea generalizada es que no existe el suficiente impulso y trabajo de parte de las autoridades para lograr una procuración e impartición de justicia efectiva. La percepción de la ciudadanía señala que sólo confía un 46.2 por ciento en la labor que desempeñan los jueces; por lo que, para combatir la desconfianza, “esta legislatura tiene que tomar acciones y dotar de armas a los jueces para lograr el control de convencionalidad”. Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Impartir enseñanza de una lengua materna

 

 

Con la finalidad de instituir, en los planes y programas de estudio de educación básica, la enseñanza de una lengua materna, principalmente de aquellas que se encuentren en peligro de extinción, la diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez (PRI) presentó iniciativa que reforma los artículos 48 de la Ley General de Educación y 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

 

Se busca que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ubique geográficamente los lugares donde se hablan las diferentes lenguas y sus variantes, así como identificar cuáles se encuentran en riesgo de extinción, a fin de la Secretaría de Educación Pública defina cuáles se incorporarán. Bugarín Rodríguez destacó que en 2011, había en México 31 lenguas en situación de “seriamente en peligro” y 21 en “situación crítica”. Fue remitida a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Asuntos Indígenas.

 

Integración de comisiones bicamarales

 

 

Por Movimiento Ciudadano, la diputada María Elena Orantes López propuso iniciativa que reforma los artículos 88 de la Ley Orgánica del Congreso General y 56 de la Ley de Seguridad Nacional, para que las comisiones bicamarales, incluyendo la de Seguridad Nacional, estén integradas por al menos un representante de cada grupo parlamentario existente en cada una de las cámaras, respetando los principios de pluralidad y proporcionalidad.

 

Orantes López argumentó que las comisiones bicamarales de Concordia y Pacificación, de Seguridad Nacional, del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, y del Sistema de Bibliotecas, “se encuentran con un déficit de pluralidad y proporcionalidad en sus integrantes, cuando son dos elementos de gran relevancia en el Congreso de la Unión”. Se envió a las comisiones de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Gobernación.

 

Titular del DIF debe contar con título expedido por la SEP en materia administrativa y con experiencia en asistencia social

 

La diputada Olga Catalán Padilla (PRD) presentó iniciativa de reformas a los artículos 36 y 40 de la Ley de Asistencia Social, a fin de que entre los requisitos para desempeñarse como director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) e integrante del Consejo Consultivo el contar con un título expedido por la Secretaría de Educación Pública en materia administrativa y tener experiencia probada en materia de asistencia social.

 

La reforma, turnada a la Comisión de Salud, también establece que, en ningún caso, los integrantes del Consejo Consultivo podrán ser cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles del Titular del ejecutivo, de secretarios o subsecretarios de Estados, asimismo aplica para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

 

Atender deserción escolar

 

 

El diputado Carlos Bello Otero (PAN) dio a conocer iniciativa que establece adicionar una fracción I Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, con el propósito de que las autoridades en la materia desarrollen e implemente programas y acciones integrales para erradicar la deserción temporal y permanente de los educandos en los niveles de educación básica y media superior.

 

La reforma, turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos es fundamental, pues de acuerdo con datos del Informe Panorama Educativo de México 2014 durante el ciclo escolar 2012-2013 el nivel de deserción en educación primaria se ubicó en 0.7 por ciento; en educación secundaria, en 5.1 por ciento, y en media superior, en 14.3 por ciento.

 

Reformas a la Ley General de Protección Civil

 

El diputado Carlos Sarabia Camacho (PRI) presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, con el objetivo de que se elabore un Atlas Nacional, Estatal y Municipal de Riesgos, un Programa Interno de Protección Civil en las obras de Infraestructura, un Programa Virtual que permita definir acciones preventivas y de respuesta de alguna emergencia o desastre y se capacite al personal de brigadistas.

 

También propone crear una Secretaría de Protección Civil, y a nivel municipal una dirección; asimismo plantea que las entidades federativas deberán verificar que todos los ayuntamientos del país cuenten con su respectivo Atlas de Riesgos. Fue turnada a la Comisión de Protección Civil.

 

Gestionar enseñanza del idioma inglés a menores repatriados

 

La priista Rosa Guadalupe Chávez Acosta propuso reformar el artículo 14 de la Ley General de Educación, a fin de gestionar ante las instituciones de enseñanza, donde estén matriculados niñas y niños que han sido repatriados, la impartición del idioma inglés y se adopten medidas que permitan su adaptación al sistema educativo, mediante programas de becas, para que los estudiantes de la licenciatura en lenguas apoyen a estos infantes.

 

La iniciativa sostiene que con el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, fueron deportados entre 2010 y 2015, aproximadamente dos millones de mexicanos, con hijas e hijos, de los que de acuerdo con el reporte de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2014, se inscribieron en escuelas de México, 420 mil niños. Se envió a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

 

Expedir actas de nacimiento a hijos de familias que se encuentran en calidad de ilegales en Estados Unidos

 

Se envió a la Comisión de Población iniciativa que plantea que las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como el Instituto Nacional de Migración organicen campañas de concientización y orientación a las familias mexicanas, que se encuentran en calidad de ilegales en Estados Unidos, y se acerquen a las autoridades correspondientes para que se les expida el acta de nacimiento de sus hijas e hijos.

 

La reforma impulsada por la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta (PRI) también propone que en caso de que las familias sean deportadas, la Segob gestionará el apostillamiento de las actas de nacimiento, para que los menores estén en condiciones de adquirir este documento en el lugar de origen de los padres y con esto se determine de manera pronta la doble nacionalidad, en beneficio del interés superior del niño.

 

Proponen no autorizar seguros de gastos médicos mayores para servidores públicos inscritos al ISSSTE

 

La diputada Claudia Corichi García (Movimiento Ciudadano) propuso reformar los artículos 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, para que la Secretaría de la Función Pública no pueda autorizar la contratación de seguros de gastos médicos mayores toda vez que éstos representan una dualidad de beneficios para los servidores públicos inscritos al ISSSTE.

 

La iniciativa, remitida a las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y del Trabajo y Previsión Social, también establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrá autorizar seguros de gastos médicos mayores, como parte de los beneficios o prestaciones que reciban los servidores públicos incorporados a la administración pública federal.

 

Clases de educación física se impartan cuatro veces a la semana en sesiones de una hora

 

En su turno, el diputado Manuel Vallejo Barragán (PRI) presentó una iniciativa para modificar los artículos 7o. de la Ley General de Educación y 88 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el propósito de que las clases de educación física que imparten los centros escolares, de todos los niveles educativos del Sistema Nacional de Enseñanza, se impartan cuatro veces a la semana en sesiones de una hora.

 

Asimismo, se fomente la educación en materia de nutrición, la física y el deporte, para frenar el aumento de los índices de sobrepeso y obesidad. Se canalizó a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y del Deporte.

 

Estado invierta y apoye el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación

 

La Comisión de Puntos Constitucionales analizará la iniciativa presentada por el diputado Sergio Emilio Gómez Olivier (PAN) que reforma al artículo 3o. de la Constitución Política para que el Estado invierta y apoye el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación.

 

La propuesta precisa que para el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación, el Estado proveería recursos a las instituciones públicas de investigación y de enseñanza superior, otorgaría financiamiento a los proyectos que considere estratégicos para el desarrollo económico y social del país, contribuiría a la formación de capital humano, promovería la cooperación internacional y crearía incentivos para las actividades de investigación, de desarrollo tecnológico y de innovación que realice el sector social o privado.

 

Acta de nacimiento no contenga elementos ofensivos o discriminatorios

 

Del PRD, el diputado Tomás Octaviano Félix planteó modificar el artículo 58 del Código Civil Federal, a fin de que el acta de nacimiento contenga el nombre y apellidos que le correspondan y que en ningún caso podrá contener elementos que sean ofensivos, discriminatorios o sean motivo de exposición al ridículo para la persona.

 

Además, el juez del Registro Civil podría, a petición de parte interesada, si es mayor de 18 años, o si no lo es, por medio de los padres o quien ejerza la patria potestad, por medio de su representante legal, realizar de manera pronta y expedita las modificaciones a las actas de nacimiento que contengan nombres, apellidos o apellidos con nombres propios, que sean ofensivos o discriminatorios para la persona, haciendo constar también en el acta el nombre que fue modificado. Se mandó a la Comisión de Justicia.

 

Ampliar espectro de grupos sociales objeto de discriminación y sancionar con hasta tres años de prisión

 

La diputada Claudia Edith Anaya Mota (PRI) propuso reformar el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, a fin de ampliar el espectro de grupos sociales que son objeto de discriminación y aplicar sanción de uno a tres años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días multa al que la realice.

 

La legisladora destacó la importancia de frenar los actos de discriminación a través de una sanción y permitir que muchas personas que ahora se les niega algún derecho educativo, laboral, deportivo o en materia de salud, “ya no se siga haciendo y todos podamos crecer en equidad de circunstancias bajo los mismos preceptos de desarrollo”. Se envió a la Comisión de Justicia.

 

Proponen dedicar el 8 de noviembre a los Urbanistas Mexicanos

 

 

El diputado José Lorenzo Rivera Sosa (PRI) propuso a la asamblea declarar el 8 de noviembre de todos los años como el Día del Urbanista Mexicano, para reconocer a estos profesionales “que hacen un hábitat más agradable y funcional”.

 

Al fundamentar su iniciativa, turnada a la Comisión de Gobernación, destacó que vivir educadamente “es un derecho básico, humano y fundamental, además de un esfuerzo por generar el mejor entorno para la sociedad en determinado espacio geográfico”, por lo que “debemos recordar siempre la importancia de contar con buenas condiciones que queremos en el mediano y largo plazos”.

 

Capacitación permanente y certificación periódica para técnicos y auxiliares en salud

 

 

Por Acción Nacional, el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía planteó enmendar la Ley General de Salud para asegurar que el personal técnico y auxiliar de salud, cuenten con adiestramiento permanente y certificación periódica por parte de colegios y organizaciones competentes en la materia.

 

Dicha iniciativa, turnada a la Comisión de Salud, tiene como objetivo evitar malas praxis que deriven en el incremento de los costos de intervención y daños al paciente. Asimismo, dijo el diputado, está pensada para que el personal técnico y auxiliar de salud tengan una mejor remuneración económica, ya que en México son mal pagados en comparación con otros países.

 

Abonar certeza jurídica para que los recursos a municipios lleguen oportunamente

 

Del PRD, el diputado Julio Saldaña Morán propuso modificar la Ley de Coordinación Fiscal para “abonar a la certeza jurídica de que los recursos destinados a los municipios llegarán de manera oportuna”.

 

Para tal efecto, planteó especificar en dicha norma que “en caso de que los gobiernos de los estados retrasen la entrega de recursos sin causa justificada, se mandata a la Federación para hacer la entrega de manera directa al municipio en plazo no mayor a 30 días naturales”. Su propuesta fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Proponen disminuir el tiempo requerido para que embarazadas accedan a subsidios de maternidad

 

 

Por el Revolucionario Institucional, la diputada Yulma Rocha Aguilar expuso su iniciativa para disminuir en 50 por ciento el número de semanas de cotización requeridas para que una trabajadora embarazada goce del subsidio de maternidad, pasando de 30 a 15.

 

Esto se lograría reformando el artículo 102 de la Ley del Seguro Social y permitirá “que haya más oportunidad para las mujeres trabajadoras de acceder a este beneficio y no se vean condicionadas a un tiempo prolongado”, lo cual calificó de discriminatorio. Su iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Social para su análisis.

 

Programas de salud a domicilio para personas en situación de vulnerabilidad

 

 

La diputada Maricela Contreras Julián (PRD) propuso a la asamblea reformar la Ley General de Salud para obligar a la Federación y los gobiernos estatales a implementar programas de salud a domicilio para mujeres embarazadas, personas adultas mayores, enfermos postrados o en situación terminal, personas con discapacidad, y menores de edad.

 

Al fundamentar su iniciativa, turnada a la Comisión de Salud, indicó que programas como éste han tenido efectos positivos en el Distrito Federal, además de que las acciones permitirán que todas las personas tengan acceso al derecho a la salud, prioritariamente, “aquellas que no cuentan con algún esquema de seguridad social y las que pertenecen a los sectores más vulnerables del país”.

 

Incluir término de reincidencia en el Código Penal

 

La diputada María Gloria Hernández Madrid (PRI) presentó iniciativa que reforma los artículos 20, 21 y 90 del Código Penal Federal, para incluir el término de reincidencia y definirla como aquella en que el condenado por delito doloso en sentencia ejecutoria dictada por cualquier tribunal nacional o extranjero, sea procesado por uno nuevo, si no ha transcurrido desde el cumplimiento de la condena o desde el indulto de la misma, un término igual al de la prescripción de la pena.

 

Se plantea considerar que si el reincidente en el mismo género de delitos es condenado por un nuevo delito doloso, será considerado como delincuente habitual, y determinar que se podrá disfrutar de la condena condicional si el sentenciado no es reincidente. Fue canalizada a la Comisión de Justicia.

 

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