• Corrupción, principal barrera para el correcto ejercicio de gasto y la adecuada elección de proyectos: legisladores

• Realizan en San Lázaro el foro: “De qué hablamos cuando hablamos de austeridad”

09-10-2014.- Durante el foro “De qué hablamos cuando hablamos de austeridad”, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, legisladores y expertos consideraron que la falta de recursos perjudica a quien más necesita de asistencia, por lo que pidieron privilegiar el gasto en inversión para evitarlo.

En el evento, la coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, diputada Rocío Nahle García, consideró necesaria la participación de especialistas en materia presupuestal para elaborar y consecuentemente aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2016, cuya propuesta del Ejecutivo, precisó, “viene con importantes recortes”.

“Con anterioridad presentamos una iniciativa para la redistribución del gasto. Hubo mucho dinero etiquetado el año anterior, pero mal distribuido. La eficacia del gasto no es la adecuada y hay un derrame de corrupción en el país”, aseveró.

Cuestionó que desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se hable de mayor ingreso, pese a la baja producción petrolera y la caída en precio por barril, así como por la disminución del costo de la gasolina anunciada para el próximo año.

Por su parte, el presidente de la Comisión del Distrito Federal en el Senado, Mario Delgado Carrillo (PRD), aseguró que en lo que va de la actual administración, se han realizado ocho correcciones respecto al crecimiento del PIB. “Es una estrategia que oculta un aumento de gasto que es insostenible”.

“Vamos a llegar a un crecimiento, a lo mucho, arriba del 2 por ciento, pero gastamos y nos endeudamos como si estuviéramos por encima del 3.5 por ciento”, sostuvo.

Subrayó que el ejercicio de recursos se ha vuelto ineficaz, principalmente por cuestiones de corrupción; no amplía las condiciones de bienestar, tampoco genera crecimiento económico, ni ayuda a tener mejor seguridad, educación y salud para la población. “Debe terminarse con bolsas discrecionales o proyectos donde se compruebe que legisladores o funcionarios reciban moches”, recomendó.

Propuso cambiar la forma de evaluación del ejercicio del presupuesto y dar facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que realice sus revisiones, tomando en cuenta el éxito de cada uno de los programas federales.

El diputado Vidal Llerenas Morales (Morena) mencionó que en distintos escenarios mundiales se ha demostrado que la austeridad no es la mejor respuesta, lo que ha llevado a que, por ejemplo, se realicen movimientos sociales “anti austeridad” en Europa.

Explicó que en México la recaudación originada por la Reforma Fiscal es poca y no afecta a los más ricos; por el contrario, daña el consumo de las personas y ocasiona un déficit público mayor al 3 por ciento.

“No se ve el impacto en la calidad de vida con los bajos presupuestos. Estoy a favor de altos gastos públicos, pero que sean con orientación de productividad”, especificó.

Sugirió que entre las medidas que podrían implantarse está el reducir el gasto por arrendamientos de oficinas para dependencias federales y “dejar de destruir a las instituciones públicas encargadas de la inversión, como lo son la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua)”.

Sostuvo que en la Cámara de Diputados se aprueban proyectos que no cuentan con evaluaciones. Se deben analizar para que sean propuestas técnicamente solventes, propuso.

En su exposición, Sunny Arely Villa Juárez, asociada del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), llamó a elaborar un presupuesto que sea sostenible en el mediano y largo plazo y contar con una estrategia que indique qué programas pueden cambiarse sin afectar los bienes y servicios públicos, para que sean más efectivos.

Aseguró que de nada sirve que existan programas prioritarios si se les asigna menos del 0.1 por ciento del PIB. “Debemos pensar en una política que vaya desde el ciudadano, en donde sean reconocidos los derechos políticos”.

El director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A.C., José Luis de la Cruz, apuntó que el actual proyecto de Presupuesto de Egresos presenta cosas “curiosas”; por ejemplo, “¿por qué plantea un programa de austeridad si proyecta que logrará más de 50 mil millones de pesos adicionales?”

Además, reduce en más de 160 mil millones de pesos la inversión, lo cual “es un error que se ha cometido en tres décadas anteriores”, señaló.

Es más fácil castigar el gasto en inversión en la austeridad, que reducir el gasto corriente porque hablamos de personas, sueldos y salarios, sostuvo.

El economista y director de la Consultoría ITG, Jorge Chávez Presa, pidió a la Cámara de Diputados devolver al ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 su espíritu de servir como un amortiguador macroeconómico y para dar estabilidad a los ejecutores. Este ramo, explicó, fue creado originalmente para atender riesgo económico que implicaba el precio del petróleo, el costo de los granos y los desastres naturales.

Consideró que deben depurarse los programas presupuestarios, dado que la Ley de Planeación es “absolutamente obsoleta”, y recomendó terminar con “la obscena política de comunicación social” de los tres órganos de gobierno.

Aseguró que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados están distraídas de los trabajos del presupuesto, por lo que deben estar más atentas a la “concentración de estructuras programáticas”.

La coordinadora del Programa de Gasto y Rendición de cuentas de México Evalúa, Mariana Campos, explicó que el fracaso de gastar más, sin que haya impactos importantes, está en “los arreglos interinstitucionales inadecuados”, ya que no generan los incentivos idóneos para la asignación y vigilancia del gasto.

“La política de austeridad, para que pueda cumplirse, requiere que haya una buena gobernanza del presupuesto público. Se financian decenas de obras, como hospitales, que quedan abandonadas por todo el país”.

Precisó que tan sólo en Internet se puede evidenciar el abandono de 16 hospitales, lo que implicó “tirar a la basura alrededor de 5 mil millones de pesos”.

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