• Entregó el documento el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, de la Segob, Jaime Martínez Veloz

21-10-2015.- La Comisión de Asuntos Indígenas, que preside el diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (PRI), recibió del comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, de la Secretaría de Gobernación (Segob), Jaime Martínez Veloz, un anteproyecto de reformas constitucionales, para la armonización con los tratados internacionales la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Durante la reunión con el Grupo de Colegiado en materia de Legislación Indígena”, conformado por académicos, investigadores y especialistas en la materia, el legislador indicó que con este documento se abre el análisis y la reflexión del tema.

Se busca analizar las aportaciones para promover, desde esta Comisión, un cambio en la vida de los indígenas y puedan gozar plenamente de sus derechos porque, subrayó, “se tiene la Constitución, sí, pero también sistemas normativos en cada pueblo que deben armonizarse, pero con pleno respeto a sus particularidades, y derivar en políticas públicas que detonen el desarrollo y bienestar de estas comunidades, y abatir sus índices de pobreza”.

Refirió que se debe vigilar el ejercicio y acatamiento de la ley, hasta lograr una nueva cultura de respeto a sus derechos, de reconocimiento y de valoración a sus aportaciones como dueños originarios del territorio, lo que han aportado a la cultura, y garantizar la conservación de sus lenguas.

Propuso realizar dos foros para dar atención al tema de las mujeres indígenas –que por usos y costumbres no disfrutan plenamente sus derechos, sobre todo los políticos— y de los jóvenes indígenas, “porque muchos no piensan como nosotros y los hemos desatendido, necesitamos saber qué piensan de sus culturas, sus lenguas y de la lucha por una legislación adecuada a la realidad”.

Destacó la importancia de definir una ruta crítica con perspectiva para dar pasos firmes; “de lo contrario, los resultados serán poco satisfactorios y no sería perdonable para mí equivocar el camino, por eso quiero la valiosa orientación de ustedes y los diputados integrantes de la Comisión”.

El diputado Guadalupe Hernández Alcalá (PRD) manifestó su beneplácito respecto a la armonización legislativa y dijo que esta propuesta representa un buen avance, por lo que se analizará y trabajará “de manera exhaustiva, pues los Acuerdos de San Andrés han sido letra muerta”.

Se pronunció por establecer “las reglas del juego” y hacer valer el Artículo 2° de la Carta Magna, que contiene un amplio abanico para trabajar en las comunidades, y propuso reactivar la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

Enseguida, la diputada Karina Sánchez Ruiz (NA) destacó la importancia del trabajo coordinado y el diálogo con el comisionado y especialistas de las comunidades indígenas, pues la armonización es un reto muy grande. Reiteró su compromiso y responsabilidad con los indígenas por la problemática que enfrentan.

Al participar, el comisionado Martínez Veloz indicó que el proyecto “no está acabado, es una formulación que realizamos en forma colegiada y la distribuimos, no con el propósito de discutirla en este momento, sino de que se la lleven a sus comunidades, se revise para adecuarla, cambiarla y consultarla con los pueblos indígenas”.

La propuesta fue elaborada por Presidencia de la República con expertos en materia jurídica, luego de revisar la iniciativa de la Cocopa y de hacer un análisis comparativo con los acuerdos de San Andrés, “que han sido satanizados y descalificados sin argumentos”.

El compromiso de armonizar la legislación se plasmó en el Plan Sectorial 2013-2018, se publicó y, en septiembre de 2014, se estableció como directriz. Luego, enfatizó, lamentablemente pasó lo de Ayotzinapa, que por su gravedad y la necesaria presencia y responsabilidad con que se debe atender el tema, la armonización quedó en segundo término.

La legislatura pasada, continuó, hizo un buen esfuerzo para empujar estos trabajos; sin embargo, “indudablemente las condiciones del país cambiaron y, por otro lado, hay que decirlo con toda claridad: hay intereses en este país, en la sociedad, dentro y fuera del gobierno que nos les gusta el tema, les incomoda un asunto de esta naturaleza”.

No obstante, dijo Jaime Martínez Veloz, “estamos convencidos de que la construcción de un marco constitucional de esta naturaleza puede definir las reglas del juego, que hasta ahora no existen, y que podrían posibilitar mejores condiciones para los pueblos y la inversión, si va de la mano del respeto a los derechos de los pueblos”.

Esa ausencia de reglas, ha generado aproximadamente 270 situaciones conflictivas en el país que requieren la atención del gobierno, por lo que planteó crear la Procuraduría de los Derechos de los Pueblos Indígenas, para vigilar la aplicación de recursos, la incorporación de los pueblos a la toma de decisiones y puedan respaldar sus luchas, “que muchas veces pierden por no tener los instrumentos jurídicos y financieros”.

Señaló que la Comisión para el Diálogo, que encabeza, cuenta con un estudio de todas las dependencias que tienen recursos aprobados por el Congreso y que son aplicados en las comunidades, lo que permitirá saber “dónde estamos consolidados y dónde hay deficiencias, para robustecer una estrategia del Estado mexicano en materia de desarrollo y atención social a los pueblos indígenas del país”.

El investigador emérito de El Colegio de México (Colmex), el sociólogo Rodolfo Stavenhagen Gruenbaum, expresó que se deben armonizar la legislación nacional y las políticas públicas con lo que México ha suscrito en Tratados y Declaraciones Internacionales, porque la legislación y las acciones que las instituciones públicas toman, no corresponden adecuadamente a esos compromisos internacionales.

Dijo que se debe revisar la transversalidad de la norma en este tema, pues no hay una visión clara de lo que ya está legislado, cómo está legislado y qué incide en los derechos indígenas.

Planteó hacer un inventario y una evaluación de lo que ya existe en cuanto a la armonización, para saber dónde están los huecos y fortalecer los argumentos de reformas constitucionales. “Se debe decidir sobre un modus operandi, para trabajar de manera práctica con resultados visibles y firmados a fines de la Legislatura”.

-- ooOoo --