Boletín N°. 1733 Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no garantiza viabilidad de estaciones indígenas
  • No les autoriza financiamiento público, a diferencia de los medios privados, lamentan directores de estas emisoras

 

30-06-2016.- Directores de estaciones indígenas acusaron que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) no garantiza que sean viables las más de 30 emisoras de esta naturaleza en vías de recibir la concesión para uso social comunitario, ni que puedan migrar del espectro analógico al digital, ya que no se les autoriza financiamiento público o ingresos por publicidad, como ocurre con los medios privados.

 

En el foro “Marco legal y experiencias de las radios comunitarias e indígenas”, lamentaron que, a diferencia de otros países donde se estimula a dichas estaciones en términos de equidad, en México, el 90 por ciento de las frecuencias de radio y televisión están en manos de dos o tres familias u operadores.

 

“Las leyes en la materia, desde 1960 a la fecha, han sido diseñadas y aprobadas para preservar -por no decir regalar- el espectro radioeléctrico a los empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, limitando el acceso a los medios públicos, y excluyendo casi por completo a los comunitarios”, señaló Reyna Melchor, directora de Radio Teocelo (Veracruz).

 

Precisaron que estas emisoras no exigen anular los derechos del sector privado, sino que los medios públicos no gubernamentales y los comunitarios indígenas tengan las mismas oportunidades para desarrollarse, y que se distribuya de forma similar el espectro radiofónico, es decir, 33 por ciento para los medios comerciales, 33 para los públicos y 33 para los indígenas.

 

Melquiades Rosas Blanca, director de Radio Nandhía (Oaxaca), planteó reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado para exentar de este gravamen (16 por ciento) a las estaciones indígenas cuando obtienen concesiones para publicitar programas del gobierno, ya que las comunidades donde se asientan no cuentan con los instrumentos para hacer los pagos, como el Internet.

 

Esta, consideró, es una propuesta que deben revisar los legisladores, ya que las radios comunitarias se encargan de difundir las acciones del gobierno en zonas a donde éste no llega y entre personas que no hablan español, y obligaciones como el IVA les impide desarrollar sus trabajos con facilidad.

 

Indalecio Benítez Mondragón, representante legal de Radio Calentana (Estado de México), detalló que ésta, la primera estación de concesión comunitaria desde la entrada en vigor de la LFTR, se ha enfrentado a muchos retos para mantenerse al aire; sin embargo, recurrió al apoyo de Asociaciones Civiles y comercios locales para continuar con sus transmisiones.

 

Sostuvo que dicha estrategia se basa en la honestidad y el buen uso de los recursos que aporten los ciudadanos interesados en proyectos de radio. “Lo ponemos como ejemplo para aquellos que tengan dificultades para que su estación pueda funcionar. Sabemos que es difícil competir con radios patrocinadas, que pueden comprar tecnología”, agregó.

 

Por su parte, el director de Ojo de Agua Comunicación (Oaxaca), Indalecio Benítez Mondragón, se pronunció por aumentar el porcentaje de contenido dirigido a los indígenas en las televisoras y radiodifusoras públicas, tomando en cuenta que el 15 por ciento del total de la población pertenece a este grupo social.

 

Reconoció que esta propuesta “no va a gustar a las dos televisoras grandes”; sin embargo, consideró menester “abrir los horizontes de la audiencia para que conozcan y comprendan otros horizontes, y sepan cómo consumir y hacer otros medios de comunicación”, oportunidad que “no debe desperdiciarse”.

 

Pedro Jaime Flores, director de Inversiones y Coinversiones del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), explicó que entre los aspectos que dificultan el financiamiento a proyectos como las radios comunitarias, está la obligación legal de proteger las inversiones destinadas a ello.

 

Por ejemplo, las instituciones bancarias exigen documentos en los que el solicitante compruebe su historial de solvencia, de endeudamiento, de garantías en caso de no poder seguir pagando, su capacidad de pago y estudios de viabilidad del proyecto.

 

Si el individuo no cumple con estos requisitos, no se le proporciona el financiamiento, de ahí la instrumentación de distintos programas en el Inadem para respaldarlos frente a los bancos (con garantías que van de 50 mil pesos a un millón), y que puedan sacar adelante sus iniciativas.

 

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