03-11-2016.- La Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para recibir a los padres de familia de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, así como a un grupo de invitados especiales propuestos por los familiares, el miércoles 23 de noviembre, a las 10:00 horas, en el Salón Legisladores de la República, del recinto de San Lázaro.

Conforme al documento avalado en votación económica, el encuentro será ante las comisiones unidas de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y de la Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del GIEI, designado por la CIDH, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos".

La reunión se transmitirá en vivo por el Canal de Televisión del Congreso de la Unión.

Prospera debe priorizar a familias donde uno o más integrantes tenga algún tipo de discapacidad

En votación económica, el Pleno avaló exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social para que dentro de los criterios y requisitos para elegir a las familias que ingresan o reingresan al programa de inclusión social Prospera, en las reglas para tal propósito se priorice a las familias donde uno o más integrantes tenga algún tipo de discapacidad.

Dicho acuerdo deriva de una propuesta que hizo suya la Jucopo e impulsada por diputadas y diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios y el legislador independiente, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, toda vez que los gastos de familias que tienen un integrante con discapacidad se elevan exponencialmente, por lo que se vuelve imperante recibir un apoyo económico extra al ingreso familiar para lograr atender las necesidades básicas de dicha persona.

La propuesta precisa que Prospera es una de las herramientas más importantes de la actual administración federal para mejorar la calidad de vida de los sectores menos favorecidos, transformar la realidad de miles de familias mexicanas y reducir los índices de pobreza, a través de apoyos económicos para la alimentación y educación, y la incorporación de sus beneficiarios al seguro popular desde mayo de 2016, a fin de mejorar sus condiciones de salud.

En México, sólo 46.5 por ciento de las personas con discapacidad de 3 a 29 años de edad asiste a la escuela, porcentaje inferior al de las personas sin discapacidad (60.5 por ciento); de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 (Enadid), 23.1 por ciento de la población con discapacidad no tiene instrucción, cifra considerablemente más alta que la que se observa entre las personas sin discapacidad (4.8 por ciento).

Los gastos en salud dentro de las familias aumentan en 188 por ciento cuando en el hogar hay un integrante con alguna discapacidad. Del total de la población de 15 años y más con discapacidad, 32 por ciento no recibe dinero; y quienes tienen un ingreso lo perciben a través de su trabajo (40.2 por ciento), programas sociales del gobierno (39 por ciento), jubilación o pensión (21.6 por ciento) y por ayuda de personas que viven en el país (12.9 por ciento).

Atención integral del cáncer infantil en México

De igual modo, se ratificó el acuerdo de la Jucopo que solicita a los titulares de la Secretaría de Salud del gobierno federal, Instituto Mexicano del Seguros Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscribir un convenio de coordinación para la atención integral del mayor número posible de casos de cáncer infantil en México.

El acuerdo responde a una proposición del grupo parlamentario del PVEM, la cual subraya que en México, como en otras partes del mundo, el cáncer es un problema serio de salud pública al ser la segunda causa de muerte en personas de entre 5 y 14 años de edad, con más de 5 mil nuevos casos diagnosticados anualmente, y una prevalencia de 23 mil pacientes.

El cáncer infantil cobra cada año la vida de 2 mil 150 niños. Los recursos humanos con los que cuenta el país para atender a estos menores son limitados, para brindar atención a los 23 mil casos existentes. En 2014, se contaba con 180 oncólogos, 35 cirujanos oncólogos, 30 hematólogos, 10 radioterapeutas y 5 psicooncólogos, todos pediatras.

Según datos proporcionados por la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, IAP (AMANC), se estima que 2 mil 500 de los nuevos casos que se presentan en México reciben atención en instituciones de seguridad social; 2 mil tienen cubierto el costo de su tratamiento por el Sistema Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular), y el resto no tiene acceso aún a la atención médica especializada.

Es preocupante que alrededor de 2 mil 500 niños al año no tengan acceso a una atención médica adecuada para luchar en contra de la enfermedad. El costo promedio de un tratamiento oncológico es de nueve mil pesos a la semana, de acuerdo a AMANC, lo cual en muchos casos, dadas las condiciones de pobreza y marginación de sus familiares, se vuelve incosteable, incluso para aquellos que sí tienen acceso al apoyo de las instituciones públicas de salud.

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