03-11-2016.- La Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside la diputada Ana Georgina Zapata Lucero (PRI), solicitó una ampliación de recursos por 815 millones 342 mil 350 pesos para aplicarlos al Programa de Apoyo al Empleo (PAE), y lograr el mismo presupuesto que se le destinó para el ejercicio fiscal 2016.

El documento, avalado durante la sesión permanente de esta comisión, refiere que el citado programa es una herramienta de suma importancia para garantizar la estabilidad económica, pues procuraría continuar con las variables fundamentales de la política de desarrollo nacional.

Indica que los recursos destinados al PAE para 2017 ascienden a 911 millones 260 mil 550 pesos, que representan una disminución del 47 por ciento, en comparación con 2016.

Con la cifra solicitada para 2017 se alcanzaría un monto total de mil 726 millones 602 mil 900 pesos, cantidad igual a la de este año, y se evitarían distorsiones en el mercado interno, pues la pérdida de empleos implicaría un menor consumo.

El contexto económico del país propicia recortes presupuestales para eficientar el ejercicio del gasto público; sin embargo, precisa, existen condiciones para aumentar el presupuesto, pues el proyecto enviado por el Ejecutivo en materia de ingresos se modificó y se calculó una recaudación superior en 51 mil 380.2 millones de pesos.

Asimismo, la Comisión avaló una opinión favorable sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución en materia de justicia laboral.

Considera que los términos en que se plantea la minuta se permiten reformar de fondo el derecho procesal del trabajo a favor de los diversos actores que convergen.

Permitirá que la justicia laboral sea impartida por órganos del Poder Judicial Federal o locales y replantea la función de conciliación y la vuelve una instancia prejudicial a la que trabajadores y patrones podrán acudir. Así, los nuevos órganos de impartición de justicia laboral se podrán concentrar en tareas jurisdiccionales, mientras que la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación.

Replantea el sistema de distribución de competencias entre autoridades federales y locales; se crea un organismo descentralizado de la administración pública federal para registrar los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, y tendrá a su cargo la función conciliadora en el orden federal.

Asimismo, se tutelan los derechos laborales, conforme a la ley, de quienes prestan sus servicios en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y en las instancias laborales locales.

Se garantiza el voto personal libre y secreto de los trabajadores para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de la celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de sus dirigentes.

Considera que la iniciativa enviada por el Ejecutivo atiende la demanda de acceso a justicia objetiva, imparcial y eficiente, versa sobre la profunda transformación del sistema de justicia laboral e involucra a las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los ámbitos federal y estatal.

Además, busca terminar con inercias, vicios y prácticas que provocan incertidumbre jurídica de las partes durante un conflicto; elimina aspectos que hacen que la justicia laboral sea lenta, costosa y de difícil acceso, y combate la parcialidad, simulación, discrecionalidad y opacidad.

Bajo el actual esquema, los juicios laborales son largos, van de tres a cinco años, y perjudican a trabajadores y patrones, lo que ha propiciado que durante 2016 el 39 por ciento de las audiencias fueran diferidas. Con las modificaciones realizadas por la colegisladora a la iniciativa los procesos serán más ágiles, económicos y de mayor certeza jurídica, pues permite transitar hacia un modelo basado en la conciliación, la solución de fondo de los conflictos y la certeza jurídica.

Además, hay una desproporción del crecimiento de los asuntos respecto del incremento del personal en las Juntas, pues con dos mil 194 plazas se atienden 201 asuntos individuales por servidor público, lo que ha deteriorado la calidad de las resoluciones.

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