08-11-2016.- El recorte presupuestal a programas sociales propuesto por el Ejecutivo para 2017 no se apega a criterios de racionalidad, desempeño ni transparencia, por lo que es necesario mejorar la rendición de cuentas y orientar las asignaciones hacia las carencias sociales más apremiantes.

Así lo establece el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP) 2016, presentado a diputados secretarios de las comisiones de Presupuesto Cuenta y Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

El diputado Vidal Llerenas Morales (Morena), secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dijo que las reducciones no responden a una lógica de calidad de gasto, porque “se recorta por donde se puede”.

Durante la reunión con Alejandro González Arreola, director general de Gestión Social y Cooperación A.C. (Gesoc), la cual elaboró el INDEP, el legislador agregó que la disminución de la inversión pública pasó del seis al tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en esta administración.

En el presupuesto 2017, continuó, se afecta una buena parte de programas sociales, “pues se decidió no crecer el Seguro Popular, Prospera, 60 y más, y la tercera parte de los programas de emprendedores que había al principio del sexenio”.

El ajuste, añadió, pudo haber sido más racional con mecanismos de administración y asignación de gasto orientado a resultados, pero no los hay.

Sostuvo que el Congreso “no sirve como mecanismo para mejorar la calidad del gasto público”, por lo que en 2017 habrá afectaciones presupuestales importantes en educación, salud y combate a la pobreza, así como una inversión pública “de las más bajas de la historia”.

“Hay que irse como a la Segunda Guerra Mundial para encontrar tres puntos del PIB de inversión física del gobierno federal", apuntó.

Pidió que se conozcan las fuentes de financiamiento del gasto, crear una Oficina de Presupuesto y un Consejo Fiscal y un análisis de lo que el Ejecutivo gasta a lo largo del año con el Presupuesto de Egresos.

Refirió que hay un déficit de rendición de cuentas de las finanzas públicas y un problema de calidad del gasto. “En los últimos años hubo más gasto, pero no crecimiento económico, ni buenos resultados, porque no somos capaces de identificar los programas y asignaciones que tienen mejor impacto y mejores resultados”.

La diputada Minerva Hernández Ramos (PAN), secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, afirmó que en la evaluación presentada por Gesoc, la política pública en materia de desarrollo social está aprobada de “panzazo”, con un promedio de 65.3 puntos.

Señaló que 38 por ciento de los programas evaluados, es decir 45, están reprobados, y sólo 11 por ciento (13 programas) alcanza una calificación mayor a 90 puntos.

Refirió que los programas mejor evaluados –como Adultos Mayores, de Sedesol (97 puntos), Seguro Médico Siglo 21, de Salud, (96 puntos), y el Sistema Nacional de Conacyt (94 puntos)— tienen una disminución real de sus presupuestos de 4.27, 30 y 9.3 por ciento menos, respectivamente.

Aseguró que, “lejos de incentivar mayor presupuesto, va al revés”, pues el programa de Infraestructura Hídrica, de Semarnat, tuvo una calificación de 33 puntos, y se le mantienen recursos de más de dos mil millones de pesos.

“El índice que presenta Gesoc aporta elementos sólidos, objetivos y técnicos y los legisladores estamos obligados a tomarlos en cuenta en este proceso presupuestal”, consideró.

Explicó que se está trabajando en una nueva Ley General de Presupuesto que tome como punto de partida estos elementos para tener una optimización del escaso dinero público.

El diputado Juan Romero Tenorio (Morena), secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, apuntó que se debe empujar una visión social de transparencia, ya que el reporte presentado “nos da una imagen de la opacidad en varios programas”.

Podemos encontrar nuevas rutas para atacar la opacidad y éste es un buen ejercicio que da diversas directrices para tomar acciones que lleven a la transparencia, comentó.

Refirió que si bien hay un presupuesto aprobado, no se sabe cómo se ejerce, a quién beneficia, qué política pública persigue o qué uso político se le da.

La determinación del presupuesto por mayorías automáticas, sin análisis y evaluación, coloca en estado de indefensión a gobernadores, presidentes municipales, directores de institutos y consejos nacionales, actores políticos, cuyas solicitudes de presupuesto para 2017 alcanzan más de un billón de pesos, indicó.

Dijo que el sistema de aprobación de ingresos y egresos no funciona, en virtud de que no se transparenta ni sigue lineamientos de equidad y proporcionalidad, determinados en la Constitución Política. “Esto nos lleva a absurdos entre el índice de los diferentes programas y el presupuesto aprobado, (ya que) falta 50 por ciento del presupuesto ejercido”

En su exposición, el director general de Gesoc, Alejandro González Arreola, indicó que el recorte para 2017 es de 239 mil millones de pesos, de los cuales 91 mil 300 millones, 38 por ciento, corresponden a reducir programas y acciones de desarrollo social.

“El gobierno no necesariamente se ajustó el cinturón a sí mismo, como lo planteó el Secretario de Hacienda, ya que cuatro de cada 10 pesos del recorte se concentran en programas sociales. Tampoco fue necesariamente a las áreas donde había más condiciones de recorte sin afectar derechos sociales de las personas”.

Al presentar el INDEP 2016, González Arreola afirmó: el ajuste no obedece a una racionalidad en términos de desempeño y el hecho de que se concentre en programas de dispersión de política social, generará una fragmentación mayor de la política social, será más susceptible, no sólo de que no haya impacto social, sino de que eventualmente tenga uso electoral la política social.

“Con programas más pequeños es más probable su utilización para fines diferentes a los que originalmente fueron creados”, advirtió.

Para 2017 decreció el número de programas y también el presupuesto, al pasar de 157 programas a 84, y una disminución de 90 mil millones de pesos.

“Esas reducciones de gasto no necesariamente obedecen a una lógica de desempeño u otro elemento de racionalidad más allá de la inercia o de la posibilidad que se tiene de recortar sin generar problemas políticos”, sostuvo ante los legisladores.

Recorta por igual, programas de nivel de desempeño óptimo y alto potencial de desempeño, que aquellos que están en la “caja negra” –programas cuyo desempeño no es estimable— en los cuales se tiene un recorte ligeramente superior al nueve por ciento.

Informó que 24.8 por ciento de las acciones federales de desarrollo social (39 de 157), tiene graves problemas de opacidad que impiden estimar su desempeño, y obtuvieron un presupuesto de 72 mil 187 millones de pesos, 12 por ciento del total de los programas sociales analizados por INDEP en 2016.

Entre 2015 y 2016 disminuyeron los programas en la llamada “caja negra” de 26.7 a 24.8 por ciento, así como una reducción de 4.1 por ciento de los recursos que se les destinaron.

En el proyecto de presupuesto 2017, se plantea la continuidad de 22 de los 39 programas en “caja negra”, y para seis de ellos, un aumento presupuestal.

Se propone la continuidad de 11 programas con disminuciones que van del 5.6 por ciento en Implementación de Operativos para Prevención y Disuasión del Delito, hasta del 86.4 por ciento en Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción.

El documento informa que 84.7 por ciento de los programas sociales del gobierno federal –que representa el 59.1 por ciento del presupuesto que se les asignó en 2016— se encuentran en una de dos condiciones: no se pudo estimar su desempeño debido a su opacidad, o bien, no tienen posibilidad de resolver el problema público que abordan, debido a la dispersión programática y presupuestal.

Se solicita que la Cámara de Diputados dote de mayor racionalidad las asignaciones presupuestales de estos programas, fortalecer su transparencia y rendición de cuentas, y orientar las asignaciones hacia las carencias sociales más apremiantes.

Recomendó endurecer medidas de transparencia y rendición de cuentas en el PEF 2017 a los 22 programas que no proveen información para estimar su desempeño y concentrar en ellos las reducciones presupuestales, pues la Secretaría de Hacienda propone asignarles 65 mil 67 millones de pesos

Planteó no aprobar la reducción de 6.9 por ciento (10 mil 256 millones) que propone Hacienda a 11 programas que obtuvieron un nivel de desempeño óptimo, así como el ajuste a la baja del 6.8 por ciento (seis mil 411 millones menos que en 2016) a los cinco programas que mostraron un alto potencial de desempeño.

Propuso que “bajo ninguna circunstancia se incremente el recurso de los 24 programas con medio, bajo y escaso desempeño o que estén en la llamada “caja negra”, sino que en éstos donde se apliquen los recortes, y exigir una agenda de mejora sustantiva pública, precisa y monitoreable de estos programas.

También, que el Ejecutivo revise integralmente su política social para evitar los actuales niveles de dispersión, que se refleja en 22 programas de muy baja cobertura.

--ooOoo--