• Reunión en San Lázaro arroja datos e hipótesis que servirán para su búsqueda: Cándido Ochoa

23-11-2016.- Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa solicitaron a diputados de diversas comisiones su apoyo para el esclarecimiento de este grave caso de violación a los derechos humanos, y para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tenga un papel sustancial en revertir la impunidad existente.

Recalcaron que no es de su interés andar en marchas y protestas, pero se tiene una investigación que se ha ido enturbiando, ha sido tardía e incapaz de ofrecer verdad y justicia. Por ello, plantearon hacer lo posible para que la Procuraduría General de la República (PGR) siga una nueva línea de investigación, ya que la supuesta incineración de los normalistas en el basurero de Cocula ha sido rebasada.

Con la asistencia del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Francisco Martínez Neri (PRD), la reunión se llevó a cabo en el Salón Legisladores de la República ante las comisiones unidas de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos, de Asuntos Indígenas, y la Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del GIEI, designado por la CIDH, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.

El presidente de la Comisión Especial, diputado Cándido Ochoa Rojas (PVEM), resaltó que este encuentro impulsa la libre expresión de las ideas, da curso a la necesidad de consolidar la procuración e impartición de justicia en México, y demuestra que en esta cámara se privilegia el diálogo como medio de solución a los problemas.

Se mostró a favor de dar puntual seguimiento a las acciones del Estado mexicano, particularmente a los acuerdos y esquemas de atención a víctimas, así como el seguimiento de las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por la CIDH.

Resaltó que esta reunión será de suma trascendencia para la atención y solución de este problema. “Estoy cierto que las autoridades mexicanas, encargadas de la investigación y persecución de los delitos, tienen, además de voluntad, la capacidad para el esclarecimiento de los hechos; falta trabajo por hacer, pero esta reunión arroja diversos datos y distintas hipótesis que servirán en la búsqueda de los desaparecidos”.

El diputado independiente, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, destacó que los sucesos de Ayotzinapa dan cuenta de que en el país la verdad oficial no coincide con la realidad. “Eso es porque se está queriendo ocultar algo, ya que estos hechos dan cuenta de la violación sistemática a los derechos humanos que se viven en el país”.

Tales hechos, subrayó, evidencian trasgresiones de fuerzas municipales, estatales, federales y armadas. “Por eso nadie quiere decir la verdad, porque estos hechos van a evidenciar una realidad que se ha preferido negar. El Estado mexicano tiene que dar respuesta veraz a estos padres de familia y tienen que hacerlo las autoridades con un criterio fundamental de justicia”.

De Encuentro Social, el legislador José Alfredo Ferreiro Velazco calificó como indignante el caso de Iguala. “Nos indigna porque participaron autoridades, como la policía municipal. Nos indigna que el alcalde y todo ese grupo estuvieran involucrados en el tema. Nos indigna que el gobierno estatal, a través sus múltiples dependencias, hayan hecho omiso de este caso”.

Resaltó que el tema no es político ni de partidos, sino de justicia, y es una problemática que se tiene que aclarar. “No vamos a estar conformes la gran mayoría de los diputados y el pueblo de México, hasta que se aclare la verdad y aparezcan todos los estudiantes desaparecidos. Queremos que el gobierno haga su trabajo. Vemos que se han hecho esfuerzos, pero muchos los tiene que aterrizar”, agregó.

María Eugenia Ocampo Bedolla, diputada de Nueva Alianza, reiteró su solidaridad con los padres de familia y con los jóvenes que en esa desaventurada noche fueron atacados. Verdad, justicia y castigo, es el clamor que desde el pasado 26 de septiembre (de 2014) hemos venido escuchando hasta hoy que se conmemoran dos años de esta sensible tragedia que nos llena de luto a los mexicanos, expresó.

Consideró que es un reclamo justo de los padres de familia, de los amigos y de la sociedad mexicana, la cual requiere certeza en las instituciones públicas y jurídicas. Refrendó el compromiso de seguir trabajando para fortalecer y tener certidumbre en cada institución del país, y celebró el ejercicio de avanzar en las investigaciones que se llevan a cabo en el órgano legislativo. Confió en que pronto se llegará al fondo de lo acontecido, pues “queremos justicia pronta, expedita y en apego a la legalidad”.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (Movimiento Ciudadano) sostuvo que los padres de familia “están cansados de escuchar a políticos y hartos de oír sólo excusas, porque mientras no encontremos a los 43, no les demos derecho a la verdad, no haya justicia ni reparación del daño y ni siquiera les podamos abrir la máxima tribuna de este Congreso, lo que debiéramos hacer es escucharlos, no nada más el pueblo de México, sino el gobierno”.

Por ello, dijo, su fracción cedió su espacio de intervención para que la madre de familia, Nicanora García González, tomara la palabra, quien precisó que a dos años de lo acontecido a sus hijos, es la primera ocasión que se tiene la oportunidad de que los diputados los escuchen y les pidió que “los apoyen para saber la verdad, que haya justicia y se dé la presentación con vida de sus descendientes”.

Por Morena, la diputada Araceli Damián González manifestó que es deplorable la actuación del Estado mexicano, ya que ha tenido una respuesta “tardía y torpe”, e hizo un llamado para que se investigue “por qué el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, no actuó, cuál fue la razón de que el secretario de Gobernación no dio la orden de detener las agresiones y cuál fue el papel que jugaron el Ejército, la Policía Federal y Marina”. Planteó se integre, dentro del mecanismo de seguimiento, que los expertos entrevisten a los miembros de seguridad.

Su compañero de bancada, legislador Alfredo Basurto Román, consideró necesario que declaren los militares y se abran más líneas de investigación. Refirió que su fracción parlamentaria prevé realizar un punto de acuerdo con este fin, y agregó que es imperativo que la Cámara de Diputados exija a la PGR cite a declarar a los militares, al comisionado de la policía y a Ángel Aguirre; “quitémonos los principios de nobleza”.

La diputada Sofía González Torres (PVEM) señaló que se debe evitar caer en la salida fácil de establecer que la culpa en el caso Iguala es del Estado, cuando todas las pruebas y declaraciones apuntan a que el crimen fue cometido por un grupo de personas dedicadas al tráfico de enervantes.

“Nuestro deber como servidores públicos y representantes populares es conformar un frente común para blindar a las instituciones, particularmente a las municipales, que resultan ser el eslabón más débil, para que de esta manera se evite su infiltración y su posterior corrupción, como ocurrió en Iguala y Cocula”.

La diputada Cristina Gaytán Hernández (PRD) sostuvo que los padres sólo han escuchado discursos que afirman que hay solidaridad, apoyo y compromiso, pero desafortunadamente esto no se ha transformado ni en verdad, ni en justicia.

“Ayotzinapa es una lupa de la grave crisis de los derechos humanos en nuestro país”, donde existen desapariciones, omisiones y los afectados reciben muy poca o nula justicia. “Este acercamiento nos debe comprometer a legislar para hacer leyes más cercanas a la realidad, que garanticen el derecho de las víctimas y se les exija a las dependencias que actúen apegadas a derecho”.

La diputada del PAN, Karina Padilla Ávila subrayó que estos hechos no deben ser utilizados de manera mezquina para favorecer a algún actor político; por ello, la justicia tendrá que ser aplicada de manera expedita, objetiva e imparcial, y concretar una investigación sería, eficaz y profunda para que se castigue a los responsables.

Además, dijo, es necesario que las instituciones actúen de acuerdo al principio de legalidad, donde se agoten todas las líneas de investigación en forma particular los vínculos del crimen organizado y actores estatales y demandar la aplicación de la ley de víctimas, a fin de que las autoridades cumplan con su obligación de garantizar a los familiares y afectados sus derechos de asistencia, protección, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia.

El diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (PRI) destacó que la investigación del caso Ayotzinapa es una de las prioridades del Estado mexicano; se continuará con los trabajos para que pronto se conozca la verdad, se castigue a los culpables, se repare el daño y que por ningún motivo se repitan estos hechos. “Que quede claro vamos a seguir insistiendo, que se cumplan a cabalidad las observaciones del GIEI”.

La PGR ha cumplido con el 93 por ciento de las casi mil propuestas que hizo el GIEI, igual ha acatado 13 de 26 peticiones que el grupo de experto entregó a la procuraduría. Además, con el apoyo de diversas instituciones del gobierno federal, se han consignado a 168 personas y detenido en flagrancia a 128 individuos; de éstos 55 son integrantes del grupo “Guerreros Unidos”.

Al iniciar las intervenciones de los padres de familia de los 43 desaparecidos y sus representantes, Bernabé Abraham Gaspar solicitó a los diputados apoyarlos respetando sus derechos humanos; “les exigimos a ustedes nos apoyen hasta saber la verdad, encontrar a los estudiantes y se castigue a los culpables”.

“Yo fui al basurero de Cocula, como campesino sé que para quemar a 43 personas se necesita mucho fuego, combustible y leña; sabemos que cuando quemamos el rastrojo, donde hay piedras, éstas se deshacen y las piedras ahí están. Por eso, nunca aceptamos que esa verdad histórica era verdad; seguimos en la lucha y tuvimos que pedir el apoyo al grupo de expertos”, resaltó.

María de Jesús Tlatempa Bello exigió la presentación con vida de los desaparecidos; negó que los estudiantes fueran a boicotear el evento de María de los Ángeles Pineda, pues iban a hacer una colecta económica y tomarían autobuses, pero ya con convenio con la empresa. “Necesitamos su apoyo. Este gobierno debe resolver a la brevedad posible, los tiene que entregar y liberar; estamos atrapados por un mal gobierno, pero ustedes como diputados y diputadas pueden hacer algo”.

Cuestionó “cómo es posible que el gobierno se hubiera ensañado con los jóvenes; preferimos recibir un peso y no millones como nos han mandado a decir. Cómo es posible que el gobierno nos mande a callar, diciendo que algunos padres ya recibieron dinero; a más de dos años, el gobierno en lugar de ayudarnos nos miente; va ser la vergüenza de Enrique Peña Nieto en no resolver este problema”.

El normalista Ernesto Guerrero Cano preguntó por qué tanta violencia contra los normalistas. “No íbamos a generar problema o conflicto, solo íbamos a tomar unas unidades; no creemos que la Policía Federal no sabía nada, puesto que nosotros vimos entre 8 y 10 patrullas en la caseta; no nos digan que el Ejercito mexicano no tuvo participación. Las versiones dadas por las autoridades, afirmó, “no las creemos, nosotros que estuvimos presentes ahí, por falta de pruebas”.

La petición es que cada uno, desde sus respectivas atribuciones, aporte algo para el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala. “No queremos más mentiras, ni que a los padres de familia se les intente comprar o callar de una u otra forma y que a los estudiantes se les hagan diversas ofertas tratando de sacarlos de la institución. Como estudiantes de Ayotzinapa, nos estamos cansando de resistir: queremos justicia, castigo y verdad”.

Cristina Bautista Salvador planteó reconocer la legitimidad de la lucha de los padres de familia y los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. “Desde antes de que estuvieran en campaña, diciendo a la gente que las cosas iban a cambiar si les daban su voto, mientras nosotros recorríamos llanos, poblados y barrancas en la búsqueda de nuestros 43 hijos, jamás recibimos de ustedes una palabra de apoyo”.

Reclamó que como diputados no han movido un dedo para exigir justicia; mientras que nosotros hemos marchado por todo el país, para denunciar la impunidad de los miles y miles de desaparecidos. “Seguiremos exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos y castigo a los responsables. Les pedimos reconozcan públicamente la legitimidad de nuestra lucha”.

Emilio Navarrete Victoriano mencionó que luego de dos años se logró estar en la Cámara de Diputados buscando el apoyo federal, pero desgraciadamente “como mexicano, me da pena y vergüenza conocer al gobierno mexicano; hemos tocado puertas, pero se nos han cerrado, dónde están los derechos humanos de la nación y qué ha hecho por los 43 jóvenes”.

Pidió el apoyo del Legislativo, a fin de que la PGR cumpla con las recomendaciones que dejó el grupo de expertos y que la procuraduría siga investigando todas las líneas. “Hasta el día de hoy, la PGR no nos ha podido dar respuestas positivas, ni quiénes fueron los policías federales que se llevaron a los jóvenes; no quieren ayudar ni apoyar. Necesitamos de ustedes para presionar a las autoridades para saber la verdad y conocer que pasó con los jóvenes”

Mario César González Contreras argumentó que “a los legisladores no les interesa” llegar a la verdad de lo que paso ese 26 de septiembre. “Es impresionante que pueden desprestigiar a un organismo internacional que vino ayudar al caso Ayotzinapa. Lo único que interesa ahora, es que tengan la capacidad, honestidad y ética profesional y política para que den todo el apoyo al mecanismo de seguimiento; eso es lo que pedimos los 43 padres de familia, que no se haga desprestigio ni del mecanismo ni del movimiento”.

Les solicitó a los diputados que “dejen de jugar a los investigadores” y preguntó para qué formar una comisión, “si sabemos que no los van a dejar investigar lo que realmente sucede. Queremos que le exijan a la PGR siga las investigaciones y recomendaciones del equipo de expertos de los padres de familia; sabemos que hay complicidad entre ustedes”. Enseguida, entregó a los legisladores dos informes de los expertos sobre Ayotzinapa, ya que son importantes para el caso.

Vidulfo Rosales Sierra, representante legal de los familiares de los normalistas, lamentó que hasta hoy se dé este encuentro en la Cámara de Diputados cuando se solicitó desde el mes de febrero. Agregó que las investigaciones no han encontrado resultados favorables y no se pude dejar de reconocer que hay un expediente de 200 tomos, más de 140 detenidos, que hubo búsqueda masiva de la Policías Federal y se investigaron más de 600 lugares.

“Queremos decir que ese proceso de investigación más que ofrecer certeza, de cuál es el punto e indicio de los estudiantes, esto no ha sido posible; lo único que ha arrojado es un dolor adicional a los padres de familia, porque cada vez que se rascan a las investigaciones encontramos más irregularidades”, agregó.

El basurero de Cocula está rebasado, nos ofrece un buen debate político pero la ciencia nos ha dicho que ahí no ocurrió nada. “Queremos dar pasos hacia adelante, ese basurero no explica el destino final de los estudiantes. Se le debe exigir a la PGR el cambio de narrativa del caso, porque en ningún momento se fue boicotear el informe de la presidenta del DIF”.

Meliton Ortega Carlos enfatizó que el ataque a los 43 estudiantes de la normal no fue por la delincuencia organizada, sino por la policía municipal y estatal, el Ejército y la Marina. “Son ellos quienes agredieron, persiguieron, atacaron y asesinaron a los jóvenes el día 26 y 27 de septiembre”, y aclaró que los estudiantes nunca dispararon como dice la PGR y algunos diputados, políticos y empresarios “cuanta mentira han sembrado al caso de Ayotzinapa”.

“Hoy exigimos que todo el trabajo de la investigación de todas las dependencias se enfoquen en nuevas líneas de investigación, se cumplan las recomendaciones del GIEI y dentro de la ley de víctimas se tome en cuenta la opinión de todos los afectados del país. Queremos que estos hechos se esclarezcan, que nunca más vivamos esta situación de tristeza y dolor”.

Felipe de la Cruz de la Cruz dijo que lo que quieren saber es “dónde están los jóvenes y cuándo va a llegar la verdad y la justicia”; podemos decirles que hasta el día de hoy no hay un detenido que diga algo sobre el paradero de los jóvenes.

Relató que los jóvenes no fueron asesinados en Iguala, hay más líneas de investigación que refieren que existieron varios escenarios. “Nos urge encontrar a nuestros hijos, que se haga justicia, y se castigue a los culpables”.

Ulises Solano Gutiérrez, familiar de Aldo Gutiérrez, mencionó que demandan el esclarecimiento, queremos verdad, justicia y que se garantice el futuro de los lesionados.

Exhorto a dar atención a víctimas y a los heridos y hacer a un lado la burocracia que impide que la atención médica se brinde con eficacia.

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