04-10-2016.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio, con el objetivo de simplificar los procedimientos de los juicios orales mercantiles y dar celeridad en su tramitación y resolución.

Las modificaciones, derivadas de una iniciativa enviada por el Ejecutivo federal el 28 de abril de 2016, fueron avaladas con 385 votos a favor y una abstención, y remitidas al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Economía, su presidente, el diputado Jorge Enrique Dávila Flores (PRI), explicó que el fin es abonar al fortalecimiento de la oralidad mercantil, introducida en el orden jurídico en 2011, la cual ha favorecido la productividad y competitividad de las empresas.

Destacó que la justicia oral es por su naturaleza más ágil frente a la tradicional, que es de manera escrita, lo cual toma relevancia debido a la necesidad de impartir una justicia cada vez más pronta y expedita.

Enfatizó que con estas modificaciones al Código de Comercio se dará un paso importante en la celeridad y resolución de los juicios orales mercantiles.

Recordó que los cambios legales se derivan de una propuesta enviada por el Ejecutivo federal y forman parte del paquete de iniciativas en materia de justicia cotidiana, con lo cual se pretende dar solución a los conflictos que genera la convivencia diaria en una sociedad democrática, específicamente las relacionadas con transacciones mercantiles.

El dictamen, dijo, plantea la simplificación de los procedimientos con la finalidad de desincentivar el incumplimiento de obligaciones en las transacciones mercantiles, al tener acceso a un procedimiento mucho más expedito.

Detalló que los aspectos más importantes son la liberación de cuantía de manera gradual.

Al año siguiente de la entrada en vigor del decreto, explicó, se tramitarán por esta vía todas las contiendas mercantiles cuyo monto sea menor a un millón de pesos; al segundo año, las que sean menores a 1.5 millones, y el tercer año, se tramitarán todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía.

Además, contiene la reducción y precisión de plazos en los juicios ordinario, ejecutivo y oral, así como exactitudes en los procedimientos.

El diputado precisó que se hicieron algunos cambios y adiciones a la propuesta del Ejecutivo. Por ejemplo, se adicionó como un requisito, que el promovente asiente en la demanda su Registro Federal de Contribuyentes o su Clave Única de Registro De Población, a fin de facilitar la identificación de las personas y evitar los problemas que se generen con la homonimia en los nombres de las partes involucradas.

También, se incluye en las facultades del juzgador prevenir al promovente para que aclare la demanda cuando sea obscura, irregular o no reúna los requisitos de forma, así como para desecharla en caso de que no se satisfagan los requisitos del juez. Además, contempla incluir el título especial Bis, sobre el juicio ejecutivo mercantil oral, ya que existe una saturación del sistema judicial.

Al fijar su posicionamiento, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes (Encuentro Social) indicó que las reformas consolidan las fortalezas de juicio oral mercantil, al tiempo que lo mantienen vigente y lo hacen accesible a un mayor número de ciudadanos.

Además, dijo, las modificaciones buscan maximizar los recursos materiales y humanos del Estado, así como brindar una justicia de calidad, pronta y expedita, a un mayor número de personas.

De Nueva Alianza, el diputado Mariano Lara Salazar señaló que el propósito de la reforma no sólo es dotar de mayor claridad a los juicios orales, sino también agilizar y realizar la naturaleza sumaria de estos consensos. En ella se atiende una laguna legal en el juicio ordinario mercantil, consistente en la falta de disposición normativa que regule los requisitos formales para una demanda y la reconvención, explicó.

Precisó que se establecen los montos aplicables para la procedencia de los juicios orales, fijando el valor principal en poco más de 500 mil pesos y hasta los 4 millones, sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda, debiendo actualizarse dichas cantidades de forma anual.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (Movimiento Ciudadano) sostuvo que los cambios legales se centran en la liberación de cuantía para los juicios orales mercantiles y la reducción y la exactitud de plazos en los juicios ordinarios, ejecutivo y oral, así como las precisiones en los procedimientos mercantiles.

Subrayó que la liberación paulatina de la cuantía permitirá que los comerciantes resuelvan los conflictos en menos tiempo, lo cual incrementará la confianza de los mismos a la hora de realizar sus transacciones. La reducción de plazos en los juicios ordinarios, ejecutivos y orales, garantizará mayor agilidad para la resolución de los procesos.

Por su parte, el diputado Jesús Serrano Lora (Morena) expresó que su grupo parlamentario coincide en la necesidad de agilizar todos estos procesos de impartición de justicia y darle certeza jurídica, por lo que anunció su voto a favor del dictamen.

No obstante, consideró que ningún sistema asegurará los objetivos perseguidos si no existen las condiciones de regulación suficiente, transparencia y honestidad. Asimismo, para que el nuevo sistema funcione se deben garantizar las condiciones físicas necesarias.

La diputada Lorena Corona Valdés (PVEM) señaló que con el dictamen se ampliará la oralidad de los juicios mercantiles y para tal efecto se prevé aumentar paulatinamente la cuantía para el proceso judicial mercantil, de tal manera que al tercer año ésta se libere, con lo que se otorgará mayor celeridad a la tramitación y resolución de las controversias mercantiles.

Con la ampliación de la oralidad en los juicios mercantiles, dijo, se reducen formalismos, al suprimir las notificaciones personales, a fin de agilizar el procedimiento y cuidando el respeto pleno de la garantía de audiencia. Asimismo, el juzgador contará con amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga.

Del PRD, la diputada Lluvia Flores Sonduk indicó que la reforma agilizará la resolución de las controversias mercantiles, lo que redundará en una mejor imagen para el país y sobre todo en materia de cumplimiento de los contratos. Estas modificaciones ayudarán a reducir el periodo requerido para sustanciar los juicios mercantiles y abatirán los costos asociados a las reclamaciones.

Sin embargo, expresó su desacuerdo con el artículo 1390 Ter-2 que establece que no procederá recurso ordinario contra las resoluciones que se dicten en este juicio ejecutivo, “lo que interpretado de manera armónica con el artículo 1399 del Código de Comercio, significa que los asuntos de hasta cuatro millones de pesos carecen de recursos ordinarios en defensa”. Estimó que “estamos en presencia de una justicia para ricos y otra justicia para pobres”.

El diputado Miguel Ángel Salim Alle (PAN) consideró indispensable propiciar condiciones que mejoren la competitividad de la economía mexicana a través de instrumentos legislativos que abonen a consolidar la confianza en las instituciones y combatir la corrupción, por lo que se pronunció a favor del dictamen.

Detalló que los puntos son el establecimiento de lineamientos para la práctica del emplazamiento en tales conflictos, así como una serie de adecuaciones en materia de notificaciones, ejecución y aclaración de sentencias que tramitan los incidentes y la reducción de plazos en los juicios.

El diputado priista Antonio Tarek Abdala Saad comentó que su grupo parlamentario respalda el dictamen, ya que permitirá la reducción de tiempos y costos en los juicios de beneficio a las empresas de nuestro país.

Con esta reforma, añadió, se amplia y se potencializa la eficacia de la oralidad en los juicios mercantiles, lo cual rectifica “nuestro compromiso con la sociedad, mejorando la administración e impartición de justicia”.

Reservas

Se desecharon las reservas presentadas por los diputados Juan Romero Tenorio (Morena) y Lluvia Flores Sonduk (PRD), a los artículos 1068 Bis y 1390 Ter 2; por lo que quedaron en términos del dictamen con 322 votos a favor y 89 en contra.

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