12-10-2016.-

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción se reunió con representantes de organizaciones de la sociedad civil para analizar las necesidades de presupuesto para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Diputados concluyeron que ante la ausencia de una propuesta por parte del Ejecutivo, aunado a los recortes a instituciones que integran el SNA, se deben trabajar varias propuestas para que en coordinación con la Comisión de Presupuesto, se destinen los recursos suficientes al combate a la corrupción.

El diputado Rogerio Castro Vázquez, presidente de la comisión, recordó que en los meses de junio y julio el Congreso aprobó un paquete de leyes secundarias en materia de combate a la corrupción, con lo que se distribuyeron competencias y funciones; se crearon órganos y se diseñaron los mecanismos de coordinación en los tres órdenes de gobierno a fin de prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción.

Derivado de esas modificaciones, dijo, la implementación del SNA tendría un impacto presupuestal estimado en mil 506.2 millones de pesos en 2017, de los cuales, 15.2 millones se destinarían al Comité de Participación Ciudadana; 22.8 millones a la Secretaría Ejecutiva; 22 millones a la Plataforma Digital Nacional; 155.9 millones al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; mil 152 a la ASF y 137.9 a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.

Añadió que diversas organizaciones de la sociedad civil han señalado que el gasto asignado en este año a las instancias que conforman el SNA fue de aproximadamente 7 mil millones de pesos y que las necesidades para este serían en el orden de los 7 mil 503 millones.

El diputado Agustín Basave Benítez, del PRD, dijo que el SNA se creó con demasiada burocracia, sin embargo, deben destinarse los recursos suficientes para hacerlo funcionar. El hecho de que el Ejecutivo destine poco presupuesto a este sistema, es clara muestra de no hay voluntad política para combatir la corrupción. Planteó que diputados y organizaciones civiles, propongan cifras concretas, de cuánto, a su juicio, debe de presupuestarse.

El diputado Vidal LLerenas Morales, de Morena, destacó que el hecho de que no haya un secretario de la Función Pública complica las cosas “al infinito”, además de que el gobierno federal ha renunciado encabezar este proceso.

“Los legisladores tenemos el reto de ver cuánto se requiere y cuánto se le puede destinar al SNA”. Propuso que antes de discutir algún monto, la Comisión de Transparencia se reúna con funcionarios del gobierno federal.

La diputada Mayra Enríquez Vanderkam (PAN) consideró que es preocupante que no haya una propuesta presupuestaria por parte del Ejecutivo, no obstante, refirió que hay instancias incluidas en el SNA con recursos propios y eso cambia el diagnóstico.

Un aspecto fundamental para combatir la corrupción tiene que ver con la base y el acceso a la información, por lo que preocupa que el Archivo General de la Nación tenga un recorte significativo en su presupuesto del próximo año.

El diputado Hugo Gaeta Esparza, del PRI, coincidió en que es fundamental el fortalecimiento del SNA. “Una vez que inicie la discusión del PEF 2017, los integrantes de esta comisión, de manera decidida podamos definir los recursos para hacer funcionar este sistema porque son muchos los retos”.

Ruth Tiscareño Agoitia, del PRI, apuntó que se necesita trabajar con una propuesta para el SNA. Debemos reunirnos con funcionarios de las dependencias que integran este sistema y conocer sus necesidades de gasto, previo a la discusión del PEF del próximo año. “Sabemos que no hay muchos recursos, pero podemos llegar a acuerdos”.

Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dijo que se debe destinar un presupuesto que permita al SNA seguir avanzando hacia la credibilidad de la población.

Reconoció que en la plataforma de transparencia del instituto, existen fallas, “pero se han ido resolviendo”. Una parte importante de su disfunción, explicó, es la incapacidad material de los receptores estatales, que no tienen el equipamiento. “El INAI pidió a los gobernadores y órganos encargados invertir pero no hubo eco”.

Advirtió que si eso llegara a ocurrir en la Plataforma Digital Nacional del SNA, sería terrible y se vendría al suelo la credibilidad.

Giovanni Jiménez Bustos, del CESOP, destacó que la corrupción es uno de los grandes retos que enfrenta la economía mexicana. Sobornos a los funcionarios públicos es materia diaria de noticia, sin embargo, las consecuencias económicas suelen pasar desapercibidas.

La corrupción, dijo, tiene impacto directo sobre la confianza y ésta a su vez influye directamente en las inversiones y consumo de los agentes económicos. “Cada peso que se le asigne al Sistema Nacional Anticorrupción, tendrá un impacto en la confianza”.

Marco Fernández Martínez, de México Evalúa, destacó que la asignación presupuestal para el SNA se tiene que ver desde una perspectiva de inversión y no de gasto. Agregó que es necesario fortalecer las instituciones ya establecidas que conforman el SNA.

Asimismo, manifestó su preocupación por los recortes presupuestales a la PGR, en particular a la Unidad Especializada de Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que será base de la Fiscalía Anticorrupción, la cual tiene, en términos reales, una disminución del 10.1 por ciento respecto al monto que se le asignó en este año.

A eso se agrega que a la Visitaduría, unidad encargada de las investigaciones de casos de corrupción cometidos por funcionarios de la PGR, tiene un recorte del 13.1 por ciento y la SEIDO 15.3 por ciento. “Toca a los legisladores lograr un equilibrio y evitar el temor de los elefantes blancos y el populismo de pichicatear los recursos en la lucha del combate a la corrupción”.

Alejandro Ríos Rippa, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que el presupuesto para el SNA debe estar dirigido a tecnologías para hacer investigaciones, capacitación de personal, recursos materiales. Otro de los retos es la federalización del SNA.

Juan Pardinas Carpizo, director general del Instituto Mexicano de la Competitividad, señaló que al Poder Ejecutivo no le importa mucho el combate a la corrupción, lo que se infiere con el destino del gasto a otros sectores que considera prioritarios.

Es grave el desdén en el PEF. Darle cierto lugar a los órganos de reciente creación y asignarle un presupuesto específico no fue un error de comunicación, sino político; lo que necesitamos no es solo invertir en instituciones, es hacerlo en la construcción de confianza.

Lo que se asignó en el proyecto del PEF no abona. Necesitamos crear un brazo tecnológico como lo tiene el SAT, para acezar a las bases de datos de información financiera. Se necesitan recursos para generar confianza.

Señaló que Compranet reportó en 2015 que el gobierno federal gastó 180 mil mdp en obra pública, supongamos que el 2 por ciento se perdió por corrupción, estamos hablando de 3 mil 600 mdp, ese porcentaje sería una buena inversión para el SNA.

Oscar Arredondo Pico, investigador de FUNDAR, dijo que en 2015 se gastaron más de 9 mil millones de pesos en publicidad oficial, la misma cantidad de recursos que están en el Ramo 23 (Previsiones Salariales y Económicas) y que de ahí podrían salir los recursos para el SNA.

En 2014, agregó, se gastaron 17 mil mdp. “Como vemos, el gobierno gasta enormes recursos para una mejor imagen en la opinión pública, se trata, de un gasto cuantioso e inútil”.

Recordó que al SNA lo define la Constitución como una instancia de coordinación de autoridades a nivel federal, estatal y municipal. Algo muy importante es que debe integrarse el Comité Coordinador y las nuevas instancias que lo integran, determinar sus estrategias, sus acciones, y con base en eso determinar indicadores para su presupuesto.

María Fernanda Diez Torres, directora de Relaciones Institucionales del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, consideró que el SNA debe tener el presupuesto suficiente para arrancar de manera conveniente. De no aprobarse un gasto ideal no solamente tendrá costos económicos, sino políticos tanto para los diputados como para el Ejecutivo.

“Va a tener costos sociales. No autorizar un presupuesto acorde, puede ser la puntilla en la confianza de los ciudadanos a las instancias de gobierno y por la crisis que vive nuestro país, no se puede permitir”.

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