27-04- 2017.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 288 votos a favor, 114 en contra y 18 abstenciones, el dictamen que modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derechos de las audiencias.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Lía Limón García (PVEM), presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, destacó que con esta reforma se perfecciona el marco jurídico que regula los derechos de las audiencias para hacerlos compatibles con los de libertad de expresión y manifestación de ideas.

El dictamen precisa las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en la materia y evita la imposición de sanciones carentes de sustento legal; garantiza la libertad editorial, programática y de expresión de los medios de comunicación.

Refrenda el principio de autorregulación en materia de derechos de las audiencias, respecto a la libertad de los concesionarios para emitir su código de ética y nombrar a su defensor de las audiencias; establece que los medios de comunicación deberán abstenerse de trasmitir publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa.

“Los derechos de las audiencias se protegen y se garantizan en la medida de que se asegura la libertad editorial de los comunicadores, reporteros y periodistas, así como la libre difusión de las ideas y opiniones”, subrayó la legisladora.

Lía Limón aseguró que contrario a lo que se piensa, la enmienda protege en todo momento las estaciones indígenas y comunitarias, así como los derechos de sus audiencias.

La decisión de los legisladores de modificar y precisar el marco jurídico del derecho de las audiencias, indicó, obedece a un reclamo y malestar de diversos comunicadores y periodistas, organizaciones nacionales e internacionales, que consideraron que los lineamientos de audiencias que emitió el IFT, implicaban restricciones importantes a la libertad de expresión.

Esta propuesta de modificaciones legales refleja la preocupación de los legisladores para garantizar que en México se sigan expresando opiniones y se siga permitiendo la libre circulación de las ideas e información, derechos cuyo ejercicio es fundamental para garantizar la vida democrática de nuestro país.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, la diputada Martha Covarrubias Anaya, del PRI, mencionó que las telecomunicaciones pueden contribuir a fortalecer derechos fundamentales, libertad de expresión y el acceso a la información. “Así lo reconoció el presidente de la República al impulsar la reforma en telecomunicaciones”.

En suma, dijo, esta reforma otorga certidumbre a las audiencias, a los medios de comunicación y a las autoridades competentes, alcanzando un equilibrio entre la libertad de expresión y los derechos de las audiencias.

El diputado Exaltación González Ceceña (PAN) consideró que el debate principal es sobre la protección de las audiencias y la libertad de expresión. Por ello, indicó, con estas modificaciones se clarifican los supuestos bajo los cuales el IFT tendrá injerencia y atribución sobre los derechos de las audiencias sin coartar la libertad de expresión.

“Si bien, desde la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, se advirtió la necesidad de desarrollar y proteger las audiencias, no se propuso en el espíritu de esta iniciativa, el detrimento de la libertad de expresión, y mucho menos la libertad de las ideas”, concluyó.

El diputado Tomás Octaviano Félix, del PRD, dijo estar a favor de la libertad de expresión y el respeto a los derechos de las audiencias; sin embargo, el dictamen se convierte en un retroceso sobre los avances que ha habido en la materia. “La premura con que se llevó a cabo el proceso de dictaminación y el interés para sacar avante esta iniciativa, habla de los grandes intereses ocultos”.

Recordó que la reforma constitucional al artículo 6, en 2013, reconoce los derechos de las audiencias, aludiendo a la pluralidad y veracidad de los contenidos, además de que prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda que pudiera presentarse como información periodística o noticiosa. “Esto es lo que realmente está en riesgo, es el gran negocio de la publicidad oculta”.

El diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena) aseguró que el dictamen representa una clara violación a las conquistas que la sociedad civil ha obtenido en los últimos años en materia del derecho de las audiencias y responde a las exigencias de las televisoras y las radiodifusoras comerciales, antes que a la ciudadanía o al interés público.

“La iniciativa, presentada por el mismo diputado que promovió la Ley Televisa en 2006, busca responder a los caprichos de las televisoras y radiodifusoras comerciales, bajo el falaz argumento de que los lineamientos generales para la defensa de las audiencias, emitidos por el IFT, amenazan la libertad de expresión y abren la puerta a la censura previa”, dijo.

Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, consideró que el dictamen constituye un retroceso en la defensa de las audiencias y no abona a mejorar en la legislación en la materia. De un plumazo pretende decretar la desaparición o acotamiento de los derechos de las audiencias.

Destacó que los lineamientos en materia de audiencias, publicados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, contienen aspectos positivos que se deben rescatar y mantener. “Hay otros que son susceptibles de ser revisados y analizados con detenimiento pero, sobre todo, con inclusión de todas las voces.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza, indicó que con las modificaciones se esclarece el ámbito de atribuciones del IFT y las sanciones que puede imponer en aras de evitar que se inhiba la libertad de expresión.

Asimismo, añadió, se aclaran los derechos de las audiencias a fin de prever que los servicios públicos los respeten. Además, se refrenda el derecho de las audiencias con discapacidad. De igual manera se establece que los concesionarios deben abstenerse de transmitir publicidad o propaganda engañosa como información periodística, y que deberán contar con un código de ética que los regule.

La diputada Cynthia García Soberanes, de Encuentro Social, apoyó el dictamen al considerar que actualiza y precisa el régimen jurídico de los derechos de las audiencias, en armonía con el principio de libertad de expresión y manifestación de ideas.

Aseguró que la libertad de expresión es un elemento fundamental en un Estado democrático y permanentemente entra en justa atención con los derechos de las audiencias especializadas y de última generación; por lo tanto, resulta indispensable precisar el alcance de los derechos de las audiencias y establecer límites al actuar del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Previo al posicionamiento de los grupos parlamentarios, los diputados Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano; Ángel Antonio Hernández de la Piedra, de Morena, y Guadalupe Acosta Naranjo, del PRD, presentaron cada uno de ellos una moción suspensiva para regresar el dictamen a la Comisión dictaminadora, a fin de realizar un nuevo análisis, lo que fue rechazado por el Pleno.

Más tarde se reservaron para su discusión en lo particular los artículos 15, 17, 216, 228, 256, 259, 260, 261, 297 y 311, los cuales fueron rechazados para luego ser votados en términos del dictamen con 208 votos a favor, 192 en contra y 9 abstenciones.

Aprobado en lo general y en lo particular, el dictamen fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales.

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