12-12-2017 Con 377 votos a favor, el Pleno cameral aprobó modificaciones a la Ley General de Protección Civil relativas a una reforma integral para que las autoridades establezcan y desarrollen una cultura de protección civil con énfasis en la previsión en la población en general, y elaboren y mantengan actualizado el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil.

Se amplían los conceptos del Atlas de Riesgos, demarcaciones territoriales, fenómenos del espacio exterior y socio-organizativo, hospital seguro, plan de continuidad de operaciones y de contingencia, programas de protección civil, reducción de riesgos, unidades de protección civil y Escuela Nacional de Protección Civil.

El dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, considera como prioridad de las políticas públicas en materia de protección civil la perspectiva de género, la Igualdad, equidad e inclusión.

Promueve la homologación del diseño del uniforme de las Unidades de Protección Civil; incluye como atribución de la Coordinación Nacional, participar en combinación con las dependencias y entidades responsables, el ordenamiento territorial y los asentamientos humanos, la planeación del desarrollo y la adaptación al cambio climático, de tal forma que se deberá promover un protocolo común para los mensajes de alerta a la población.

Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales impulsarán la profesionalización mediante la creación de opciones educativas en el marco del Sistema Educativo Nacional, y promoverán el establecimiento de un sistema de certificación de competencias.

Se amplía el concepto de Escuela Nacional de Protección Civil. La Coordinación Nacional establecerá el protocolo de colaboración y permanencia de voluntarios, con registro en las labores de protección civil ante la ocurrencia de un desastre.

Menciona que los Fondos Municipales de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres, se conformarán con recursos provenientes del propio ayuntamiento o demarcación territorial, subsidios y, en general, cualquier recurso que les sea aportado para este fin, conforme a la normativa administrativa correspondiente.

Además, las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno tendrán la obligación de elaborar los planes de desarrollo urbano con base en la información de los respectivos Atlas de Riesgos.

Las unidades de protección civil de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, realizarán a petición de la parte interesada de un asentamiento humano, un análisis de riesgos y definir medidas de mitigación para reducción de riesgos.

En la fundamentación, la secretaria de la Comisión de Protección Civil, diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes (PRI), expresó que refrendar la protección a la vida y velar por la integridad de la población, sus bienes, entorno y patrimonio es tarea que obliga a legislar a favor de la reducción del riesgo de desastres.

Se trata de una reforma integral y reviste especial trascendencia para el país, ya que se orienta a proteger la vida de los mexicanos ante la ocurrencia de los fenómenos perturbadores. “La lección más importante que debemos aprender de los sismos y de los ciclones tropicales que impactaron a México en el mes de septiembre, es la necesidad de actuar de manera preventiva”.

El alto impacto provocado por esos fenómenos, dijo, derivó en la pérdida de la vida de alrededor de 400 personas, cerca de 190 mil inmuebles sufrieron graves daños o fueron destruidos a causa de esos desastres y afectaciones a más de 12 millones de personas en más de 400 municipios y delegaciones, lo que da la dimensión de la necesidad de poner al día las disposiciones legales en materia de protección civil.

Argumentó que este dictamen refuerza la gestión del riesgo de desastres e implica reformar 61 artículos de 94 que tiene la ley actualmente: “estamos ante un ejercicio formidable de participación plural con el propósito de dar a la ley la vigencia necesaria en sus instrumentos, atribuciones, tareas y alcances”.

Guzmán Lagunes puntualizó que se actualizan conceptos que consolidan el sentido preventivo y de gestión del riesgo de esta política pública, da prioridad a la alerta temprana y al uso del atlas de riesgos, fortalece el carácter rector y normativo del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), atiende a personas con discapacidad, así como a los pueblos y comunidades indígenas.

Dio a conocer un adenda al dictamen, misma que fue aceptada por el Pleno. En la fracción XXXVII del artículo 2 para precisar la definición de plan de contingencia de operaciones, y al artículo 25, que vincula la emisión de alertas tempranas a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

La legisladora priista abundó: “si bien es imposible predecir los fenómenos y contener la fuerza de la naturaleza, sí podemos mitigar sus efectos y salvar vidas. Construyamos juntos, una cultura de prevención para las mexicanas y mexicanos a través de esta Ley”.

En la votación en lo particular, se desechó la reserva de la diputada María Luisa Beltrán Reyes (PRD), quien planteó modificar el artículo 2, para darle claridad al contenido completo del significado de un fenómeno socio-organizativo de perturbación. Por lo que, con 331 votos a favor, 1 abstención y 33 votos, este artículo quedó en términos del dictamen.

El dictamen reforma los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11-27, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 41 bis, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 75, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89 y 93 de la Ley General de Protección Civil.

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