• Su objetivo es garantizar derechos de las personas y asegurar su inclusión en programas sociales

15-12-2017.- La Cámara de Diputados aprobó un dictamen para que la Política Nacional de Desarrollo Social considere entre sus objetivos implementar la Estrategia Nacional de Inclusión, a fin de garantizar derechos sociales, individuales o colectivos de las personas y asegurar su acceso a programas de desarrollo social.

El dictamen, que adiciona y reforma la Ley de Desarrollo Social propuesta por el Ejecutivo federal y avalado por 222 votos, establece que se entenderá como Estrategia Nacional de Inclusión (ENI) al mecanismo de coordinación de las políticas y programas públicos de los tres órdenes de gobierno y tendrá como objetivo general contribuir al acceso de los derechos sociales y la disminución eficiente y efectiva de las carencias de las personas.

El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, destaca que la ENI tendrá entre sus propósitos compartir una visión común entre los gobiernos de las entidades y los municipios, así como sus dependencias, que tome como referencia los indicadores de pobreza multidimensional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Asimismo, mejorar el desempeño y logros de las intervenciones sociales, mediante una adecuada identificación y caracterización de la población de acuerdo con los indicadores de pobreza, e identificar y desarrollar oportunidades de innovación de política social, así como simplificar procesos normativos y administrativos que agilicen el acceso a los derechos sociales.

Además, promover la participación de los actores institucionales en los esfuerzos de desarrollo social, así como en el diseño e implementación de acciones dirigidas al abatimiento de carencias y a mejorar el ingreso de la población.

El dictamen que adiciona la fracción V Bis al artículo 5 y reforma los artículos 11 y 72 de la Ley en mención, precisa que el Coneval deberá evaluar y emitir recomendaciones a las acciones y programas derivadas de la ENI, de conformidad con el artículo 72 de la presente ley.

A favor del dictamen, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (PRI), destacó que con la instrumentación de la ENI en el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio, se colocaron los cimientos de una política social integral, a fin de potenciar la corresponsabilidad de todos los actores participantes.

Detalló que la ENI no es una estrategia desarticulada, sino que se apoya en la Comisión Nacional de Desarrollo Social que es el instrumento de coordinación de programas, acciones e inversiones que para el cumplimiento de las estrategias de la política nacional de desarrollo nacional lleva a cabo.

En contra del dictamen, la diputada Norma Xochitl Hernández Colín (Morena) consideró que “el único objetivo de la reforma del titular del Ejecutivo es garantizar la continuidad de la política de Desarrollo Social que desde hace más de 20 años ha demostrado ser ineficiente”.

“Debemos ser sensatos y cuestionarnos sobre la efectividad de la política de desarrollo social, en lo que sí hemos avanzado ha sido en democratizar la pobreza”, sostuvo.

En la misma postura, la legisladora Karina Barón Ortiz (Morena) precisó que el dictamen implica más problemas, debido a que “no existe ningún indicador o evaluación que determine que la estrategia sea un mecanismo eficaz. Asimismo, al ser la ENI de reciente creación, su supuesta eficacia no puede relacionarse con las cifras de pobreza más recientes del Coneval”.

También de Morena, la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán sostuvo que, a la fecha, el combate a la pobreza se ha dirigido únicamente a atacar la pobreza extrema, descuidando la atención a los mexicanos que no logran el acceso a servicios básicos. Por ello, refirió, “esta modificación no cumple con el objetivo fundamental que es combatir la pobreza de manera integral”.

El documento especifica que, de acuerdo con el Coneval, en 2016 el porcentaje de la población en situación de pobreza era de 43.6 por ciento, es decir, 53.4 millones de personas; con carencia por acceso a los servicios de salud, 15.5 por ciento; con carencia por acceso a la seguridad social, 55.8 por ciento; con carencia por calidad y espacios de la vivienda, 12 por ciento, y con carencia por acceso a la alimentación, 20.1 por ciento.

Refiere que es evidente la necesaria evolución de la política de desarrollo social con un enfoque de inclusión amplio, que potencialice el acceso efectivo de los derechos sociales de todos los segmentos de la población, garantizando la inserción de todos los grupos para el ejercicio pleno de sus derechos.

“Es urgente contar con el andamiaje jurídico que dé certeza y continuidad a la política social para el abatimiento del rezago en materias educativa, acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad de espacios y servicios en la vivienda, alimentación, bienestar económico y accesibilidad a carretera pavimentada, a efecto de abatir las carencias sociales”, precisa.

En este sentido, “coincidimos con el Ejecutivo federal en que la implementación de la ENI propiciará las condiciones para garantizar los derechos sociales, individuales o colectivos, asegurando el acceso a programas de desarrollo social e igualdad de oportunidades”, subraya.

Aclara que la Estrategia Nacional de Inclusión se encuentra alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 y el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, relativos a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.

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