15-01-2017 Hay que aprovechar el potencial pesquero de México que ofrece 11 mil 122 kilómetros de litoral, del cual depende la seguridad alimentaria, la competitividad del país y mantener vigentes más de 177 mil 180 fuentes de trabajo directas, señaló la diputada Cristina García Bravo (PRD).

En un punto de acuerdo, que analizarán las comisiones de la Permanente, llamó al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, voltear a este sector, con el propósito de definir criterios para instalar Consejos Estatales de Pesca en 15 entidades federativas donde no existen, y cumplir con lo establecido en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Además, se deben transparentar y difundir los programas y proyectos ejecutados por los Consejos Estatales de Pesca ya instalados, hacer pública esa información en la página electrónica de la dependencia, para que instituciones educativas, de investigación, producción y sociedad conozcan el avance y alcances de sus acciones, y darle seguimiento específico en cada estado, promoviendo proyectos y políticas que impulsen el sector pesquero.

García Bravo refirió que 28 entidades federativas cuentan con unidades económicas destinadas al sector pesquero y acuícola, sumando un total de 19 mil 119 que ofrecen 177 mil 180 fuentes de empleo directo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Existe un gran potencial pesquero que está desaprovechado y cuyas actividades constituyen uno de los sectores menos favorecidos, ignorados y no potencializados por las políticas públicas, sostuvo.

“La pesca y la acuicultura son ocupaciones económicas que además de proporcionar alimento al aprovechar un recurso natural, representan una fuente de ingresos para muchas familias, y en las zonas costeras es la única fuente de sustento. Resalta que en los estados que no se encuentran cerca del mar, también se realizan este tipo de faenas mediante presas, lagunas o en granjas piscícolas”, aseguró.

García Bravo comentó que datos estadísticos y comparativos indican, por ejemplo, que Perú es el mayor productor en volumen de pesca en América Latina, con una producción anual de 6 mil 964 toneladas, seguido por Estados Unidos y Chile; México ocupa el cuarto lugar, lo cual no es alentador si se asocia la extracción de cada país con la extensión de sus litorales.

Perú cuenta sólo con 2 mil 414 kilómetros y nuestro país tiene 11 mil 122 kilómetros. De ahí, la necesidad de priorizar esfuerzos para aprovechar al máximo el sector pesquero, a través de políticas públicas construidas en coordinación interinstitucional que garanticen eficiencia y transparencia, donde se incluyan todas las propuestas de productores organizados y de pescadores ribereños que, sin formar parte de una asociación, ejercen la captura legal de especies marinas.

El artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece la facultad de la Sagarpa de fomentar la actividad pesquera y acuícola, mediante una entidad pública dependiente denominado: Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), el cual tiene la obligación de proponer programas, políticas, proyectos e instrumentos para el apoyo, fomento, productividad, regulación y control de estas faenas que incrementen la competitividad y el desarrollo del sector a nivel regional y municipal, además de fortalecer las acciones de inspección y vigilancia.

Por ello, urgió a que se instalen Consejos Estatales de Pesca en Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, entidades donde a la fecha no se ha cumplido con lo señalado, en ese sentido, por la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

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