25-01-2017.- El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un dictamen para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a que instruya a las autoridades competentes a iniciar una investigación objetiva, transparente y expedita sobre la presunta red de corrupción, tráfico de drogas y extorsiones que prevalecen en el sistema penitenciario de la capital y envíe un informe integral al respecto.

El dictamen, avalado en votación económica, también solicita instrumentar acciones que restablezcan la gobernabilidad y el cumplimiento de las normas aplicables en la materia en todos los reclusorios de la capital del país, así como los protocolos de actuación y procedimientos de seguridad en el sistema penitenciario, a fin de prevenir e inhibir la comisión de conductas ilícitas en su interior.

Además, se demanda al gobierno de la Ciudad de México implementar de manera inmediata la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, respecto al bloqueo de señales de telecomunicaciones dentro de las instalaciones del sistema penitenciario.

También le pide aplicar las disposiciones establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, particularmente el régimen de organización y funcionamiento de la autoridad y centros penitenciarios.

Asimismo, se requiere a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México analizar la viabilidad de crear una comisión especial para analizar las posibles reformas y mejoras del sistema penitenciario, a fin de lograr la adecuada inserción social de los reclusos y evitar actos de corrupción y conductas delictivas en los penales.

Impulsar campañas de Conapred para combatir discriminación

El Pleno avaló otros dictámenes donde solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, impulsar e incrementar campañas de toma de conciencia sobre la importancia de combatir y erradicar la discriminación, motivada por razones de género, obesidad y color de piel.

La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (PRI) señaló que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, cinco de cada 10 personas son insultadas por su color de piel; una de cada cuatro no está dispuesta a que en su hogar vivan personas de otra raza y 4 de cada 10 opinan que a la gente se le trata de forma distinta por su color de piel. Por ello, se pronunció a favor de legislar para lograr una ciudadanía en plenitud, basada en tolerancia y que se rechacen las descalificaciones de cualquier tipo.

Exhortan a congresos estatales a tipificar feminicidio

La Comisión Permanente avaló exhortar a los Congresos de las entidades federativas, para que tomen en consideración lo previsto en el Código Penal Federal, en materia de tipificación del delito de feminicidio, y en su caso realicen las reformas que consideren pertinentes a sus legislaciones locales.

La senadora Hilda Ceballos Llerenas (PRI) comentó que México ocupa uno de los 10 primeros países a nivel mundial en feminicidios. La violencia y el abuso contra mujeres y niñas, afirmó, se han convertido en parte del día a día. “Lamentablemente no en todas las entidades federativas se ha acreditado este crimen, apenas 16 entidades cuentan con tipos penales homologados al delito federal de feminicidio”.

Por su parte, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (Movimiento Ciudadano) refirió que propuso una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, ya que el feminicidio no está tipificado como delito grave. Y, además, la persona que comete el ilícito puede salir bajo fianza. Señaló que no se ha dictaminado en la comisión a la que se turnó.

Piden que gobierno de Quintana Roo instrumente protocolos de seguridad para sus habitantes y turistas

Asimismo, se aprobó exhortar al gobierno del Estado de Quintana Roo y al municipio de Solidaridad, para que, en el ámbito de su competencia y de forma coordinada, instrumenten protocolos y políticas de seguridad que garanticen la seguridad de sus habitantes, así como de turistas nacionales e internacionales.

En tanto, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (Movimiento Ciudadano) consideró importante reconocer la necesidad de que se expliquen los protocolos de seguridad para los ciudadanos quintanarroenses y que la PGR atraiga la información y la investigación de los hechos ocurridos el 16 de enero en el bar Club Blue Parrot. Se pronunció en contra del dictamen.

Piden que Morelos fortalezca acciones y medidas para prevenir violencia de género

También se aprobó exhortar al gobierno y ayuntamientos del estado de Morelos, para que fortalezcan las acciones y medidas correspondientes a efecto de prevenir, combatir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Al respecto, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (Movimiento Ciudadano) señaló que Morelos es uno de los tres estados que tienen alerta de género y que no ha entregado un informe pormenorizado de qué acciones ha tomado para prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio. Por ello, lamentó que no se le pida un reporte al respecto.

Emitir billete de lotería conmemorativo del centenario de la Constitución

Del mismo modo, se pide a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, evaluar la viabilidad de emitir un billete de lotería conmemorativo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política.

La diputada Gloria Himelda Félix Niebla (PRI) se pronunció a favor del acuerdo al considerar que con ello se reconoce la visión de todos aquellos constituyentes que, “amando profundamente a México, construyeron en sus divergencias y riqueza los argumentos del futuro de nuestro país”.

Por su parte, el senador Miguel Romo Medina (PRI) estimó que este tipo de acciones contribuyen a preservar, fortalecer y proyectar la esencia de la Constitución de 1917 que sentó las bases para la constitución de instituciones, particularmente las de seguridad social, de trascendencia fundamental para nuestra comunidad.

Otros puntos de acuerdo avalados

El Pleno de la Permanente también aprobó 16 dictámenes. Uno de ellos exhorta a la SHCP, para que evalúe y, en su caso, autorice los recursos pendientes de ejercer del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), relativos a las Declaratorias de Desastre Natural del Estado de Durango de los años 2014 y 2015, respectivamente, para atender los daños ocasionados en la infraestructura de los sectores carretero, educativo, hidráulico y urbano, y de monumentos arqueológicos y vivienda.

Otro solicita al gobierno de la Ciudad de México, para que observe el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2014, con el propósito de que no se lleven a cabo despidos injustificados de trabajadoras y trabajadores que han venido prestando sus servicios bajo los lineamientos del acuerdo mencionado.

Uno más, pide a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y a las Fiscalías Especializadas en Delitos Electorales de las entidades federativas de Coahuila, de Veracruz, Nayarit y del Estado de México, para que en el marco de sus facultades y atribuciones, y de conformidad con las normas generales electorales, atiendan de forma expedita y puntual las posibles denuncias que se presenten durante los procesos electorales locales 2016-2017.

Asimismo, se aprobó exhortar al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para que garantice de manera integral los derechos político-electorales de las mujeres e impartan cursos para prevenir, combatir y erradicar el acoso y la violencia política contra las mujeres que acceden a cargos de elección popular o por designación.

Del mismo modo, se avaló solicitar a la Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Protección Civil a evaluar las consecuencias de los vientos ocurridos en diversos municipios del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y, en su caso, emitir la declaratoria de emergencia correspondiente.

Por otra parte, se pide al gobierno del estado de Veracruz un informe sobre la situación que guarda el suministro de agua proveniente de la Presa Yuribia. Asimismo, implementar los acuerdos contraídos con las comunidades indígenas del municipio de Tatahuicapan.

Se avaló exhortar a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y a las de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, para que impulsen el proceso de dictaminación de las iniciativas que en materia de desaparición forzada de personas fueron presentadas ante ambos órganos legislativos.

También, solicitar a la delegación Gustavo A. Madero un informe sobre el estado jurídico que guarda la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México respecto al juicio número I-63001/2016.

Igualmente, se exhorta al gobierno del estado de Jalisco y a los ayuntamientos de su área metropolitana, para que de conformidad con sus competencias y de forma coordinada, coadyuven en la implementación de estrategias y acciones que tengan como objeto fortalecer la seguridad pública.

Uno más, demanda a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California, un informe sobre la situación que guarda la búsqueda de la menor Memfis Marroquín de León.

De igual forma, se pide a la Secretaría de Turismo, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, implementar las acciones y medidas necesarias a fin de incrementar el turismo social en México.

Asimismo, al gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia y a través de las unidades administrativas correspondientes, refuerce las acciones y medidas tendentes a garantizar los derechos de las víctimas de conformidad con la Ley General de Víctimas.

Se requiere al gobierno de Jalisco dar seguimiento continuo, en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de los programas, acciones y mecanismos interinstitucionales públicos y privados, que permitan seguir llevando a cabo la ejecución de las políticas públicas para el desarrollo y la inclusión de este sector de la población.

Otro dictamen solicita a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y a Pronósticos para la Asistencia Pública, un informe sobre las acciones penales y administrativas promovidas por ambas instituciones durante el período 2000-2012, así como las sanciones que se hayan impuesto.

Por último, se exhorta al gobierno de Guanajuato a coadyuvar en la implementación de estrategias y acciones que tengan como objetivo fortalecer la seguridad pública y, en su caso, analice la pertinencia y viabilidad de solicitar apoyo al gobierno federal.

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