02-02-2017.- La Cámara de Diputados aprobó un dictamen para reformar el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, persona con discapacidad o adulto mayor, el Ministerio Público otorgue medidas de protección de manera oficiosa o a petición de parte, de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario de acuerdo a los protocolos que al efecto se emitan.

El documento, avalado con 392 votos a favor y una abstención, fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), aclaró que con la reforma se busca proteger a quienes más lo necesitan y que sus derechos sean estrictamente respetados.

Refirió que de acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en México, los niños de 13 millones de familias crecen en un entorno de violencia y gritos por parte de los padres.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó en su última medición de la pobreza que prácticamente cinco de cada 10 adultos mayores de 65 años se encuentran en situación de pobreza; 23 por ciento de la población con discapacidad, de 15 años o más, no cuenta con algún nivel de escolaridad, indicó el diputado.

En su posicionamiento, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (Nueva Alianza) se pronunció a favor del dictamen, para que atendiendo al principio del respeto a la dignidad humana, se proteja a dichos sectores al evitar que puedan ser revictimizados.

Precisó que, a pesar de que la Constitución ya obliga al Ministerio Público a velar por el respeto y protección de los derechos de la víctima u ofendido, sin importar edad o condición alguna, es menester reforzar la atención a los sectores vulnerables que se encuentran en situación de riesgo, en aras de asegurar su integridad personal y que el procedimiento esté libre de injerencias y presiones.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (MC) estimó prioritario para todas y todos los que están en el Congreso defender la vida de las mujeres, “porque venimos a representar a cerca de 120 millones de mexicanas y mexicanos” que piden hacer buenas leyes y que les sirvan.

Por Morena, el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, se pronunció a favor del dictamen y de los temas trascendentales para la vida de este país, así como su disposición a contribuir al perfeccionamiento de las leyes.

En su turno, la diputada Lia Limón García (PVEM) reconoció avances en algunas leyes; sin embargo, no se toma en cuenta que la afectación o puesta en peligro de los bienes jurídicamente tutelados de los menores es o debe ser inmediata, actual o inminente y que, por lo tanto, no pueden estar sujetos a la temporalidad natural de un procedimiento civil o administrativo.

Con esta reforma, dijo, se busca avanzar en que el otorgamiento de medidas de protección se pueda hacer de manera inmediata, las cuales no sólo permitirá enfrentar un juicio en condiciones seguras, sino garantizar su integridad física y emocional.

El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) sostuvo que es imprescindible tomar medidas legislativas que resulten necesarias para armonizar todo el marco jurídico con disposiciones en materia de derechos humanos y adoptándolas a través de convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos, en específico, de las y los niños de nuestro país.

Hizo votos para que “todas nuestras autoridades velen en todos sus actos y en todas sus políticas por la vigencia del interés superior de la niñez como parte de sus fundamentos”.

En tanto, la diputada Patricia Sánchez Carrillo (PAN) precisó que si bien el Ministerio Público se encuentra facultado para ordenar este tipo de medidas de protección, no existe la obligación expresa para su dictado; esto es, la expresión de ser oficiosa cuando se trate de un menor de edad, adolescente, adulto mayor o una persona con discapacidad.

Por ello, dijo, es necesario establecer esta obligación al Ministerio Público, a efecto de proteger a estos grupos vulnerables que pudieran no tener la capacidad para solicitar la protección por sí mismos.

La diputada María Gloria Hernández Madrid (PRI) subrayó que miles de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, crecen en un contexto de violencia que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos. Gran parte de la violencia física, sexual, sicológica, discriminación y abandono, permanece oculta en ocasiones, y lamentablemente a veces es socialmente aprobada.

Con la modificación, dijo, se busca articular un mecanismo de defensa material dentro del proceso penal que sea inmediato, certero, eficaz y que sirva como freno a este fenómeno real cotidiano y lamentablemente infortunado y más frecuente de lo que muchos a veces pensamos sucede.

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