21-02-2017.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma los artículos 513 y 515, y adiciona el 515 Bis a la Ley Federal del Trabajo, para establecer un mecanismo ágil, dinámico y permanente para la actualización de la tabla de enfermedades y valuación de incapacidades permanentes.

Con 303 votos a favor, 10 abstenciones y 86 en contra, se avaló en lo general, el documento que faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), previa aprobación del proyecto respectivo por parte de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizar las tablas de valuación de las incapacidades permanentes.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputada Ana Georgina Zapata Lucero (PRI), expresó que a 47 años, la tabla de enfermedades y valuación de incapacidades permanentes no ha sufrido actualización alguna, cuando el mundo del trabajo ha experimentado grandes cambios debido a modificaciones en las políticas de empleo, al envejecimiento de la población y la transformación de procesos de producción.

Las enfermedades como el estrés, la aparición o mutación de bacterias cada vez más resistentes a los antibióticos, padecimientos psicosociales y la aparición de diferentes tipos de cáncer, por citar algunos representativos e invasivos para el cuerpo humano, afectan la salud del trabajador, las relaciones interpersonales del trabajo, así como la productividad y el buen desempeño de toda organización empresarial.

La falta de actualización de la tabla de enfermedades y valuación de incapacidades permanentes, aseguró, ha permitido un rezago en la identificación de enfermedades laborales inherentes a la actividad económica, puesto de trabajo y exposición a diferentes agentes causales, propios de condiciones actuales de la industria en nuestro país, caracterizada por avances tecnológicos y uso de nuevas maquinarias que propicia que empleados queden expuestos a sustancias químicas y biológicas, muchas veces altamente contaminantes.

Zapata Lucero precisó que la falta de actualización de la tabla de enfermedades y valuación de incapacidades permanentes, ha contribuido a que el trabajador vea minada la posibilidad de una buena gestión del proceso y atención médica, acorde a las implicaciones de la actividad laboral de todo trabajador.

Con la reforma laboral, explicó, se busca establecer un mecanismo ágil, dinámico y permanente para la actualización de la tabla de enfermedades y de valuación de las incapacidades permanentes.

Para ello, correspondería su actualización a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa aprobación del proyecto respectivo por parte de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, órgano colegiado en el que concurren, tanto el gobierno como los representantes de los trabajadores y del sector empresarial.

Se propone que la actualización de dicha tabla se realice conforme al progreso de la medicina del trabajo, además se incorporen nuevos tratamientos, una adecuada evaluación de los grados de incapacidad laboral, a partir de la identificación y descripción de enfermedades del trabajo, de sus tipos y aspectos.

En el régimen transitorio, se plantea que la STPS expida la tabla de enfermedades y valuación de incapacidades permanentes en un término de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, quedando sin efecto la actual tabla.

La diputada Ana Georgina Zapata precisó que legislar para que la tabla de enfermedades y de evaluación de capacidades permanentes pueda actualizarse constantemente, permitirá el reconocimiento de nuevos padecimientos de trabajo y conseguirá promover una cultura laboral que tenga como primicia la salud física, emocional y seguridad social de todo trabajador.

“Estamos dando un paso sustantivo para fortalecer y complementar medidas que garanticen a la persona trabajadora su permanencia activa y productiva en la sociedad del trabajo”, afirmó.

En los posicionamientos, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos (Encuentro Social) expuso que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo tienen lugar más de 1.2 millones de accidentes laborales y 160 millones de casos de enfermedades profesionales.

Indicó que en los últimos años el desarrollo industrial y tecnológico, así como las exposiciones a sustancias químicas, conllevan a nuestros agentes que afectan la salud y al incremento de accidentes laborales e incapacidades, “por lo que los patrones deben tomar las medidas de prevención correspondientes contra tales riesgos”.

Carlos Gutiérrez García, diputado de Nueva Alianza, señaló que es necesario adaptar a nuestro tiempo las leyes, reglas y normas que rigen a la sociedad, principalmente cuando se refiere a los derechos de los trabajadores y adelantó que presentarán una iniciativa para incluir el estrés laboral.

“Los derechos de los trabajadores son un aspecto fundamental del desarrollo, la confusión respecto a la autoridad facultada para la actualización de la tabla de enfermedades en la Ley Federal del Trabajo, tiene un impacto negativo en la calidad de vida de los empleados del país, es prioritario armonizar la ley y adaptar sus disposiciones en beneficio de los trabajadores”, afirmó.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Marbella Toledo Ibarra resaltó que este dictamen representa un paso para alcanzar la tan anhelada justicia social. Urgió a generar instrumentos normativos encaminados a alcanzar la dignidad humana, el bienestar y el desarrollo como seres humanos.

Se manifestó a favor de poner fin a la contradicción en materia de tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, con el fin de generar condiciones de trabajo adecuadas para que las personas puedan laborar con libertad y en condiciones de seguridad y dignidad.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (Morena) puntualizó que esta reforma pretende que sea el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la que expida estas tablas con aprobación de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, excluyendo al Poder Legislativo de la adecuación periódica de esos referentes, para que sean patrones, sindicatos charros y gobiernos, quienes decidan lo que es o no una enfermedad de trabajo.

“Nuevamente los trabajadores de este país van a sufrir una traición, porque van a quitar las tablas para reducirlo meramente a capricho de los sectores empresariales y de gobierno para dilapidar los derechos ya consagrados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo”, denunció.

Miguel Ángel Sedas Castro, diputado del PVEM, expresó que, de acuerdo a los datos del IMSS, las enfermedades de trabajo pasaron de 6 mil 664 en el 2016 a 8 mil 301 en el 2017, un aumento de un 30.4 por ciento.

Poco más de la mitad de estas enfermedades profesionales, precisó, corresponde a los estados de Quintana Roo, Baja California, Jalisco y Coahuila. En 2016, la tasa de enfermedades por cada 10 mil trabajadores era del 4.94. Actualmente se tienen identificadas más de 250 enfermedades del trabajo. Las más frecuentes son el cáncer, respiratorias, esqueléticas y de músculo.

El diputado Julio Saldaña Morán (PRD) manifestó que el dictamen es inconstitucional, y realmente no conduce a nada; mantiene el tema de la salud laboral en el mismo estado que tenía desde 1970, y refleja la inutilidad de la reforma laboral de 2012.

Recordó que su partido ha impulsado la actualización de las tablas de las enfermedades del trabajo. “Con el dictamen dejamos al trabajador en la incertidumbre, pues aunque la secretaría emita las nuevas tablas sigue quedando en la Ley Federal del Trabajo una y siempre existe la posibilidad de mantener en conflicto jurídico a los trabajadores”.

La diputada panista, Luz Argelia Paniagua Figueroa argumentó que esta reforma beneficia a las mujeres y hombres trabajadores de México en favor de su salud y bienestar, y hoy se otorga un mecanismo ágil, dinámico y permanente para la actualización del contenido de las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes.

A su modo de ver, es indudable que toda persona apta para el trabajo tenga la certeza de una oportunidad constante de laborar. “Quienes hayan cumplido su deber y tengan mermada o agotada por cualquier causa su capacidad de trabajar, deben seguir contando con las garantías necesarias para vivir dignamente y no dejar en desamparo a los suyos”.

Gabriel Casillas Zanatta, diputado del PRI, indicó que es obligación del Estado proteger a quienes laboran día con día, pues ellos, a través de su esfuerzo, constituyen la base de nuestra sociedad, y relató que ha disminuido la tasa de desocupación en 1.18 por ciento. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que en enero se incrementaron 83 mil 292 nuevos empleos formales, se trata la mejor cifra en la materia en casi 10 años, apuntó.

Hizo votos por legislar para que ningún trabajador mexicano ni sus familias estén desprotegidos ante las enfermedades de trabajo por incapacidades permanentes. “Debemos aprobar este dictamen, conscientes de que mucho más que actualizar una tabla estaremos brindándoles certeza y seguridad a los trabajadores mexicanos y a su familia”.

Al hablar en contra, la diputada Araceli Damián González (Morena) expresó que este dictamen “es una treta para reducir los derechos de los trabajadores”.

El diputado David Aguilar Robles (PRI) mencionó que este dictamen plantea un mecanismo ágil, dinámico y permanente para la actualización del contenido de las tablas de enfermedades de trabajo y la evaluación de las incapacidades permanentes, lo cual permitirá incluir y reconocer nuevos padecimientos de salud de corte laboral, conforme a los avances de la ciencia y las investigaciones de la medicina del trabajo.

Juan Romero Tenorio, diputado de Morena, precisó que esta reforma es una supuesta antinomia jurídica y una falacia. “Es una simulación y únicamente va a justificar la inequidad en juicios laborales, que se van a llevar ya no a través de las juntas, sino del nuevo sistema de justicia cotidiana, que también ha aprobado esta Cámara en demérito de los propios trabajadores”.

Previo a los posicionamientos, se rechazó una moción suspensiva del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (Morena), para devolver a la Comisión de Trabajo y Previsión Social el dictamen, pues “representa un golpe más a los derechos laborales y de salud. Atenta contra la vida de las y los trabajadores e implica que estas enfermedades sean solo una disposición administrativa, vulnerando el ejercicio de este derecho ganado históricamente”.

El dictamen tuvo 297 votos a favor, seis abstenciones y 84 en contra, y quedaron en términos del dictamen los artículos 513, 515, 515 Bis, segundo y tercero transitorios, que fueron reservados por diputados de Morena.

El dictamen, avalado en lo general y particular, fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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