• Se busca evitar riesgos para quienes habitan estos asentamientos irregulares: Corella Platt

• En seis años, creció 21.3 por ciento la superficie de suelo de conservación invadido en la Ciudad de México

07-11-2017.- La Cámara de Diputados aprobó, con 406 votos, el dictamen que establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) será la responsable de vigilar que no existan nuevos centros de población dentro de las áreas naturales protegidas de competencia federal.

El documento, que reforma el párrafo quinto del artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y adiciona una fracción VII al artículo 214 del Código Penal Federal, precisa que la Semarnat, con la concurrencia de entidades federativas y municipios, promoverá la participación social para llevar a cabo dicha vigilancia.

Se establece que el servidor público que, teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión de autorizar asentamientos, vigilar lugares, instalaciones u objetos, e incumpliendo su deber autorice, permita u ordene la fundación de nuevos centros de población en áreas naturales protegidas o el establecimiento de algún asentamiento humano irregular, comete el delito de ejercicio ilícito.

Al fundamentar el dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputada Susana Corella Platt (PRI), indicó que las áreas naturales protegidas deben conservarse en función del objeto de su creación y función biológica.

Agregó que no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población en esas zonas, pues los asentamientos humanos irregulares tienden a la carencia de servicios públicos y, en general, resultan generadores de condiciones de vida deplorables.

Se busca fortalecer los mecanismos que, desde un enfoque sustentable, logren mitigar “nuestra huella sobre el planeta y evitar riesgos para quienes habitan estos asentamientos irregulares y, considerando el choque de fenómenos naturales, vean perdido su patrimonio o su vida”, explicó.

Corella Platt puntualizó que con el dictamen se tendrá un robusto control y se inhibirá la corrupción de los servidores públicos. Además, se fortalecerá la participación social “en las decisiones que a veces, resultando unilaterales, tienen alcances que afectan en el largo plazo la estabilidad y equilibrio del desarrollo”.

El proponente de la iniciativa, diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM), expuso que el crecimiento exponencial de los asentamientos humanos irregulares en prácticamente todo el país debe considerarse como preocupante, pues la gran mayoría de ellos se ubica en zonas vulnerables a fenómenos climáticos, representando un importante riesgo de pérdidas humanas, económicas y de degradación ambiental de áreas con especial valor ecológico como cañadas y barrancas.

Según datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, tan solo en la Ciudad de México la superficie correspondiente a suelo de conservación invadida por asentamientos irregulares creció 21.3 por ciento en 6 años, durante el periodo comprendido de 2010 a 2016, apuntó.

Lamentó que estas invasiones se hayan convertido en un instrumento de lucro para los especuladores que, a través de la venta ilegal de predios, ya sea directamente o a través de intermediarios, pongan en riesgo a quienes tienen la esperanza de encontrar un lugar para construir un hogar.

“Dicha situación, además de representar una estafa para quien adquiere terrenos en asentamientos humanos irregulares, amenaza la conservación de los ecosistemas, pues propicia la pérdida de cobertura forestal y la diversidad biológica, provoca también la erosión del suelo y afecta los servicios ambientales como el suministro de agua, la regulación de la temperatura y la generación de oxígeno”, añadió.

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