23-11-2017.- El Pleno de la Cámara de Diputados exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que refuerce la protección de los usuarios de Uber y haga un llamado a la empresa para garantizar la salvaguarda y seguridad de la información de sus clientes en todas sus plataformas.

Mediante un punto de acuerdo, presentado por el diputado José Everardo López Córdova (PAN), también se llama al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para que oriente a los usuarios de Uber, con el fin de que puedan proteger sus datos personales, y exija a la empresa actualizar su aviso de privacidad y reforzar la seguridad cibernética.

Además, se exhorta a la Procuraduría General de la República (PGR) para iniciar una investigación de oficio por los probables delitos cibernéticos que se hayan cometido en contra de los clientes de la empresa de servicio de taxis.

López Córdova indicó que el pasado 21 de noviembre Uber dio a conocer que en octubre del 2016 fueron intervenidos, de manera cibernética, los datos de 57 millones de usuarios y siete millones de choferes en todo el mundo; dicha información, de acuerdo con la empresa, correspondía a nombres, correos electrónicos y números de teléfono de los usuarios, no así los datos sobre los trayectos realizados, números de tarjetas bancarias, de seguridad social y fechas de nacimiento de usuarios.

Aunque Uber ha implementado medidas de seguridad para restringir el acceso y fortalecer controles en cuentas de almacenamiento de datos, “preocupa que, ante la insistencia de los medios de comunicación para que diga si las cuentas mexicanas estuvieron involucradas en este robo de información, la respuesta ha sido que ni pueden aceptar ni negar la información”.

“La alarma es por la posibilidad de que los datos personales de los usuarios estén comprometidos. Esa es nuestra principal preocupación y lo que más debe importar es cuidar la privacidad de los usuarios y proteger sus cuentas bancarias para evitar robos masivos de dinero e identidad”, explicó.

La diputada Karina Sánchez Ruiz (NA) refirió que Uber cuenta con 230 mil socios conductores activos en el país, y la Ciudad de México es la segunda con más presencia de esa firma en el mundo. Estimó que el “hackeo” de los datos de su plataforma expone a miles de usuarios a ser víctimas de extorsión, robo de identidad o algún otro delito.

Añadió que si bien la empresa a nivel internacional ha eliminado el riesgo, “en México apenas está en proceso de notificar a las autoridades regulatorias y gubernamentales sobre estos hechos”, por lo que avaló la propuesta para que dichas instituciones tomen medidas para proteger a los usuarios de Uber, con el fin de garantizar su seguridad.

El diputado Jonadab Martínez García (MC) destacó la importancia del tema y puso en el círculo de la discusión la seguridad de los usuarios. “No puede ser que una plataforma de la magnitud de Uber tenga estos ataques y ponga en riesgo nombres, teléfonos, tarjetas de crédito, tipos de traslado, ubicación y horarios de clientes y choferes”.

Esto pone en evidencia la gravedad de la situación por la falta de regulación. Aunque en lo local todos los estados reglamentan estas plataformas, “no hemos sido congruentes, no hemos sido estrictos en el tema de normar su seguridad”, manifestó.

El diputado Mario Machuca Sánchez (PVEM) señaló que Uber tiene un millón 200 mil usuarios mexicanos que deben tener garantía física y cibernética de su información. Dijo que el robo de datos es una “violación masiva de seguridad”, que la compañía “encubrió por más de un año”.

Aunque, según la empresa, no existen indicios de que haya ocurrido algún fraude o uso indebido de la información, no puede ser motivo de consuelo. Se deben tomar medidas de protección de datos y otorgar certeza jurídica en relación a la información de las personas, sostuvo.

La diputada Guadalupe Hernández Correa (Morena), hizo una llamada de atención respecto a las deficiencias de la normatividad que debe regular el desempeño de empresas prestadoras de servicio y lo datos personales de sus clientes.

Declaró que la empresa violó el artículo 20 de la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares, por no informar inmediatamente a los afectados, y tampoco cumplió el compromiso de confidencialidad mencionado en el artículo 21 de la mencionada norma. Por ello, enfatizó, las autoridades deben investigar la magnitud del problema y sancionar el incumplimiento de la normatividad.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la próxima, que tendrá lugar el martes de 28 noviembre, a las 10:00 horas.

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