• México produce 117 mil toneladas diarias y 42.7 millones de toneladas anuales de desechos sólidos urbanos. La generación per cápita se calcula en 0.957 kilogramos por día

28-11-2017.- La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que establece la responsabilidad de alcaldes, regidores, presidentes municipales y autoridades de las entidades federativas, que en el marco de su competencia autoricen o permitan el funcionamiento de tiraderos a cielo abierto, y la operación de sitios de disposición final que no cumplan con la normatividad vigente aplicable.

Las reformas, avaladas en lo general, con 294 votos a favor, 46 en contra y 18 abstenciones, incluyen la facultad de la Federación de verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, e imponer sanciones y medidas que resulten aplicables en caso de incumplimiento.

Señala que las entidades federativas y el ayuntamiento, tendrán a su cargo la gestión integral de los residuos de manejo especial y la autorización de su manejo integral. Por ningún motivo se considera como manejo integral, depositarlos en tiraderos a cielo abierto o que no se realicen en cumplimiento estricto de las disposiciones normativas vigentes aplicables.

Se precisa que la responsabilidad de las autoridades de entidades federativas, será objetiva directa e incluso extensiva a colaboradores administrativos con cargo de decisión que hayan participado en las autorizaciones correspondientes, u omitan impedir el establecimiento de tiraderos a cielo abierto, para lo cual se atenderá a las leyes de responsabilidad penal, civil y administrativas que correspondan, considerando como conductas agravadas, las acciones u omisiones imputadas a funcionarios que autoricen o permitan la instalación y operación de los tiraderos respectivos.

También se define al Tiradero a Cielo Abierto como el sitio de disposición temporal o permanente de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que no cumple en su totalidad con la normatividad aplicable vigente.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Sandra Méndez Hernández (PRI), integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, refirió que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, México genera 117 mil toneladas diarias y 42.7 millones de toneladas anuales de residuos sólidos urbanos. La generación per cápita se calcula en 0.957 kilogramos por día.

Por ello, dijo, la Comisión consideró importante y urgente atender esta problemática que es patente e impacta de manera especial en nuestro país.

Sostuvo que no se puede omitir la posibilidad de fortalecer un ordenamiento legal que distribuya competencias y responsabilidades a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, para que cada uno ejecute acciones que impacten de manera positiva en la erradicación de la inadecuada gestión integral de los residuos sólidos, como uno de los factores más importantes que ponen en riesgo al medio ambiente y sus recursos naturales y en consecuencia a la salud humana.

La diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso (PVEM), promovente de la reforma, explicó que ésta busca transformar de modo integral el actual sistema de manejo de residuos sólidos urbanos, estableciendo regímenes de responsabilidad con obligaciones más claras para entidades federativas y municipios en cada fase del manejo integral de los residuos, así como responsabilidades de carácter penal, administrativo, civil e incluso patrimonial.

Con ello, agregó, además de robustecer el marco jurídico en la materia, se fortalece un régimen de supervisión ejecutiva derivado de la ley, “que sin duda contribuirá al mejor cumplimiento de las metas de saneamiento al ambiente”.

En tanto, el diputado Francisco Javier Pinto Torres (NA) estimó “incorrecto criminalizar a los servidores públicos cuando la Federación no aporta un solo peso para el manejo integral de la basura”. La definición de tiradero abierto que se plantea es inoperante, ya que “toda bolsa de basura en la calle es un tiradero abierto”.

Subrayó que este dictamen “está encaminado a la privatización de los servicios de limpia y recolección de basura, ya que los municipios se verán en la imposibilidad de dar manejo integral de los residuos sólidos como lo menciona la ley y este servicio se tendrá que subrogar a particulares; por consiguiente, el ciudadano pagará más impuestos”.

Del PRD, el diputado Juan Fernando Rubio Quiroz dijo que con esta reforma los alcaldes se convertirán en funcionarios que infringen la ley, por lo que su partido no acompañará este dictamen que “lacera a los municipios, vulnera a los presidentes municipales salientes y, también, a los funcionarios que entrarán en el próximo año”.

Estimó que para realmente garantizar el derecho constitucional a un medio ambiente sano, se debe trabajar de manera coordinada y conjunta. “No acompañaremos esta reforma y no vamos a criminalizar”.

Con 267 votos a favor, 94 en contra y dos abstenciones, se aprobaron, en términos del dictamen, los artículos 7 y cuarto Transitorio, reservados por los diputados Juan Fernando Rubio Quiroz (PRD) y María Chávez García (Morena).

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