10-10-2017.- El Pleno cameral aprobó con 411 votos a favor y 5 abstenciones, el dictamen que establece que la política ambiental nacional deberá estar apegada a los criterios generales establecidos en los tratados internacionales suscritos en la materia por el Estado mexicano para la protección del ambiente, los recursos naturales, los conocimientos tradicionales asociados a éstos y las comunidades del país.

El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, que reforma y adiciona los artículos 15 y 16 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, garantiza el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, a la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

También adiciona como principio de la política ambiental, el causar la menor afectación posible a las personas que vivan o trabajen en el área, buscando no perturbar su modo de vida y fuente de empleo; además, el Estado buscará mitigar las afectaciones causadas a través de la capacitación para el empleo y la aplicación de programas sociales.

El dictamen argumenta que la protección del ambiente es esencial para la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras; el reto radica en combinarla con un crecimiento económico continuado de manera sostenible a largo plazo.

Resalta que la política ambiental se funda en la creencia de que unas normas ambientales rigurosas estimulan las oportunidades de innovación y negocio. Además, existe una estrecha interrelación entre las políticas económicas, sociales y medioambientales.

Al fundamentar el documento por parte de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela (PRI) calificó como necesario que las leyes secundarias se encuentren armonizadas con respecto al contenido de dichos tratados, a fin de regular las conductas humanas que pueden influir en los procesos de interacción entre los sistemas de los organismos vivos y el aprovechamiento de los recursos naturales de sus ecosistemas.

Las políticas públicas, resaltó, además de ajustarse a los lineamientos del orden jurídico nacional, deben observar e implementar los criterios de orden internacional en la materia ambiental, con el fin de cumplir las medidas de protección y de cuidado de los ecosistemas y recursos naturales del país, sin olvidar las comunidades que ahí habitan.

Relató que en la legislación actual de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dentro del capítulo de la Política Ambiental, no existe ninguna disposición que mencione a los tratados internacionales, en lo general o en lo particular, como ejes rectores para la elaboración de política ambiental.

Por ello, Gárate Valenzuela se manifestó por establecer criterios jurídicos que sean vinculantes para el cumplimiento de los acuerdos internacionales y así garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido en la Constitución Política y en los tratados internacionales.

El diputado promovente, José Antonio Estefan Garfias (PRD), indicó que con esta reforma se reivindican los derechos de las comunidades indígenas y argumentó que la materia ambiental debe significar unos de los principales temas de discusión de esta cámara, pues “la naturaleza nos ha demostrado en los últimos días las consecuencias de un desastre natural que puede tener en nuestra vida diaria y patrimonio”.

Lamentó que la actual Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, no incluye como elementos rectores de la planeación de la política ambiental, los principios internacionales de planificación para el aprovechamiento, cuidado y uso de los recursos naturales y de protección del medio ambiente, pues tal situación genera una falta de especificidad y congruencia con lo establecido en la Constitución.

México, recordó, ha suscrito diversos tratados internacionales en materia ambiental para la protección de ecosistemas que existen en el planeta mediante una participación y colaboración de la mayoría de los integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, “organismo que realiza esfuerzos en conjunto para combatir todas aquellas prácticas humanas que destruyen y afectan los recursos naturales del planeta”.

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